A medida que se ha venido abriendo el debate frente a la reforma tributaria, los partidos políticos y expertos han alertado sobre los impactos que puede tener esta medida en las empresas y los ciudadanos de a pie.
Uno de los asuntos que más polémica ha generado es la reducción de las exenciones y deducciones que tienen tanto los ciudadanos como las empresas a la hora de hacer su declaración de renta y que a la larga terminan haciendo que el monto a pagar sea menor.
Por ejemplo, las empresas y ciudadanos que hagan determinadas donaciones a fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro tienen derecho a obtener beneficios a la hora de pagar la renta por estos aportes.
Dentro de las llamadas deducciones están los aportes que hacen las empresas para pagar la educación de sus empleados. Hay organizaciones que, por ejemplo, otorgan créditos condonables a sus trabajadores con el fin de que reciban formación en instituciones acreditadas.
También, según el artículo 107-2 del actual Estatuto Tributario, hay deducciones por aquellos “pagos a inversiones dirigidos a programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral y/o de educación inicial, para niños y niñas menores de siete años, establecidos por las empresas exclusivamente para los hijos de sus empleados”.
Esto, hasta el momento, les generaba beneficios tributarios a las empresas por apoyar la formación de sus empleados.
Sin embargo, con la reforma propuesta por el gobierno Petro, se pondría límite a este tipo de beneficios, pues se establece que habrá un tope de deducibilidad del 3 % de la renta líquida ordinaria, lo que en la práctica podría llevar a que las empresas tengan pocos incentivos para otorgar este tipo de ayudas.
“El valor de los ingresos no constitutivos de renta, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios previstos en el presente artículo no podrá exceder el 3 % anual de la renta líquida ordinaria del contribuyente antes de detraer las deducciones especiales contempladas en este artículo”, indica el artículo 11 de la reforma tributaria.
Las actividades que, según la iniciativa del Gobierno, se podrían ver afectadas por esta nueva disposición son:
- Deducciones por contribución o financiación de la educación de los empleados.
- Becas por estudio y manutención de deportistas.
- Incentivo a las inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o innovación.
- Incentivo a las inversiones en control, conservación y mejoramiento del medioambiente.
- Incentivo a la capitalización rural.
- Deducción de gastos para la conservación de bienes de interés cultural.
- Donaciones a la corporación Gustavo Matamoros D’Costa.
- Renta exenta por distribución de utilidades en acciones a los trabajadores.
Bebidas azucaradas
Además de los límites a las deducciones, otro de los puntos polémicos es el llamado impuesto a las gaseosas o impuesto a las bebidas azucaradas.
Según ha explicado el Gobierno, con este nuevo tributo, más que recaudar dinero lo que se busca es desincentivar su consumo y reducir los gastos del sistema de salud asociados a la incidencia de enfermedades relacionados con el consumo de altos niveles de azúcar.
Sin embargo, este anuncio no ha caído para nada bien en los tenderos , que consideran que este impuesto generaría una afectación de proporciones mayores, pues significa “meterle la mano en serio al bolsillo del consumidor y poner en riesgo su esfuerzo por formalizarse”.
Colombia es un país de tiendas donde el sector de los tenderos forma parte de la base económica que le permite a muchas personas de escasos recursos devengar al menos un salario mínimo.
La industria de bebidas aporta 33 % de los ingresos de los cerca de 550.000 tenderos que hay en Colombia, según estudios de la firma Nielsen, organización que se dedica al estudio de los comportamientos de consumo.
Este impuesto puede poner en riesgo no solo a los tenderos, sino 1.800.000 empleos que estos generan, advierte Fenaltiendas.
“El 80 % de estas bebidas se venden en las tiendas de barrio, lo que los convierte en el principal distribuidor”, indicó el gremio de tenderos.
El gremio agrega, además, que “una encuesta de Fenalco reveló que el 93 % de los tenderos encuestados dicen que en caso de salir adelante este impuesto sus ventas pueden caer 25 %”.