El texto de la reforma a los servicios públicos está próximo a aterrizar en el Congreso de la República. El Ministerio de Minas y Energía, en un trabajo mancomunado con la Superintendencia de Servicios Públicos, ya tiene listo un borrador de ese proyecto de ley que será radicado en el Poder Legislativo.
El documento entrará a engrosar el catálogo de reformas que están en trámite, como el de la salud, la laboral, la pensional y la de educación, y este busca renovar los parámetros en la prestación de los servicios públicos que han estado presentes desde 1994, con la más reciente normativa que reguló ese asunto.
La reforma había sido anunciada por el propio presidente Gustavo Petro desde septiembre de 2023, pero su contenido seguía en construcción en medio de una congestionada agenda legislativa.
A juicio del mandatario, ese sector debe renovarse porque en el pasado “pusieron en un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle”, según dijo para entonces durante una jornada de movilizaciones que aprovechó para comunicar la presentación de ese articulado.
Pues bien, en pleno reinicio de la agenda legislativa ya se conocieron algunos de los pormenores que tendrá ese proyecto de ley, como que el presidente Petro tendrá superpoderes para liderar ese sistema.
Los detalles preliminares de la reforma fueron presentados por Portafolio. En ese texto se plantea que la regulación de los servicios públicos podría quedar a cargo del jefe de Estado, al que le da potestad de asumir facultades que hasta entonces habían estado a cargo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Asimismo, ese medio dio a conocer que este proyecto de ley refuerza las facultades de la Superintendencia de Servicios Públicos para ejercer acciones de vigilancia y control de las compañías que sirven como prestadoras de esos servicios.
A partir de ese proyecto de ley se crearía un régimen solidario con el que las tarifas a pagar por los servicios no se determinarían solo con la ubicación de la propiedad y el consumo, sino también la capacidad de pago de los usuarios. Los cambios en las tarifas también podrían ser aplicados por los municipios.
La propuesta de reforma a los servicios públicos modifica la cantidad de años en experiencia técnica requeridos para presidir la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) de seis a tres años y le añade dos nuevos integrantes a la Creg, uno nombrado por el presidente y el otro como un representante de la academia.
Los detalles del articulado presentados por Portafolio también contemplan la creación de un nuevo asiento dentro de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) que sería ocupado por un delegado de la academia.
Asimismo, a partir de ese proyecto de ley se crearían empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliario y se abre la puerta a la creación de nuevos prestadores de servicios que sean de carácter público privados.
Además, uno de los principales componentes de ese documento es la creación de un mínimo vital de los servicios de acueducto, gas y energía, con el objetivo de que todas las personas puedan acceder a esas condiciones de vida sin importar su capacidad adquisitiva.
Otro de sus componentes es el establecimiento de comunidades energéticas que serán planteadas en una alianza entre los ministerios de Minas y Energía y el de Vivienda. El presidente Petro ya ha hablado de la creación de comunidades energéticas para zonas como La Guajira, donde algunos ciudadanos viven en condiciones de desconexión a la red eléctrica.