Mentiras, eso piensan los contribuyentes de lo que responde el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) sobre las obras de valorización del eje de la zona industrial, según advierte la representante del partido Cambio Radical Carolina Arbeláez, quien desde meses atrás ha puesto la lupa sobre la ejecución de estos contratos.
De acuerdo con la congresista, en una mesa de trabajo convocada por ella para atender las inquietudes de la ciudadanía, los representantes del IDU aseguraron que dos de los cuatro proyectos del eje están suspendidos; sin embargo, en la página del Secop II aparece su estado en ejecución.
A esta mesa de trabajo también asistió el gerente del Acueducto de Bogotá, Noel Valencia; entes de control; contratistas, y empresarios. Estos últimos dejaron ver su preocupación y la incertidumbre que tienen por obras que pagaron hasta 1.200 millones de pesos hace 56 meses y de las cuales no hay nada.
Los ciudadanos aseguraron que de la administración solo han recibido excusas y que se evidencia la descoordinación entre el IDU y el Acueducto de la ciudad, porque en algunos proyectos no se han aprobado ni las redes de servicios públicos.
Por su parte, el contratista del grupo 3 aseguró que tiene las manos atadas porque no hay diseños para el desarrollo del proyecto y que no ha tocado ni un peso de lo que le pagaron. Indicó que por la sola póliza del contrato pagó más 300 millones de pesos y está listo para ceder el contrato.
Es de recordar que las obras del sector no tienen más de 3 % de avance y preocupa el aumento de los costos en los proyectos.
“No entendemos por qué el IDU nos cobra una valorización sin haber proyectado la obra. Yo como empresario, si le voy a pedir a mis socios que me aporten un millón o 500 millones de pesos para una obra, lo primero que van a preguntar es para qué. Cómo aprueban una licitación a un contratista sin tener diseños de acueducto, de alcantarillado”, aseguró el empresario César Augusto Ávila.
Por su parte, el empresario Carlos Alberto Fernández cuestionó que el dinero que pagaron por el impuesto de valorización hoy estaría generando intereses en una fiducia, pero, por el contrario, fueron entregados al Distrito para unas obras que ni siquiera tienen diseños. “Esas obras seguramente las veremos solo dentro de 30 años”, señaló.
En este sentido, la representante Arbeláez cuestionó sobre quién debe asumir esos costos que se tiene que adicionar a los contratos: ¿quién asume la responsabilidad de esos recursos, solo los ciudadanos, los industriales?, ¿quién sanciona al IDU porque no hace las obras aún con el recaudo?
Arbeláez dejó claro que es necesario saber el movimiento que han tenido los recursos en la fiducia y solicitó la socialización de un cronograma para el desarrollo de los proyectos y que las entidades se comprometan a cumplirlo.
Esta mesa de trabajo será permanente, para hacer seguimiento a los cuatro proyectos del eje de la zona industrial, que tienen costos por encima de los $ 185 mil millones.
Concejo aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo para modificar el estatuto de valorización en Bogotá
La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo presentado por la administración de la alcaldesa Claudia López para modificar el estatuto de obras de valorización en la ciudad.
El proyecto ahora pasará a segundo debate en la plenaria del Concejo y, de aprobarse, pasaría a sanción de la alcaldesa López. El secretario de Gobierno, José David Riveros, destacó el visto bueno de la Comisión de Hacienda y agradeció a los concejales ponentes.
Así mismo, el funcionario destacó cuáles son los principales cambios: “El proyecto lo que permite es que tengamos una mejor planeación porque vamos a tener estudios y diseños definitivos antes de contratar la obra. Vamos a cobrar después o con un 50 % de la obra y vamos a tener un descuento a los hogares que se vean más afectados por tener el frente de obra al frente de la casa”.
La propuesta, de acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), recoge la experiencia de más de tres décadas en el desarrollo de obras de Valorización y lo más reciente que ha ocurrido con el Acuerdo 724 de 2018.
Los cambios planteados van desde los requisitos en diseños y autorizaciones por parte de las empresas de servicios públicos, antes de ser presentados para aprobación, hasta la forma de recaudar, que incluye además un esquema para devoluciones y descuentos para los contribuyentes.