En medio del debate de la reforma a la salud que se discute en el Congreso, asociaciones de pacientes con enfermedades crónicas aseguraron que no están de acuerdo con un artículo del proyecto de ley que abriría la puerta a que se pueda ver afectada la continuidad de sus tratamientos.
Diversas organizaciones de pacientes y usuarios consideran que el artículo 54 del proyecto de ley obliga a las gestoras de salud y vida, el nuevo nombre de las EPS, a preservar el manejo de estos pacientes durante al menos seis meses luego de la transformación que se propone.
Para Nancy Maldonado, presidenta de la Asociación de Usuarios de Compensar (Asucom), se trata de una contradicción prometer que habrá continuidad en el tratamiento cuando se plantea un lapso determinado.
“Esto genera mucha intranquilidad a usuarios y pacientes. Por eso pedimos a los representantes que se pongan en los zapatos de las personas que están recibiendo tratamientos. Cuando el manejo que se da a los usuarios da resultados, no se les puede obligar a cambiar de prestador”, aseguró Maldonado.
Por su parte, Denis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia, afirmó que si la reforma propone eliminar las barreras de acceso para los pacientes y usuarios, no tiene sentido que se desestime la continuidad de los programas especializados.
Y que estos programas especializados actualmente cuentan con un talento humano capacitado para atender a esa población sin que sean interrumpida la continuidad de los tratamientos.
Gustavo Campillo, director de la Fundación RASA, una organización que representa a los pacientes del sistema de salud, fue otro de los que manifestó que queja con ese artículo. Considera que con lo que plantea la reforma se está retrocediendo. “La curva de aprendizaje adquirida por los programas especializados debe evolucionar hacia redes integradas e integrales de patologías crónicas, de alto costo y huérfanas”, afirmó.
Una de las grandes alertas de las asociaciones médicas es que estos centros especializados no podrán ser reemplazados por los centros de atención primaria en salud (CAPS) que propone el Gobierno. Así como tampoco por las clínicas u hospitales que atienden urgencias.
Consideran que los CAPS estarán destinados a brindar una atención básica, y aunque no discuten ese propósito, encuentran inconvenientes en que se puedan delegar esas funciones y causar mayor complejidad para acceder a tratamientos de enfermedades complejas.
También señalan que los CAPS no tendrían el suficiente criterio para determinar cuando se debería remitir a un especialista o cuando se requiere un equipo interdisciplinario como actualmente se ofrece en estos centros especializados.
Lo que se quiere mantener por parte de estas asociaciones son los centros especializados, que son instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) creadas para la atención de enfermedades crónicas y de alto costo, como diabetes, enfermedad renal, artritis, psoriasis, esclerosis múltiple, cáncer, hemofilia y trastornos mentales, entre otras y que consideran que con la reforma se podrían acabar.
El propósito de estos centros especializados es prestar atención continua e integral a partir de rutas ya establecidas para las distintas enfermedades. Los programas implementados por estas instituciones incluyen desde educación y control de la enfermedad, hasta tratamiento farmacológico que es brindado por el mismo prestador.
Desde el sector aseguran que la evidencia científica ha demostrado que este tipo de manejo ha logrado reducir la mortalidad, las hospitalizaciones y la discapacidad.
Por ahora, el debate de la reforma a la salud continúa siendo discutido en la plenaria de la Cámara de Representantes. Este jueves, se votaron algunos impedimentos de los congresistas, pero el Gobierno no la tiene fácil para sacar el proyecto adelante, ya que hay varias bancadas que se han opuesto a la iniciativa.
Además, la oposición de Cambio Radical y el Centro Democrático presentaron una ponencia de archivo que deberá ser discutida.