Un proyecto prioritario para la bancada de Gobierno en el Congreso es la aprobación de una reforma política que cambie la forma en la que operan las elecciones legislativas. Tan urgente que podría ser una de las metas de los primeros meses de la administración de Gustavo Petro. Esta propuesta, que sería tramitada en este semestre, podría acabar con las elecciones como las conocemos. Se eliminaría el voto preferente para el Congreso y se les quitaría a los colombianos la libertad de escoger individualmente a sus senadores y representantes. Se votaría por una lista cerrada.
La iniciativa nace del punto número dos del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, en el cual se habla sobre la participación política como una “apertura democrática para construir la paz”. Desde ese momento se busca que se fortalezca el rol de los partidos, que presenten solo listas cerradas y paritarias, que se cree una corte electoral independiente y se logren medidas para garantizar la transparencia de la financiación.
En 2017, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se presentó el proyecto de acto legislativo para lograr la reforma política, acorde a lo pactado en La Habana. Sin embargo, se hundió por haberse planteado en vísperas de las elecciones de 2018, dado que la bancada de Gobierno priorizó otros puntos más urgentes del acuerdo de paz.
La necesidad de la reforma política aumentó cuando varios de sus puntos se incluyeron en el Estatuto de la Oposición, también resultado del acuerdo de paz. Ahora, después de cuatro años de olvido, se posiciona como uno de los trámites urgentes del gobierno de Petro.
La Misión de Observación Electoral (MOE), que participa en la elaboración técnica del proyecto, plantea una reforma más compleja y completa, la cual daría paso a partidos políticos superpoderosos y candidatos más escuálidos en comparación. La recomendación de la MOE contempla varias reformas constitucionales y leyes estatutarias que, entre otras cosas, rediseñarían las instituciones electorales y reformarían el sistema de partidos vigente.
En conversación con SEMANA, Alejandra Barrios, directora de la MOE, detalló la esencia de la reforma urgente y lo que se está construyendo junto a la bancada de Gobierno. En primer lugar, aseguró que su propuesta radica en dos reformas políticas.
La primera, según informó, sería acabar con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y hacer ajustes a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
“Fortalecer la Registraduría con un cuerpo colegiado, que sería la Comisión Electoral Colombiana. Un cuerpo no partidista, el que tenemos es partidista. Además, avanzar hacia una Corte Electoral, que es un escenario que da seguridad jurídica a los partidos”, detalló.
Además, planteó la reforma política anticorrupción, la cual modificará las organizaciones políticas para mejorar la democracia interna y la transparencia de la financiación de las campañas. “Que tengan mecanismos internos para la toma de decisiones y la conformación de las listas porque es importante avanzar hacia las listas cerradas con alternancia entre hombres y mujeres. Es la medida más efectiva para luchar contra la corrupción, que es la relación entre la ilegalidad política y la financiación de las campañas”, agregó Barrios.
Muchas dudas surgen alrededor de las nuevas capacidades de los partidos, debilitados por la falta de legitimidad de los mismos. Los candidatos, quienes independientemente podrían tener oportunidad de resaltar y lograr una curul, estarán sujetos a una lista creada por medio de una democracia interna que también plantea dudas.
¿La tiranía de los partidos?
Por medio del Acto Legislativo 01 de 2003, en Colombia comenzó a funcionar el voto preferente para las elecciones legislativas. Antes solo había listas cerradas y bloqueadas, en las que el elector solo tenía la posibilidad de escoger un partido político. Este mecanismo, el cual obligaba a las colectividades a presentar una baraja ordenada, se considera un atributo propio del sistema bipartidista. Sin eliminar la lista cerrada y bloqueada, con esa reforma constitucional se permitió que cada partido pudiera decidir por listas abiertas para mejorar la representación plural en el Congreso.
Ahora, de aprobarse la reforma política, los partidos deberán decidir quiénes los representarán en el Congreso de la República por medio de enumerar a sus candidatos del 1 al 100 y del 101 al 118. Con el actual estado de la democracia interna en los partidos, regidos por grupos de poder arraigados, podría significar órganos legislativos con menos renovación y menores oportunidades de lograr una curul para los outsiders.
Barrios reconoce que los partidos, hoy por hoy, no están en capacidad de enfrentar ese reto: “Hoy no existen organizaciones políticas conectadas con la ciudadanía y que internamente sean democráticas”.
A pesar de que acepta que este riesgo es uno de los “miedos” de cara a la reforma, recalcó que no existe un sistema claro y efectivo para controlar el financiamiento de las campañas políticas.
“Cerrando las listas y haciendo una financiación anticipada, evita que la gran cantidad de recursos ilícitos e ilegales con los que se financian las campañas políticas entren. Es el partido político el responsable de hacer el manejo de las finanzas y los recursos del Estado. No es cada uno de los candidatos los que deben salir a competir por recursos”, explicó Barrios.
Además, agregó que sería una forma de forzar a los partidos para que adopten sistemas democráticos, ya que los cupos en las listas son actualmente negociados sin ningún control.
Sin embargo, esto podría llevar a problemas, como ocurrió con la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico para las elecciones legislativas pasadas.
En este antecedente, muchos denunciaron cuotas políticas en los primeros puestos, poca representación de grupos minoritarios como Soy Porque Somos de Francia Márquez, y ninguna intención de llevar a sectores que históricamente no han tenido la oportunidad de llegar a instancias de poder, como la asociación Madres de Falsos Positivos de Colombia. Esta última logró dos puestos en la lista, el 80 y el 100.
Muchas de las quejas pedían abrir las listas para poder tener posibilidades, pero este pedido no se atendió, ya que el Pacto Histórico buscó hasta el final tener la bancada mayoritaria, primando figuras como la de Roy Barreras, Piedad Córdoba y Alex Flórez, cuota de Daniel Quintero.
Otro punto importante es que, en caso de aprobarse, los partidos políticos también estarían obligados a ofrecer una apuesta más homogénea en términos ideológicos. Esto podría acabar con el pluralismo de vertientes internas, pero también le daría sentido a las organizaciones políticas, las cuales han perdido legitimidad a través de los años.
Según el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, impulsor de la reforma en 2017, terminar con la desconexión entre la gente y los partidos es una de las intenciones.
“El voto preferente acaba con cualquier posibilidad de identidad ideológica en Colombia. Hay que hablar con franqueza, los partidos terminan inscribiendo en sus listas a distintos candidatos sin ninguna trayectoria o identidad con los partidos. Solo porque tienen los votos o la plata y le suman votos”, expresó en SEMANA.
Sin embargo, la lectura actual, en vista a lo ocurrido en las elecciones presidenciales, es que los partidos políticos cada vez más pierden sus atributos como colectivo. Los colombianos estarían en busca de candidatos o personas y no de logotipos, lo cual también podría resultar en un desincentivo para dirigirse a las urnas.
A pesar de los puntos sensibles, con la aplanadora gubernamental en el Congreso, se espera que en su momento se apruebe la reforma política. Con esto, los partidos políticos enfrentarían uno de los más grandes retos en su historia: optimizar la democracia interna.