Colombia vive un fuerte recrudecimiento de la violencia a raíz del fracaso de los cinco ceses al fuego bilaterales con grupos armados que el Gobierno decretó a principio de año. Los ataques a la fuerza pública están en aumento, las disputas territoriales entre delincuentes impactan a la ciudadanía y las economías ilícitas rigen en los territorios.
En medio de este panorama, el país se encuentra en año electoral y las amenazas por parte de las estructuras criminales preocupan a las autoridades por el riesgo que corren ciudadanos y candidatos en todas las etapas del proceso.
Los temores se materializaron el pasado 27 de mayo cuando, por medio de un comunicado, las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco, autodenominadas Estado Mayor Central, amenazaron directamente las elecciones regionales por el quiebre del cese al fuego con el Gobierno.
El documento se refiere a “partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas” que pretenden desarrollar campañas electorales en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, donde el grupo criminal opera.
“Se les informa que desistan de ingresar a dichas áreas, no son bienvenidos, serán devueltos de nuestros puntos de control. A los candidatos locales y/o provenientes de las comunidades les sugerimos respetuosamente que rechacen los apoyos de partidos o congresistas de partidos tradicionales o guerreristas y candidatos promovidos o apoyados por la doctrina paramilitar”, se lee en el texto de las disidencias.
Finalmente, el grupo insurgente amenaza con sanciones y asegura que espera que “los buenos y honestos candidatos” sean elegidos en los próximos comicios. Los mandatarios locales, que vienen denunciando este tipo de amenazas, piden que el Gobierno Nacional enfrente a las estructuras criminales que prometen coartar la democracia.
Después del comunicado de la guerrilla, el último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales hizo que las autoridades dimensionen el riesgo que corren los candidatos y la ciudadanía.
De acuerdo con la organización, en los primeros seis meses del calendario electoral, de octubre 29 de 2022 al 29 de abril de 2023, se ha evidenciado un preocupante recrudecimiento de la violencia. La MOE registró 634 hechos entre acciones armadas y amedrentamientos de las estructuras criminales contra la población civil.
Esta cifra implica un aumento del 141 % en la violencia en época de elecciones si se le compara con el mismo periodo en 2019, en el que solo se registraron 262 hechos de este tipo.
Según la veeduría, el 51 % de los hechos violentos ocurrieron en los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. Por otro lado, en departamentos como Sucre, Atlántico, Magdalena, Huila, Santander y Bolívar, estas acciones aumentaron más del 350 % en comparación con los comicios en 2019.
Entre las acciones de los criminales en los territorios, se registraron acciones para cooptar liderazgos sociales y comunales, prácticas de gobernanza criminal como restricciones a la movilidad, extorsiones y acciones de empadronamiento.
“Se ha visto de manera particular en algunas zonas rurales, que incluye la carnetización de ciudadanos. Eso nos preocupa muchísimo y es necesario que las autoridades hagan mayor investigación sobre esas zonas y en qué se traducen esos empadronamientos. Se pueden traducir en la obligación del apoyo a determinadas candidaturas en el territorio”, explicó Alejandra Barrios, directora de la MOE, en conversación con SEMANA.
Esto también se ha visto reflejado en un incremento del 88 % de la violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. De acuerdo con la MOE, el periodo entre octubre y abril de este año fue el periodo electoral más violento registrado desde la fundación de la organización. Cauca, Nariño, Antioquia y Santander son los territorios más afectados.
“Es ahí donde se hace la presión para que candidatos se inscriban por determinadas organizaciones o se dejen de inscribir o tienen que pedir permiso a grupos armados ilegales para poder hacer proselitismo en determinados territorios”, puntualizó la directora de la organización.
Barrios, en entrevista con este medio, aseguró que los ceses al fuego y los acercamientos fallidos en el marco de la ‘paz total’ hacen parte de las causas de la ola de violencia.
“Cuando estás hablando con grupos armados ilegales y abres el camino para negociaciones, lo que siempre ha pasado en este país es que cada una de las partes busca demostrar fuerza. Lamentablemente, esto significa recrudecimiento de la violencia en los territorios y las víctimas terminan siendo los ciudadanos. Si tienes mayor cantidad de grupos, el efecto es peor y con el agravante de que no tenemos marco legal”, dijo.
Sin embargo, la directora de la organización cree que, a cinco meses de la elección, las autoridades y el Gobierno nacional aún tienen tiempo para revertir el panorama.
¿Un retroceso?
En la misma comisión, el registrador Alexander Vega rechazó las amenazas de las disidencias de las Farc y le solicitó al Gobierno nNcional garantías para todos los actores del proceso electoral. Incluso, el funcionario expresó su temor de que las próximas elecciones sean muestra de que Colombia “retrocedió” varios años en términos de seguridad.
“Hasta el momento, la Registraduría no contempla trasladar ninguna mesa. Confiamos plenamente en el Gobierno, en las Fuerzas Militares y de Policía en que no tendremos que correr ni puestos ni mesas de votación, sería un retroceso al año 2002, donde teníamos que aplazar o suspender elecciones”, advirtió el registrador.
Y no es la primera vez que el registrador da a conocer la posibilidad de un pico de violencia en elecciones. En el mapa de riesgo electoral, la autoridad asegura que existen 74 municipios amenazados por estructuras criminales.
Arnulfo Gasca, gobernador de Caquetá, hace la misma advertencia, asegurando que las amenazas lograron que Colombia retrocediera 30 años en términos de violencia.
El retroceso también se evidencia en los reportes de líderes sociales y políticos de las regiones más afectadas por la violencia. Miguel Cifuentes, líder campesino del río Cimitarra, aseguró que existe un retroceso de 20 años.
“Lo que hay aquí son movimientos para que estos grupos armados influencien quién queda en estas alcaldías porque el control de los recursos públicos es financiación para ellos. Estoy de acuerdo con que volvimos a lo de hace 20 años, pero en ese entonces sabíamos quién generaba esto. Ahora hay tantos grupos que no se sabe”, dijo el líder del magdalena medio.
Por otro lado, Rubén Zamora, líder comunal de la región del Catatumbo, también reporta violencia contra posibles aspirantes: “Se han presentado hechos desafortunados de orden público, el asesinato de un líder de Colombia Humana en Tibú, que aspiraba al Concejo municipal, y el atentado contra la Policía Nacional”.
Por otro lado, José David Vega, líder de Córdoba, narró la compleja situación a cinco meses de las elecciones.
“Eso está empezando, pero la violencia del Clan del Golfo se ha ido recrudeciendo porque las disidencias de Iván Mordisco empezaron a tener presencia en el sur de Córdoba desde el mes de marzo. Se evidencian varios enfrentamientos y los ciudadanos son asesinados. Infringe el Derecho Internacional Humanitario, utilizan a la gente y hay mucha presión”, narró Vega.
El próximo 29 de junio inicia la inscripción de candidatos a las elecciones regionales y territoriales, momento en el que se decantan los posibles aspirantes y empieza de lleno la carrera por las asambleas, concejos, alcaldías y gobernaciones. La situación de orden público promete que estas elecciones serán las más conflictivas desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, lo que significaría un golpe a la democracia y el regreso a un pasado en el que las armas escogían.