El gobierno del presidente Gustavo Petro tiene 27 días de infarto para aprobar en cuarto debate la reforma pensional que salió bien librada este jueves 23 de mayo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
El escenario no es tan sencillo como parece. Aunque la Comisión le sonrió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y le aprobó en tercer debate la iniciativa en menos de cuatro días, en la plenaria el escenario es distinto.
Más cuando el tiempo no juega a favor de la Casa de Nariño. Y mucho más cuando los escándalos por corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo parecen cercar al anillo más próximo del Gobierno nacional.
Este jueves 24 de mayo, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, le reveló a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, que se pagaron 4.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara, Andrés Calle, para que empujaran las reformas de Petro en el Congreso. Él ratificó la denuncia que había hecho el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.
Como si fuera poco, salpicó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Aunque no entregó las pruebas, le anunció al país que las tiene y que, según él, confirman su responsabilidad en los hechos de corrupción de la UNGRD.
Velasco lo llamó “ladrón” y dijo que espera que concrete sus acusaciones “pues lo enfrentaré judicialmente. Quien se preste para hacerme un montaje con mentiras, deberá responder ante los jueces”.
Aunque Velasco insiste en su inocencia, las declaraciones de López enrarecen el ambiente político y dejan a más de un congresista pensando. Al fin y al cabo, el exdirectivo de la entidad ha dejado claro que encendería el ventilador ante la Fiscalía y hablaría de, al menos, 15 representantes y senadores que habrían recibido coimas a cambio de apoyar las reformas.
De hecho, ese será el tema principal que, al menos de entrada, generará un desgaste al interior de la plenaria porque la oposición y sectores independientes al Gobierno están dispuestos a adoptar todo tipo de estrategias con tal de hundir la reforma pensional que tiene que estar aprobada el próximo 20 de junio o naufraga por falta de trámite.
El proyecto de reforma para cuarto debate llegará a la plenaria de la Cámara este viernes 24 de mayo porque el Gobierno no quiere perder tiempo. Y el próximo lunes, lo más probable, es que radiquen ponencia positiva. Sin embargo, ocho días después (luego del 4 de junio) iniciará su discusión.
Ahí, la plenaria de la Cámara tendrá 15 días para debatir y aprobar. ¿Lo conseguirá el Gobierno? El problema es que la Cámara de Representantes tendrá agendado el debate de moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debates de oposición que son de ley, la elección del Contralor General y como si fuera poco, dos festivos, el 3 y 10 de junio. Eso, sin duda, le quita días al debate de la reforma pensional.
Además, tendrán que resolverse las recusaciones, entre ellas, las del presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien lo más probable es que no pueda presidir el Congreso. Igualmente, la de Wadith Manzur y Juan Loreto Gómez, ambos congresistas del Partido Conservador salpicados por Olmedo López en el escándalo de la UNGRD.
Solo hasta el 20 de junio el país sabrá si la Cámara de Representantes sigue entregada a los brazos del Gobierno y aprueba la reforma pensional, pese a todos los escándalos de presunta corrupción. O si al contrario, hunden la iniciativa.