A pesar de que una de las promesas de algunos de los nuevos congresistas era llegar al Legislativo para reducir los amplios privilegios de los que gozan, hasta el momento es poco lo que se ha podido hacer.
No solo se trata de su generoso salario, que supera los 35 millones de pesos, sino el hecho de tener tiquetes aéreos para viajar a sus regiones, oficinas equipadas y robustos esquemas de seguridad.
A pesar de los anuncios, la realidad poco ha cambiado y los congresistas continúan con sus privilegios a pesar de la indignación de la ciudadanía que no comprende cómo, por ejemplo, algunos parlamentarios siguen con costosas camionetas con escoltas a cargo del Estado sin tener mayores niveles de riesgo.
SEMANA conoció el más reciente convenio interadministrativo, firmado este 25 de agosto entre la Unidad Nacional de Protección y el Senado de la República, con el que se renuevan los esquemas de seguridad de los congresistas que forman parte de esta corporación.
El convenio número 925 de 2022 tendrá un costo de 15 mil millones de pesos, de los cuales el Senado de la República aportará 9.376 millones de pesos, los cuales estarán destinados al pago por la asignación de vehículos blindados para los congresistas y la Unidad Nacional de Protección pondrá a disposición todo el equipo técnico humano y logístico, que tendrá un costo de 5.678 millones de pesos.
A pesar de la millonaria cifra que saldrá de los bolsillos del Estado, pues tanto el Senado como la Unidad Nacional de Protección se manejan con recursos públicos, este contrato apenas cubre los costos de protección para los senadores por tres meses, es decir, del 27 de agosto al 30 de noviembre, luego de lo cual seguramente será necesaria la realización de un nuevo convenio.
La magnitud de la seguridad que tiene cada senador depende del riesgo que cada uno corra, pero existe un llamado “kit básico” que proporciona dos camionetas, una en Bogotá y otra en territorio, dos hombres de la Policía y un escolta de la UNP que conduce el vehículo.
De esta manera, a pesar de los anuncios que habían hecho algunos de los congresistas, queda claro que por lo menos durante tres meses más tendrán asegurado su esquema de protección.
Una situación similar ocurre con la promesa de bajar el salario de los congresistas. Si bien se han puesto sobre la mesa varias propuestas, más de un mes después de haberse iniciado el periodo de este Congreso, no se ha puesto ninguna de las iniciativas en el orden del día para empezar la discusión.
Es decir, por ahora el tema ha quedado en anuncios y radicación de proyectos, pero no se ha iniciado la discusión.
A pesar de que aún restan más de tres meses y medio para que los congresistas salgan a vacaciones, lo que da tiempo a que alguna de estas propuestas para reducirse el salario se alcance a discutir y aprobar, la realidad es que por ahora esto no está dentro de las prioridades.
En este momento, el Congreso de la República está concentrado en la discusión de la reforma tributaria y el presupuesto general de la nación, dos textos que resultan claves para el gobierno de Gustavo Petro.
Apenas logren evacuar estos proyectos, tendrá que entrar a discutir la ley de sometimiento a la justicia para las organizaciones criminales, que es la base jurídica para la llamada paz total que prometió Petro.
También están en fila la reforma al código electoral, la reforma política y la ley para prohibir el fracking.
En medio de la falta de voluntad política, las leguleyadas y las complejidades jurídicas, la realidad es que los congresistas siguen manteniendo sus amplios privilegios. Por ahora, no hay mucho cambio a la vista.