Este martes, el representante a la Cámara Carlos Ardila, del Partido Liberal, presentó una solicitud ante la Cámara de Representantes para que se respete el debido proceso en la elección del próximo contralor. Ardila considera que las solicitudes que hicieron dos tribunales del país ya fueron subsanadas en la lista anterior y no es necesario una nueva.

“Si bien es cierto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó medidas cautelares sobre la lista de elegibles al cargo de Contralor General de la República, y el Tribunal Superior de Medellín ordenó en sentencia de tutela que se “elabore una nueva lista de diez elegibles para ocupar el cargo de Contralor General de la República, en el que se respete estrictamente el mandato de conformar la lista con igual proporción de hombres y mujeres”, también es cierto que las órdenes judiciales se cumplieron el pasado 16 de julio de 2022″, señala Ardila, en su solicitud.

El congresista argumenta que con la lista anterior, es decir la segunda, se surtió esa solicitud.

Agrega que tener como principal argumento las sentencias de los tribunales para volver a barajar no corresponde a una adecuada “motivación”.

Ardila asegura que las dos resoluciones con las que se conformaron las comisiones accidentales que escogieron la lista de los finalistas ya dieron cumplimiento a lo ordenado por las autoridades judiciales y que eso sucedió cuando se hizo la segunda lista en la que se cumplió la cuota de género y se escogió por méritos.

“De manera que si en algún momento pudo existir algún reproche frente al acto que designó a los 10 elegibles para el cargo de contralor, dicho acto ya había sido subsanado y en todo caso es distinto a las resoluciones 006 y 0635 que conforman las comisiones accidentales encargadas de elaborar la lista”, afirmó Ardila.

En ese sentido, el representante liberal pidió que se guarde concordancia entre ambos actos jurídicos y que las resoluciones que establecieron esas comisiones accidentales estén dentro del marco legal.

El congresista señala que para volver a conformar la lista, uno de los argumentos fue la renuncia de Karol González, pero Ardila recalca que ese hecho fue posterior al cumplimiento de las sentencias judiciales, por lo que considera que lo que corresponde ahora no es conformar nuevas comisiones, sino elegir entre los que queden en ese proceso, según lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1904 de 2019.

“En caso de presentarse alguna de las causales de falta absoluta de los integrantes de la lista de elegibles, el Congreso elegirá de los restantes al Contralor General de la República”, dice ese artículo.

González renunció a su aspiración argumentando que el hecho de ser esposa de Luis Ernesto Gómez la podría impedir eventualmente, ya que él respaldó la campaña de Gustavo Petro.

En la solicitud de Ardila, el congresista pide que se continúe el proceso con la selección anterior y que no se haga una tercera lista. Pone de precedente que no seguir ese camino podría derivar en denuncias contra los congresistas que están en la nueva comisión accidental por “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”, contemplado en el artículo 416 de la Ley 0599 del 2000.

“En línea con lo expuesto, solicito respetuosamente al señor Presidente de la Cámara de Representantes que se dé aplicación al artículo 6 y 9 de la Ley 1904, y se continúe con el proceso de selección de Contralor General de la República con la lista de integrantes que permanecen seleccionados. De esta manera se dará cabal cumplimiento tanto a lo ordenado judicialmente, como a lo dispuesto en la Ley”, señaló el representante Ardila.

Precisamente, en las últimas horas se ha presentado una oleada de renuncias de congresistas que hacen parte de esa comisión accidental. Entre ellos están Juan Felipe Lemos, del Partido de la U; Miguel Ángel Pinto y Lidio García, del Partido Liberal; y Humberto de la Calle, de la Centro Esperanza, y se espera que se sumen más.

En el caso de Lemos, reconoció que uno de los motivos por los que renunció es evitando que pueda ser demandado por prevaricato. “Claro que sí, porque quienes ya tienen un derecho adquirido seguramente van a demandar la elección y los nuevos trámites”, afirmó el senador del Partido de la U.