A pesar de que inicialmente había sido puesta en el orden del día de la plenaria de la Cámara de Representantes para ser discutida este viernes, 16 de junio, el proyecto de reforma a la salud quedó aplazado para un próximo debate.
La mesa directiva de la Cámara de Representantes, a cargo de David Racero, decidió posponer la discusión y darle prioridad al Código Electoral, que por tratarse de una ley estatutaria no puede ser discutida en sesiones extraordinarias que comenzarán después del 20 de junio.
La reforma a la salud sigue sin tener los apoyos suficientes y por eso no ha se ha dado el segundo debate. El proyecto del Gobierno ya logró pasar en la Comisión Séptima de la Cámara luego de un largo tire y afloje entre la oposición y el petrismo. A pesar de eso, desde el Centro Democrático han reclamado que se han presentado algunos vicios de trámite y que por eso, si es aprobada, será demandada ante la Corte Constitucional para que el alto tribunal la revise.
Aunque la reforma a la salud fue una de las que primero presentó el Gobierno de las denominadas “reformas sociales”, lo cierto es que hoy parece ser la que menos avanza. En comparación a esta propuesta, esta semana fue aprobada la reforma pensional en su primer debate y la laboral tuvo ponencia positiva para comenzar a ser discutida. En todo caso, la del trabajo tampoco tendría los suficientes apoyos.
Al Gobierno le favorece que por tratarse de una ley ordinaria -como fue presentada- podrá ser discutida el próximo semestre, a pesar que desde el Ejecutivo saben que será más difícil aprobarla, ya que el país y los políticos estarán en medio del proceso electoral de los comicios regionales.
Sobre lo que contempla el proyecto, se destaca que se le cambiará el nombre a las EPS por gestoras de salud y vida y se les quitarán algunas funciones que pasarán a ser de la Adres, la entidad estatal que con la reforma tendría más poder e ingresos, lo que algunos han cuestionado que podría llevar a mayor burocracia y corrupción en la salud.
Esa entidad, a su vez, tendrá que pagar esas cuentas de la siguiente forma: el 80% del valor lo girará dentro de los 30 días siguientes a la radicación y el 20% restante se girará después de que se ejecute un proceso de revisión y auditoría.
En el debate de la Comisión Séptima eso fue criticado por el representante Germán Rozo, del Partido Liberal, quien dudó de que en esos 30 días la Adres tenga la capacidad de cumplir con los pagos de las cuentas. Esa misma queja la planteó el representante Andrés Forero, del Centro Democrático.
“Cuando no son capaces de hacerse cargo de estas prestaciones en materia pequeña, no van a ser capaces de hacerlo en las atenciones del sistema (...) se va a repetir lo que ya pasó con los seguros sociales de este país”, afirmó el congresista.
Igualmente, se crearán los Centros de Atención Primaria (CAPS) en los que está basada la reforma y que brindarían atenciones básicas en distintas partes del país. Esto tiene el objetivo, según el Gobierno, de llegar a partes de Colombia donde no hay el debido servicio de salud. Sin embargo, otros sectores han reclamado que eso garantizaría la efectividad del sistema y que podría incidir en otros servicios más especializados, generando trabas y complejidades que hoy sirven en el sistema actual.
“La reforma plantea que el Estado va a asumir el trabajo que hoy hacen las EPS, pero el Estado no tiene las capacidades para ejecutar esa labor”, cuestionó el exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria.
Otra de las críticas que se ha hecho a la reforma a la salud es la atención de enfermedades graves que podrían quedar descuidadas con el nuevo modelo. Esta es una queja que han sustentado los gremios de la salud.
Por ahora, se espera que se pueda dar el segundo debate y seguir modificando lo que planteó en un inicio la exministra de Salud Carolina Corcho. Sin embargo, por ahora es incierto el futuro del proyecto.