Los representantes de las curules de paz presentaron un proyecto de ley con el que pretenden crear un nuevo ministerio, despacho que se convertiría en la cartera número 20 de la arquitectura institucional de Colombia.
Un grupo de 13 congresistas radicó un articulado que pretende convertir la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas en un Ministerio para la Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado.
Esa oficina, que ampliaría la burocracia administrativa del Gobierno nacional, tendría la misión de coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado y de implementar la política pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado.
El Ministerio estaría conformado por seis direcciones y nueve subdirecciones, además de las direcciones territoriales que tendría desplegadas en el país sobre las que no se especifica la cantidad en el articulado.
La cartera, en principio, tendría el mismo presupuesto de la Unidad, y su objetivo sería formular la política pública en torno a la atención de esta población, entre otras tareas que le designa el proyecto de ley de 32 páginas que ya fue radicado.
Además, seguiría cumpliendo las mismas funciones que tiene en la actualidad la Unidad que atiende a esa población. Según se lee en el texto, “el Ministerio para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado seguirá con el trámite y representación de las acciones constitucionales, procesos judiciales, contencioso-administrativo, ordinarios, ejecutivos y administrativos en los que sea parte la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (Uariv), y asumirá las obligaciones derivadas de los mismos”.
La sede principal de esa cartera estaría ubicada en Bogotá y desde allí se integraría el sector administrativo de atención y reparación a las personas que fueron víctimas del conflicto armado, lo que incluye a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
El proyecto de ley fue presentado por los representantes John Jairo González Agudelo, John Fredi Valencia Caicedo, Gerson Montaño Arizala, Willian Ferney Aljure, Juan Pablo Salazar Rivera, Orlando Castillo Advíncula, Haiver Rincón Gutiérrez, John Fredy Núñez Ramos, Karen Manrique Olarte, James Mosquera Torres, Juan Carlos Vargas Soler, Karen Juliana López Salazar y Diógenes Quintero Amaya.
Entre ellos está la representante Manrique, quien resultó salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por reunirse con el exdirector de esa entidad, Olmedo López, y ser la posible emisaria de los mensajes que se enviaban desde el Congreso.
Los promotores de la iniciativa argumentan que “la Ley 1448 de 2011 diseñó una gran institucionalidad para lograr la atención y reparación a las víctimas del conflicto, pero en la práctica creó una institución de tercer nivel que, aunque puede tener la capacidad técnica, no tiene la capacidad política que la lleve a lograr una articulación adecuada del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto, y obtener los recursos financieros que requiere y demanda la Política de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto, al no participar en el Consejo de Ministros, del que tampoco hace parte el DPS, cabeza del Sector de Inclusión Social y Rehabilitación”.
En la actualidad, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas cuenta con un presupuesto cercano al billón de pesos, según detallaron los promotores de la iniciativa en el borrador del texto.