SEMANA: ¿Por qué crear una subcomisión para analizar la reforma a la salud?
Julia Miranda: La subcomisión resulta de una conversación entre congresistas de partidos de oposición, partidos de gobierno e independientes, en la que hablamos de atender el oportuno llamado del presidente Petro a hacer acuerdos nacionales sobre los temas importantes para el país. Este sin duda es un tema crucial y, además, todos coincidimos en que se deben reformar algunas cosas de nuestro sistema de salud, que sin duda es muy bueno, pero que requiere ajustes y cambios. Pero también coincidimos en que no estamos de acuerdo con la ponencia presentada. Lograr un texto acordado sería una gran oportunidad para sacar adelante la reforma a la salud que necesita Colombia.
SEMANA: ¿Qué le responde a los que han dicho que se trata de una “jugadita”?
Julia Miranda: Que están equivocados. La proposición fue presentada de buena fe con el propósito que he mencionado: contribuir a que el texto del proyecto nos deje tranquilos a todos y se pueda sacar adelante la reforma.
SEMANA: ¿Los congresistas del Pacto Histórico estaban informados de su propuesta?
Julia Miranda: La propuesta se presentó a la plenaria, se leyó, y fue aprobada por unanimidad. Por supuesto, los representantes del Pacto estaban presentes.
SEMANA: ¿Cuánto tiempo puede tomar la comisión accidental?
Julia Miranda: Yo creo que la subcomisión puede avanzar rápidamente porque en estos meses de debate se han hecho análisis y diagnósticos y están claros y decantados los temas que deben ir en la reforma.
SEMANA: Esta subcomisión nace justamente cuando las más grandes EPS del país aseguran que financieramente están en crisis y que si las cosas siguen así, el oxígeno se les acaba en septiembre. ¿Cómo ve esa alerta?
Julia Miranda: La reforma va mucho más allá de las EPS y sus problemas. El tema financiero está siendo atendido ya por el Gobierno.
SEMANA: ¿Usted está de acuerdo con el modelo que propone el Gobierno de eliminar las EPS?
Julia Miranda: El Gobierno ha dicho reiteradamente que no está proponiendo eliminar las EPS. Lo importante será definir el rol que ellas deben cumplir y la forma en que deben hacerlo.
SEMANA: ¿Qué piensa de que el Gobierno pague directamente a los hospitales, como lo propone la reforma?
Julia Miranda: Según los expertos, esta es una propuesta sensata.
SEMANA: Uno de los puntos más polémicos en el trámite legislativo fue que la ministra Carolina Corcho insistió en que la ley fuera ordinaria, pese a que muchos expertos sostienen que debe ser estatutaria. ¿Cree que esta ley es inconstitucional por este motivo?
Julia Miranda: Yo siempre he pensado y dicho desde el comienzo que, por las disposiciones que tiene el proyecto, que son de naturaleza estructural, su trámite debe darse por la vía de una ley estatutaria. Por lo dicho, el actual proyecto sería inconstitucional. Subsanar esos defectos debe ser lo que se logre por la vía del diálogo y la concertación propuestos.
SEMANA: ¿Cuál va a ser su posición en los debates que vienen?
Julia Miranda: Mi posición va a ser la de contribuir a que por esas vías del diálogo y la concertación logremos sacar adelante una buena reforma a la salud. La subcomisión es una gran oportunidad para demostrar que se puede lograr un acuerdo nacional en un tema que es del mayor interés de todos los colombianos.
El desastre de la Adres: estas son las polémicas que acumula la entidad y que han favorecido a la crisis del sistema de salud
La entidad que se encarga de girar los recursos a las EPS estaría teniendo varios problemas. Aunque el presidente Petro ha planteado darle más poder con la reforma a la salud, los expertos consideran que eso podría hacer fracasar el sistema.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) es la entidad encargada de girar parte de los recursos a las EPS por los servicios que prestan los hospitales y clínicas del país. Es prácticamente la tesorera del sistema de salud en Colombia. En el Gobierno Petro ha tomado relevancia porque su gestión ha estado envuelta en polémicas.
La Adres gira los recursos de las UPC (unidad de pago por capitación) a las EPS, es decir, el valor anual del costo de cada uno de los afiliados al sistema de salud, bien sea en el régimen contributivo o subsidiado.
El médico Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Rasa y vocero de Pacientes Colombia, le dijo a SEMANA que ese pago que se hace de manera anticipada se viene cumpliendo, sin embargo, está sujeto a un presupuesto nacional y estaría siendo insuficiente, según han reclamado las EPS y otros actores del sistema. El problema es que ese rezago ha ido creciendo.
Otro monto que maneja la Adres, que estaría relacionado con la crisis de salud que está viviendo el país, es que los presupuestos máximos no contenidos en el plan de beneficios, es decir, las enfermedades no cubiertas por este seguro, tienen un retraso de dos meses. Allí es donde más recursos se usan en el sistema de salud, lo que estaría desfinanciando al sistema. “Eso es un dineral para un flujo de caja de una prestación de servicios”, alertó Campillo.
Una de las principales problemáticas que estaría presentando la Adres con los recursos de la salud está relacionada con la reducción del precio del Soat que anunció Petro en diciembre, en el que se disminuyó en un 50 por ciento las tarifas para motos pequeñas y otros vehículos. Ese hueco fiscal se está evidenciando en el sistema de salud. El tema es que esos dineros para casos de accidentes de tránsito no están alcanzando para cubrir los seguros de salud requeridos, lo que lleva a un desfinanciamiento del sistema.
“En lugar de los 13 millones de pesos de atención de Soat por individuo, ahora tenemos entre 7 y 8 millones, que ahora están a cargo de las EPS, ya no del Soat sino del sistema de salud. Le metimos una presión adicional”, aseguró Campillo.
El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, hizo una denuncia similar. Aseguró que una de las funciones de la Adres son las auditorías que debe hacer en casos de vehículos ‘fantasma’ o sin Soat. El congresista denunció que le respondieron de la entidad que han disminuido de 56.000 que se hacían a julio de 2022 a 5 a junio de 2023. Eso estaría afectando a clínicas y hospitales directamente en sus ingresos. “En términos de lo aprobado para pagar, es más o menos que de 52.000 millones de pesos en junio de 2022, que se aprobaron para las IPS, bajó a 8 millones de pesos en el año 2023 en junio”, aseguró el congresista.
¿Cuál es la responsabilidad del presidente de la Adres, Félix León Martínez, en todo este caso? Para Campillo, simplemente está cumpliendo objetivamente con su trabajo técnico dentro de la entidad, aunque reconoce que hay falencias que vienen de gobiernos anteriores y que no se han solucionado. Dice que se trata de un tema estructural de la entidad que esta administración no ha resuelto.
Por su parte, Forero considera que León está dedicado a “demoler” el sistema de salud actual en distintos espacios y se está olvidando de administrar, lo que está arrojando los malos resultados.
La Adres ha ganado popularidad recientemente por el debate de la reforma a la salud del Gobierno. Aunque esta semana se anunció un acuerdo nacional para ajustar la reforma a consideración de todos los sectores, en la propuesta que planteaba el Gobierno se le quería dar más poder y plata a la entidad para quitarle funciones a las EPS, lo que para muchos sería irresponsable en este momento.
Campillo considera que el ajuste que propone el Gobierno no es necesario, porque ese rol de aseguramiento lo cumplen las EPS y la Adres no tendría esa capacidad. “La pregunta es, ¿necesitamos que la Adres haga eso, sabiendo que ya las EPS lo hacen? Para desbaratar lo que ya está funcionando”, dijo.
Por su parte, Forero cree que la iniciativa del Gobierno era contradictoria y por eso espera que en el acuerdo nacional del Congreso se logre darle responsabilidades aterrizadas a la realidad a la Adres. “Espero que sea más razonable el papel y protagonismo que vaya a tener la Adres con la reforma”, aseguró.