En medio de la difícil situación de orden público que se vive en el país, el representante por el Huila Julio César Triana, de Cambio Radical, le reclamó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por falta de garantías para su protección, ante constantes amenazas de grupos armados al margen de la ley.
“Tras haber informado estas intimidaciones a las autoridades correspondientes, la Unidad Nacional de Protección no le ha brindado las garantías y medidas suficientes en relación al nivel de riesgo del congresista. Es por ello que radicó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que el Estado colombiano adopte las medidas necesarias de protección para garantizar los derechos a la vida e integridad personal del representante”, aseguró.
El congresista anunció que acudirá a la CIDH para solicitar medidas junto a otros congresistas de la región. Dijo que en conjunto con representantes y senadores de los departamentos del Cauca, Tolima, Huila, Arauca, entre otros, solicitarán “de manera urgente” una visita por parte del organismo internacional al país, para que formule recomendaciones al Estado por estos hechos, que considera que son unas “frecuentes violaciones de derechos humanos en el marco de las negociaciones que se adelantan con las disidencias por parte del Gobierno”.
Triana afirma que una de las razones por las que se estaría presentando esta situación es por la oposición que ha hecho al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El congresista huilense criticó que mientras él está necesitando mayor seguridad, la UNP estaba transportando a varios cabecillas de las disidencias de las Farc en la caravana en Antioquia que generó tanta polémica.
“Lamentablemente el Gobierno nacional, en cabeza de la UNP, se ha negado a extender las medidas de protección para que yo pueda cumplir mi papel en la oposición y líder político en la región”, reclamó Triana.
El congresista denunció que él y otros líderes políticos de la región han denunciado que las estructuras criminales han crecido en esa zona del país creando zozobra en la comunidad. Dice que cometen múltiples delitos como violaciones a los derechos humanos, extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado, entre otros, a pesar de que se encuentran en negociaciones con el Gobierno.
La caravana de los cabecillas de las disidencias levantó un profundo cuestionamiento porque se estén utilizando estos recursos para proteger y transportar a personas que han delinquido y han sido buscadas por múltiples delitos.
Uno de los cabecillas que fue detenido porque tenía una orden de captura activa fue alias Firu, quien era buscado por múltiples delitos y por haber atentado recientemente contra miembros de la fuerza pública con minas antipersonal.
Los cabecillas transportaban varios elementos, entre ellos varias USB, dinero en efectivo que sumaría más de 60 millones de pesos, computadores, teléfonos satelitales, entre otros. Junto a alias Firu fue capturada alias Érika.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio detalles de la captura. “Todo parece indicar que vienen de Tibú, que está muy cerca de los límites con Venezuela (...) Aquí lo preocupante es que nosotros estemos con el contribuyente de los recursos de los colombianos protegiendo a delincuentes de esta magnitud. Es una muestra más de lo fallido que es la política de paz total que les permite a los bandidos envalentonarse y que le ata las manos a la fuerza pública”, aseguró Rendón.