SEMANA conoció que Idalmy Minotta Terán, directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, renunció a su cargo. En la carta de renuncia, dirigida al ministro Juan Fernando Cristo, expresa los motivos por los que da un paso al costado.
De acuerdo con la funcionaria, no se le otorgaron las herramientas necesarias para ejercer sus funciones para la población afro.
“Antes de entregar el cargo, me permito exponer motivos o circunstancias que me impidieron gestionar el mismo conforme a las expectativas con las cuales lo acepté”, manifiesta la funcionaria.
La directora explica que al posesionarse encontró un organismo “al que el Ministerio del Interior le ha menguado su capacidad de acción, pues no le ha asignado el personal de planta suficiente para el cumplimiento de las funciones que tiene a cargo, lo cual genera serios problemas para el desempeño de la función administrativa y el ejercicio del rol de garante de derechos étnico-territoriales asignado por mandato de la Ley 70 de 1993″. Encontró contratadas a 103 personas por prestación de servicios, “las cuales en su mayoría no están capacitadas para apoyar o asesorar a la dirección”.
También dijo que encontró a 103 personas contratadas por prestación de servicios, “las cuales en su mayoría no están capacitadas para apoyar o asesorar a la dirección”.
Como consecuencia, el 9 de junio de 2024 pidió la contratación de un equipo de nueve expertos en temas relacionados con la dirección.
“Un equipo de 9 expertos en asuntos económicos, contractuales, ambientales, étnicos y de víctimas del conflicto armado, el cual está conformado por profesionales del más alto nivel académico y experiencia”, explicó.
A pesar de la necesidad que manifestó la directora, y que existían recursos para la contratación, a la fecha no se hizo.
“Pese a que esas 9 personas cuentan con certificados de disponibilidad presupuestal desde finales del mes de junio, al momento de la presentación de esta carta ninguna de ellas ha sido contratada”, expresó en la carta de renuncia.
Y continuó: “Todo esto para decir que desde mi llegada al cargo de directora no se me permitió tener un equipo asesor de confianza”.
Además, contó que por instrucción del viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos, fue a coordinar escenarios de diálogo social para levantar bloqueos hechos por comunidades negras, étnicas y campesinas. Pero esto no hace parte de la función que debería tener su dirección, según ella.
“Para resolver la situación de bloqueo de muy importantes carreteras del orden nacional, suscribimos actas de compromiso, que pretendían dar solución a las situaciones que originaron la protesta por parte de las comunidades. Compromisos que previo a su suscripción fueron debidamente autorizados por mi superior jerárquico y están referidos a asuntos que desbordan la misionalidad de la dirección a mi cargo”, manifestó.
Incluso, dice que la razón por la que bloquearon en primer lugar es por falta de consulta previa en torno a obras en la zona.
“Entidades que han desconocido la presencia en el territorio de los valles interandinos de las comunidades negras y el derecho a la consulta previa de estas, para proyectos, obras o actividades, así como las medidas administrativas que afectan sus vidas y territorios colectivos o ancestralmente ocupados. Situación que generó el bloqueo a la vía Panamericana como medida de presión para hacer valer su derecho a la consulta previa”, dice la carta de renuncia.
Finalmente, la funcionaria dice que se va “tranquila” porque mostró coherencia “entre mis acciones y pensamientos”.
“Exteriorizo una vez más el compromiso que desde hace más de 40 años asumí conmigo misma, de luchar por el respeto y garantía de los derechos de las comunidades negras a las que pertenezco y con las cuales me identifico”, dice.
En parte de la conclusión deja claro que los procesos contractuales estructurados por su dirección no han sido viabilizados, “afectándose así la ejecución presupuestal de la dirección”.