El Gobierno quiere insistir en su propuesta de reforma laboral por distintas vías. En las últimas horas, el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, denunció que el Gobierno quisiera sacar algunos puntos de la reforma laboral a través de decreto.
“Por medio de un decreto, el gobierno Gustavo Petro metería una reforma laboral a espalda de los colombianos y, además, haciendo el quite al debate en el Congreso de la República”, aseguró el congresista del uribismo.
Uno de los puntos por los que reclama Cadavid es que en el decreto se detalla que a través de la figura de “trabajo digno y decente”, el Ministerio del Trabajo buscaría crear medidas para quienes tengan diferencias con los trabajadores sindicales, dándoles más poder a quienes estén acogidos con esta figura. “El sindicalismo no puede ser a la fuerza”, reclamó Cadavid.
El decreto establece que se debe “prevenir y erradicación de la violencia y discriminación y demás conductas antisindicales hacia las organizaciones sindicales y trabajadores sindicalizados”, dice uno de los artículos.
También se habla de una “promoción de la no repetición de los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado que afectan los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, a los empleadores y sus organizaciones gremiales y a las poblaciones vulnerables”, señala el artículo.
El congresista del Centro Democrático reclamó porque estas reformas deben discutirse en el Congreso. “El Gobierno quiere meter su reforma laboral por medio de Decretos”, criticó Cadavid.
En ese sentido, se refiere a un “impulso de la garantía de protección social, mediante un beneficio económico periódico para los trabajadores y trabajadoras del campo de edad de jubilarse y de un subsidio de riesgos laborales, proporcional a un ahorro individual acompañado de un subsidio por parte del Estado”, menciona el decreto.
Por otro lado, algunos artículos del documento se refieren a seguridad social de los operadores de las plataformas, porcentajes, aportes, entre otros detalles, que según el congresista es competencia directa del Congreso y no debería ser a través de decreto.
Otro de los puntos es que se promete un subsidio a los trabajadores del campo, por lo que Cadavid cuestiona de dónde saldrían los recursos para implementar ese punto. “Ojo a esto: el Gobierno en su reforma laboral, solapada por decreto, define como forma violenta y discriminatoria otra serie de formas de trabajo como el empleo por cuenta propia. Asfixian y persiguen al generador de empleo e impiden el trabajo independiente”, afirmó Cadavid.
El congresista recordó la información que se ha conocido en la que supuestamente los dineros del escándalo de presunta corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) habría sido para aprobar las reformas sociales en el Congreso.
“Las reformas de Gustavo Petro en el Congreso no solo son destructivas del empleo, son ilegítimas porque las compró con plata corrupta. ¡Ojo con esas reformas que no se pueden tramitar!”, cuestionó el representante a la Cámara por Antioquia.
Según le dijo Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, a Vicky Dávila, directora de SEMANA, le habría entregado 3.000 millones de pesos en efectivo al presidente del Senado Iván Name y al presidente de la Cámara 1.000 millones. Igualmente, habría más políticos y congresistas implicados.
Esto ha generado un pulso en el Congreso en el que algunos sectores han pedido que no se sigan discutiendo las reformas sociales hasta que se aclare todo este entramado.
En el caso de la reforma laboral, la discusión se encuentra estancada en la Comisión Séptima de Cámara, donde también comenzará el debate de la reforma pensional, por lo que no es claro que pueda llegar a discutirse antes del 20 de junio, cuando se acaba la legislatura.