En las últimas horas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció a través de su cuenta de Twitter que el Gobierno de ese país negó la entrada de tres ex altos mandos militares del Ejército Nacional por estar siendo investigados por la JEP. Se trata del coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez y el general (r) Iván Ramírez Quintero.
En entrevista con SEMANA, Roberto Carlos Vidal, presidente de la jurisdicción especial, aseguró que se trató de una decisión propia de EE. UU. en la que no influyeron, aunque reconoció el relacionamiento que hay con ese país. Afirmó que eventualmente podría volver a suceder con otros casos, si Estados Unidos lo considera.
SEMANA: ¿Cómo tomaron la decisión de Estados Unidos de negar la entrada de tres exmilitares colombianos por las investigaciones de la JEP?
Roberto Carlos Vidal (R. C. V.): La decisión del Gobierno de Estados Unidos tiene que entenderse en el contexto de la persecución de la justicia global. La decisión que toman es autónoma, no es una consecuencia de una actividad procesal nuestra o de una solicitud que les hubiéramos hecho. Recibimos y agradecemos el apoyo y el reconocimiento que hace el Gobierno de Estados Unidos del trabajo de la JEP y de las instituciones que se han creado para el cumplimiento de los acuerdos en Colombia.
SEMANA: ¿La JEP ha tenido conversaciones directas con el Gobierno de EE. UU.?
R. C. V.: Tenemos una comunicación estrecha con la comunidad internacional por la misma razón que acabo de aducir. Somos un tribunal que tiene su lugar en el sistema judicial de Colombia. Esa es la razón por la cual interactuamos con la Corte Penal Internacional, pero también con países de Europa, con Estados Unidos y otras naciones que apoyan al Estado colombiano en las iniciativas de paz. Nosotros, claro, tenemos una comunicación estrecha con el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Congreso de los Estados Unidos que le ofrecen a la jurisdicción un apoyo en términos políticos, técnicos, financieros y económicos.
SEMANA: Esa comunicación ha sido solamente con el Gobierno de Joe Biden?
R. C. V.: Los Estados Unidos han tenido un papel fundamental en el proceso de paz en Colombia, particularmente el proceso entre el Estado y las Farc. Ellos han ofrecido diversos tipos de apoyo, recuerde que participaron, asistieron y acompañaron incluso las negociaciones.
SEMANA: Sobre los tres exmilitares a los que les fue negada la entrada a EE. UU., ¿la JEP tuvo alguna injerencia?
R. C. V.: No tuvimos injerencia en la decisión particular que ellos han tomado. Recibimos la visita de la embajadora (Beth) Van Schaack, del Departamento de Estado de Estados Unidos, encargada de temas de justicia criminal global. Ella lo que explicó es que la decisión la tomaron con base en la información que ha publicado la JEP, pero también en múltiples fuentes a las que ellos acceden en Estados Unidos que son adicionales, a lo que ha circulado en la jurisdicción.
SEMANA: ¿La decisión pudo haber pasado por la preocupación de la JEP de que los exmilitares salgan del país y no respondan por las investigaciones que ustedes adelantan?
R. C. V.: Estamos sometidos a nuestras normas y que se ocupan de ofrecerles todas las garantías de sus derechos como comparecientes ante la JEP. Observamos eso de manera muy estricta. Les hemos ofrecido los espacios que brinda la JEP a quienes han cometido o incurrido en graves delitos.
Todos los comparecientes tienen la obligación de aportar la verdad exhaustiva y detallada de lo que conocen del conflicto y tienen el derecho de reconocer su responsabilidad.
Aquellos que han reconocido responsabilidad están abordando los juicios y serán objeto de las sanciones propias. En particular, estas tres personas a las que se refiere el Departamento de Estado decidieron no hacer aportes a la verdad plena y decidieron no reconocer su responsabilidad. Dos de ellos fueron remitidos a nuestra Fiscalía, que es la Unidad de Investigación y Acusación, quien está a cargo de acusarlos frente a la sección de ausencia de reconocimiento donde serán juzgados con todas las garantías.
SEMANA: ¿En qué etapa procesal se encuentran los casos de los tres exmilitares?
R. C. V.: En el caso del coronel (r) Julio Hernán Mejía fue declarado máximo responsable por su participación en el asesinato de 75 personas en el departamento del Cesar y en el sur de La Guajira, cuando era comandante del Batallón de Artillería de La Popa.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa fue imputado por crímenes de guerra y lesa humanidad por falsos positivos en el norte del Cesar y La Guajira. Caso distinto al del general (r) Iván Ramírez Quintero, sometido a la JEP en el marco del Caso 006, de victimización de los miembros de la Unión Patriótica.
SEMANA: Aunque el coronel Mejía fue condenado, ¿los otros dos exmilitares no podrían tener una diferencia en el trato, ya que aún siguen siendo investigados?
R. C. V.: No nos pronunciamos a ese respecto. Reitero, esa decisión es del resorte exclusivo de Estados Unidos y no de Colombia.
SEMANA: ¿Hay otros casos de exmilitares a los que les pueda pasar lo mismo que a los tres anteriormente mencionados?
R. C. V.: Eso sigue estando en la órbita de la decisión autónoma de Estados Unidos. Diría lo que manifestó la embajadora Van Schaack y es que ellos se reservan el derecho a analizar la situación respecto a la observancia de las obligaciones de personas que pueden ser militares, miembros de la antigua guerrilla, particulares o funcionarios del Estado y ellos analizarán su grado de colaboración con la JEP para tomar las decisiones.
SEMANA: O sea que sí, es decir, que este caso se podría replicar con otros investigados por la JEP...
R. C. V.: Lo que dijo la embajadora Van Schaack es que eso podría replicarse no solo con militares, sino –le reitero– con particulares, con antiguos funcionarios del Estado o con miembros de la antigua guerrila.
SEMANA: Uno de los casos más sonados de la JEP ha sido el del general (r) Mario Montoya, ¿sobre él se ha tomado alguna decisión en particular y podría pasar algo similar?
R. C. V.: El Gobierno de los Estados Unidos no se manifestó con respecto al general (r) Montoya.