El jefe de la oficina jurídica de la Registraduría, Renato Rafael Contreras Ortega, le envió una carta a la procuradora Margarita Cabello solicitándole acompañamiento “urgente” a la Registraduría Nacional del Estado Civil en medio de las inspecciones que ha llevado a cabo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a las instalaciones de la entidad.
Contreras Ortega le dijo a la Procuraduría que una delegación de la SIC llegó a la entidad con el objetivo de “practicar una visita administrativa en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Fondo Rotatorio con el objeto de ‘recaudar información relacionada con el proceso de contratación adelantada por la entidad’. Esto con el fin de verificar el cumplimiento del régimen de la libre competencia económica”.
Como lo reveló SEMANA, funcionarios de la Superintendencia que dirige Cielo Rusinque se presentaron en las instalaciones del organismo electoral a las 2 de la tarde del martes y estuvieron allí hasta la media noche revisando los equipos de ese despacho. Luego, esa misma delegación arribó en la mañana de este miércoles, hacia las 10 de la mañana, para continuar las labores de inspección.
Una vez los funcionarios de la SIC llegaron a la Registraduría, la entidad tomó la determinación de permitir las entrevistas de estas personas con los integrantes del Departamento Jurídico y se les dio acceso a los contratos que solicitaron.
“Ante lo cual esta Entidad los recibió y permitió que se realizaran entrevistas con distintos funcionarios, así como el acceso a los contratos requeridos en tanto se trata de información pública que se encuentra en el Secop por lo que brindó la debida colaboración en el marco de la armonía que debe existir entre las distintas entidades públicas a pesar de la separación e independencia de las distintas ramas y órganos del poder público”, indicó el jefe de la oficina jurídica en su carta a la Procuraduría.
Uno de los puntos más delicados de esa diligencia es que la SIC le pidió a la Registraduría información sobre usuarios y contraseñas de los correos electrónicos. Es justamente por ese punto que Contreras Ortega está solicitando que la Procuraduría acompañe las labores de inspección efectuadas por la SIC a la Registraduría.
“Es de señalar que, en el marco de la visita mencionada, los comisionados requirieron usuarios y contraseñas de correos electrónicos de funcionarios de esta Entidad, sin que mediara orden judicial alguna, para lo cual solo alegaron sus competencias en el marco de la Sentencia C-165 de 2019, ante lo cual en un primer momento accedieron a dos de estas cuentas de correos electrónicos”, se lee en la carta enviada por el director de la oficina jurídica del organismo electoral a la procuradora.
Lo que señala la Superintendencia es que sus delegados arribaron al lugar “con el propósito de verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica en los procesos de selección contractual adelantados por la entidad”.
La inspección de la SIC tiene lugar dos semanas después de que el presidente Gustavo Petro señalara de supuestas irregularidades que, a su juicio, estarían ocurriendo entre la Registraduría y Thomas Greg & Sons, la firma que ha tenido a su cargo los contratos de logística electoral para los comicios del orden territorial y nacional desde hace casi dos décadas.
“Lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente la democracia. En el último año, han logrado que Thomas & Sons propiedad de los hermanos Bautista y con lobby de políticos muy, pero muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones. Tienen el control de las dos palancas de la elección. Una empresa privada, Thomas & Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X en una publicación realizada el 27 de febrero.
Thomas Greg es la misma firma que gestiona la impresión de pasaportes de la Cancillería y que está en medio de una puja con ese Ministerio por la suspensión del contrato que firmó el exsecretario jurídico de la cartera.