La convocatoria hecha por el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, para que las personas salgan a marchar este miércoles 27 de septiembre en todo el país, para apoyar las reformas y medidas de su administración, sigue generando fuerte polémica.
Además de los reparos que ha suscitado esta marcha por la posible intención del Gobierno de promover la campaña de Gustavo Bolívar en Bogotá, además de las campañas de otros candidatos del Pacto Histórico en las diferentes alcaldías y gobernaciones del país, en la mañana de este martes aumentaron los cuestionamientos en contra del Gobierno, toda vez que se conoció la millonada que costará la logística en la Plaza de Bolívar, en la capital.
De acuerdo con los contratos revelados por el abogado y hoy candidato al Concejo de Bogotá, Daniel Briceño, la tarima, el sonido y las pantallas que se están instalando en la plaza de Bolívar les costarán a los colombianos $ 263.109.000.
Briceño detalló: “Los recursos para esta logística vienen directamente de la Presidencia de la República. Se los pasaron en contratación directa a la Plaza Mayor de Medellín y de ahí se subcontrataron”.
Es de mencionar que la primera en emitir una alerta para que las marchas de este miércoles no se conviertan en “plataformas” de impulso para alguna candidatura electoral fue la procuradora general, Margarita Cabello, quien expresó que estas movilizaciones pueden ser el escenario perfecto para que se aproveche la actividad con fines políticos, entorpeciendo la finalidad de las campañas electorales.
Una alerta que también le hizo al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que garantice que las marchas convocadas por el Gobierno nacional cumplan con el objetivo de ser marchas y no un impulso político.
La situación fue expuesta por Cabello durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales, celebrada en Cali, en donde destacó que varias organizaciones políticas, candidatos y ciudadanos han expresado su inquietud sobre la posibilidad de que algunas marchas sean instrumentalizadas por aspirantes a cargos electorales.
“De diferentes pronunciamientos, especialmente del Consejo de Estado, se tiene como participación en política no solo el pedido expreso de votar por un candidato, sino que debe preverse, como cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo, la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda”, recordó la funcionaria.
Otra de las críticas a la marcha es que con ellas el presidente Gustavo Petro buscaría presionar para que el Congreso apruebe las reformas que se han presentado, entre ellas la de salud, educación, pensional y laboral.
Una convocatoria que, en el caso de la senadora María Fernanda Cabal, hizo una advertencia del peligro que representa al señalar que el petrismo se pondrá nuevamente a prueba porque sacará a las calles a quienes, según ellos, respaldan las reformas del Gobierno nacional.
Por esto, la senadora del Centro Democrático recomendó: “Tenemos que prepararnos porque Gustavo Petro pretende incendiar el país”.
“La sociedad civil tiene que estar totalmente organizada para poder tener la información, las denuncias nacionales e internacionales, porque este señor —Gustavo Petro— con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, pretenden incendiar al país con la excusa de la reforma agraria”, expresó.
El director del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, también se refirió al respecto y mostró su malestar con esta marcha: “El golpe a la democracia que tienen planeado iniciar este 27 de septiembre dará inicio a una serie de acciones que terminarán por acabar la democracia, la muy maltratada democracia colombiana”.
SEMANA conoció que el miércoles pasado, en un encuentro que sostuvo el jefe de Estado con su bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño, el mensaje fue claro y contundente: todos los senadores y representantes tienen que ayudar a impulsar la convocatoria y las movilizaciones ese día. Todos ya están promoviendo las manifestaciones desde sus regiones.