Apesar de que fue aprobada en primer debate esta semana, a la controvertida reforma a la salud del Gobierno Petro le espera una cascada de demandas. SEMANA supo de acciones legales que se presentarán para tumbar la iniciativa. Dichas acciones se radicarán en distintos frentes y alertarán sobre vicios de forma y fondo de un proyecto que, a juicio de los críticos, amenaza la salud de los colombianos.
Las demandas serán presentadas con tres argumentos. El primero es que la reforma se tramitó como una ley ordinaria, cuando hay argumentos sólidos de que se trata de una ley estatutaria. El segundo hace referencia a los vicios de trámite durante el debate, y el tercero se enfoca en cómo el proyecto afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Sobre si se trata o no de una ley estatutaria, habrá que esperar a que la reforma sea finalmente aprobada para presentar un recurso ante la Corte Constitucional. Allí se podría caer el proyecto del Gobierno.
El senador Humberto de la Calle ha insistido en que el trámite de esa reforma se debió haber hecho a través de las comisiones primeras del Congreso y no de las séptimas, como sucedió. “Es una ley estatutaria. Eso puede significar que la Corte la tumbe. Muchas personas van a promover litigios”, le dijo el senador a SEMANA.
Otro congresista que ha insistido en ese vicio de trámite es Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal. La demanda llegará apenas se surtan los debates que se avecinan. “Lo haremos cuando quede ejecutoriada como ley. Si la ley termina con artículos constitucionales sobre derechos y no sobre procedimientos, tendríamos que hacerlo porque eso es competencia de la Comisión Primera”, aseguró Chacón. Cuando se trata de una ley estatutaria, en el Congreso se requiere de mayorías absolutas. Con la ley ordinaria no.
El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, considera que ha habido irregularidades en la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, presidida por el congresista Agmeth Escaf, del Pacto Histórico. Forero reclamará falta de claridad frente a lo que se votó. Alega que, en medio de los debates, se presentaron distintos documentos que confundieron a los congresistas y eso pudo haber inducido a errores. Advierte que hubo desorden en la discusión. “Es rarísimo lo que hicieron”, explicó.
Forero agregó que Escaf “violó” el artículo 97 de la Ley 5 que rige al Congreso y advirtió que solo les dieron entre dos y tres minutos para referirse a las ponencias, cuando deberían ser hasta 20 minutos, especialmente cuando son temas delicados como la salud.
Asimismo, el representante reclamará porque en una discusión, según él, Escaf levantó “abruptamente” una votación sin la debida justificación. “Ahí también se puede haber presentado una violación del artículo 132”, afirmó Forero. Dice que eso se repitió en la sesión en la que fue aprobado el proyecto en primer debate. “Ahí fue evidente que estaba haciendo cuentas de votos y eso también lo vamos a demandar”, señaló.
Por otro lado, considera que hay artículos, como el 76, que, en medio de la discusión, Escaf afirmó que no tenían modificación. Sin embargo, cuando Forero le preguntó cuál era el texto para la votación, no coincidía con el presentado por la subcomisión, es decir, que había sufrido modificaciones. “Eso quedó en evidencia. Varios representantes, a veces, no sabían qué estaban votando”, afirmó Forero.
El congresista también reclamará que hubo varias proposiciones que no fueron leídas. Él dejó constancia en tres ocasiones de ese supuesto vicio de trámite. Todos esos reclamos del congresista serán llevados ante la Corte Constitucional, en caso de que la reforma salga adelante.
SEMANA conoció que prestigiosos abogados del país están alistando las demandas. Uno de ellos es el constitucionalista Juan Manuel Charry. “Sí, he pensado en esa posibilidad”, aseguró el abogado.
Se dice que la Corte Constitucional podría estrenar una figura que anunció recientemente en la que puede suspender las leyes que están siendo objeto de control constitucional, con el objetivo de evitar afectaciones mientras se hace esa revisión.
Ese proceso podría durar entre nueve meses y un año. En teoría es sencillo, pero tiene un trasfondo importante. Según Charry, de unas 100 demandas que se presentan, 25 por ciento prosperan. Además, ha habido casos en los que el Congreso aprueba una ley y los magistrados la tumban. Charry considera que en contra de la reforma a la salud podrían llegar a la Corte más de 20 demandas de distintos sectores, entre ellas de pacientes, EPS, líderes políticos, entre otros.
Asimismo, hay una tutela ante el Consejo de Estado contra la reforma a la salud por falta de una consulta previa a la comunidad indígena yukpa, que habita en la Serranía del Perijá, en el Cesar. Por ahora es la única comunidad que ha presentado un recurso en contra del proyecto de ley.
El proceso ya fue admitido y está siendo objeto de revisión por el Consejo de Estado, aunque el alto tribunal desestimó frenar la discusión del proyecto, por ahora. La defensa de los indígenas considera que hay cuatro instancias, más una internacional, en las que esperan que les fallen a favor. Si en primera y segunda instancia no les dan la razón, solicitarán revisión de la Corte Constitucional y luego recurrirán a una acción de inconstitucionalidad. Si no es resuelta a su favor, irán a Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a solicitar medidas cautelares en contra del proyecto.
A todo ese panorama se le suman varias acciones del excandidato presidencial Enrique Gómez, quien ya logró bloquear un debate de la Comisión Séptima de la Cámara con una recusación que presentó. Al día siguiente radicó una nueva recusación que fue desestimada por Escaf, por lo que considera que no se hizo el trámite correspondiente. En el primer documento solicitó conocer qué congresistas tenían planes complementarios de salud; en el segundo, denunció un supuesto cohecho impropio, por un supuesto chantaje del Gobierno de quitarles la representatividad a los partidos que no respaldaran el proyecto.
Gómez también reclamará por la votación que logró la ponencia positiva. Considera que, como se trata de una ley estatutaria, necesitaba de mayoría absoluta. Fue aprobada con diez votos de los 21 congresistas que forman parte de esa comisión. En ese momento votaron 18.
El líder de Salvación Nacional también presentó una recusación formal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante la Presidencia. Reclama que el funcionario debió declararse impedido para el cargo porque su esposa es directiva de la Superintendencia de Salud. Gómez cuestiona que eso vició el trámite de los artículos relacionados con los alcances de la Supersalud. “Vamos a seguir haciéndole control en las plenarias”, aseguró el excandidato presidencial.
Aunque varios consideran que se deberá esperar el trámite que surta el proyecto de ley y que en ese tránsito podría sufrir varias modificaciones, los abogados y distintos sectores políticos tienen listas las demandas en las que argumentan irregularidades en el trámite, afectación de derechos fundamentales, entre otros argumentos, que podrían dañarle la celebración al Gobierno si llega a ser aprobada la reforma a la salud.