Contra viento y marea, el presidente Gustavo Petro ha cumplido su palabra y su gobierno ha expedido el decreto que les permitirá a 100.000 jóvenes del país recibir un millón de pesos mensuales para que dejen de matar y se dediquen a labores sociales.
El tema no es de poca monta porque distintos sectores sociales le han reclamado al jefe de Estado que su iniciativa busca premiar la delincuencia en las ciudades y zonas rurales del país.
Además, que los 1,2 billones de pesos anuales que destinará el Estado para fortalecer dicho programa, que coordinará el Ministerio de la Igualdad, pueden utilizarse para fortalecer créditos de estudio para jóvenes de escasos recursos económicos que no tengan acceso a la universidad pública y privada.
De acuerdo con el decreto, quien quiera acceder al subsidio debe cumplir cinco requisitos.
Entre ellos, “estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios; tener residencia habitual en zonas rurales; ser, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual; estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado”, según se lee en el documento que expidió la Presidencia.
Además, estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.
Según la iniciativa conocida como Jóvenes en Paz -la primera que lidera el ministerio que dirige la vicepresidenta Francia Márquez-, se permitirán hasta 12 transferencias mensuales por beneficiario; es decir, el apoyo económico solo será por un año y lo coordinará el viceministro de Juventudes, Gareth Steven Sella, quien fue víctima de una agresión policial durante el estallido social en Bogotá que se generó en el gobierno del expresidente Iván Duque.
Los beneficiarios serán exclusivamente jóvenes desde los 14 hasta los 28 años. Y, según se lee en el decreto, quienes obtengan estos recursos no podrán recibir otro tipo de subsidio por parte del Estado.
Tampoco podrán recibir los dineros quienes tengan orden de captura o aprehensión y quienes tengan una sanción o medida preventiva de la libertad.
El decreto, además, explica cómo se llevará a cabo el programa.
Señala que “el Departamento Nacional de Planeación se ocupará de diseñar la metodología de focalización territorial e individual de los potenciales beneficiarios del programa; el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) estará a cargo del componente de transferencias monetarias; el sector Comercio, Trabajo, Inclusión Social e Igualdad y Equidad, concurrirán con la oferta necesaria para el fomento del emprendimiento; el sector Trabajo y Educación, garantizarán el acceso, permanencia y graduación de jóvenes beneficiarios del programa; y el Ministerio de Igualdad y Equidad realizará la articulación, coordinación y complementariedad de acciones que permitan superar la vulneración de derechos en la que se encuentren los jóvenes beneficiarios del programa”.
Argumenta que el objetivo de la política criminal del país no es solamente castigar al agresor de la ley, sino hacer todo lo posible por prevenir los delitos.
“Se ha conservado la característica del sistema penal como ultima ratio, haciendo que el Estado deba diseñar alternativas y mantener una variedad de herramientas complementarias al sistema penal y a la privación de la libertad, generando otras formas de sanción y prevención que busquen el respeto de los derechos humanos, las garantías judiciales y la efectiva protección de los derechos de las víctimas”, sostiene el decreto.