Debido a la presunta celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales en las obras de valorización del eje Zona Industrial en Bogotá, la representante a la Cámara Carolina Arbeláez solicitó a la Procuraduría General de la Nación la apertura de vigilancia especial al Instituto de Desarrollo Urbano por las cuatro obras de valorización del sector.
Los contratos en los que habría irregularidades en la ejecución contractual y vulneración de los principios de publicidad, economía y planeación dentro del proceso administrativos, son IDU 1760-2021, IDU 1752-2021, IDU 1839-2021 e IDU 1847-2021 y es que estos contratos no llegan al 3 % de ejecución luego de más de 4 años de aprobarse los proyectos en el Concejo de Bogotá, como lo ha informado la representante.
De acuerdo con la congresista, dentro de esta investigación, la Procuraduría deberá verificar la existencia de los diseños, estudios y planos obligatorios para la celebración y ejecución de estos. Si el ente de control hace algún hallazgo disciplinario y fiscal, la congresista Arbeláez solicitó que estos se remitan a las entidades correspondientes y de presentarse hallazgos penales se haga lo propio directamente ante la Fiscalía General de la Nación.
Es de mencionar que días atrás, la representante Arbeláez realizó una mesa de trabajo con empresarios y habitantes de la Zona Industrial, para conocer su inconformismo por el incumplimiento del IDU en la ejecución de estos contratos de valorización.
En la mesa de trabajo, los representantes del IDU aseguraron que dos de los cuatro proyectos del eje están suspendidos; sin embargo, en la página del Secop II aparece su estado “en ejecución”.
A esta mesa de trabajo también asistió el gerente del Acueducto de Bogotá, Noel Valencia; entes de control; contratistas, y empresarios. Estos últimos dejaron ver su preocupación y la incertidumbre que tienen por obras que pagaron hasta 1.200 millones de pesos hace 56 meses y de las cuales no hay nada.
Inconformismo de los contribuyentes
Los ciudadanos aseguraron que de la administración solo han recibido excusas y que se evidencia la descoordinación entre el IDU y el Acueducto de la ciudad, porque en algunos proyectos no se han aprobado ni las redes de servicios públicos.
Por su parte, el contratista del grupo 3 aseguró que tiene las manos atadas porque no hay diseños para el desarrollo del proyecto y que no ha tocado ni un peso de lo que le pagaron. Indicó que por la sola póliza del contrato pagó más 300 millones de pesos y está listo para ceder el contrato.
“No entendemos por qué el IDU nos cobra una valorización sin haber proyectado la obra. Yo como empresario, si le voy a pedir a mis socios que me aporten un millón o 500 millones de pesos para una obra, lo primero que van a preguntar es para qué. Cómo aprueban una licitación a un contratista sin tener diseños de acueducto, de alcantarillado”, aseguró el empresario César Augusto Ávila.
Por su parte, el empresario Carlos Alberto Fernández advirtió que el dinero que pagaron por el impuesto de valorización hoy estaría generando intereses en una fiducia, pero, por el contrario, fueron entregados al Distrito para unas obras que ni siquiera tienen diseños. “Esas obras seguramente las veremos solo dentro de 30 años”, señaló.
En este sentido, la representante Arbeláez cuestionó sobre quién debe asumir esos costos que se tiene que adicionar a los contratos: ¿quién asume la responsabilidad de esos recursos, solo los ciudadanos, los industriales?, ¿quién sanciona al IDU porque no hace las obras aún con el recaudo?
Arbeláez dejó claro que es necesario saber el movimiento que han tenido los recursos en la fiducia y solicitó la socialización de un cronograma para el desarrollo de los proyectos y que las entidades se comprometan a cumplirlo.
Esta mesa de trabajo será permanente, para hacer seguimiento a los cuatro proyectos del eje de la zona industrial, que tienen costos por encima de los $ 185 mil millones.