El pasado 13 de enero, la Fiscalía General de la Nación, rechazó la solicitud del Gobierno para levantar las órdenes de captura de algunos miembros del Clan del Golfo, una iniciativa que recibió todo tipo de críticas.
Acto seguido, el presidente del Congreso de la República de Colombia, Roy Barreras, conocido por tener un vínculo estrecho con el jefe de Estado, se pronunció asegurando que la decisión del ente ratificaría la ‘paz total’, que ha venido abanderando el Pacto Histórico.
“El pronunciamiento de @FiscaliaCol reitera un compromiso con la #PazTotal, pero hace unas precisiones jurídicas indispensables que son las mismas que hemos venido haciendo desde la presidencia del Congreso para los diversos grupos”, señaló.
Asimismo, lo corroboró Barreras en una conversación que sostuvo con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, donde afirmó que no veía “necesaria” la liberación de integrantes de estos grupos.
“No resulta a mi juicio necesario dejar en libertad y sin orden de captura a 16 o una veintena de delincuentes de alta peligrosidad, porque eso puede significar de nuevo la pérdida del control del territorio en áreas tan complejas como la Guajira y el Magdalena”, dijo.
“Lo que ha dicho la Fiscalía, lo que hemos dicho nosotros, hace meses, es que, se debe tener claro el proceso. La separación entre quienes siendo insurgencias van a Justicia Transicional; y siendo grupos de narcotráfico, pueden obtener beneficios penales a través de la Justicia Penal Ordinaria, con la seguridad de que desarticulen sus organizaciones, no se reciclen los capos y dejen de matar”, señaló.
Para ello, se necesitan de dos pasos: “La presentación de la Ley de Sometimiento de la Justicia que le ofrezca claridad y seguridad a los colombianos; (...) y una política de seguridad que garantice el control del territorio, la seguridad de todos los colombianos, el respeto a la Constitución y a la Ley y también la vida de quienes se sometan a ceses al fuego y de los verificadores”, concluyó.
Respuesta de la Fiscalía General de la Nación tras la solicitud del Gobierno
Cabe recordar el comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación en donde se puede leer su negación a suspender las órdenes de captura y a dejar en libertad a 16 peligrosos criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca.
En el documento de 7 páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, y firmado por la vicefiscal Martha Mancera, el ente investigador le dice al comisionado de paz, Danilo Rueda: “La Fiscalía General de la Nación no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el Presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Cabe señalar que el criterio de la Fiscalía expuesto en esta respuesta se plantea sin perjuicio de la autonomía e independencia de los jueces de la república al momento de pronunciarse frente a las solicitudes de suspensión de órdenes de captura”.
Se trata de 16 criminales, entre los que están alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo, y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado dirigir a Los Pachenca.
Para la Fiscalía, la petición del Gobierno Petro no procede porque estos criminales forman parte de Grupos Armados Organizados (GAO) “sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia. Cabe aclarar que las resoluciones remitidas a la entidad no especifican cómo calificó la instancia de Alto Nivel a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de acuerdo con lo previsto en la Ley 2272 de 2022″.
Además, explica la Fiscalía: “Los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), los Grupos Armados Organizados (GAO) y las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto no pueden tener los mismos tratamientos judiciales, penales y/o penitenciarios. Lo anterior, en la medida en que el reconocimiento de un estatus político es excepcional, mientras que el sometimiento a la justicia es la regla general. Una interpretación diferente conllevaría desnaturalizar la política criminal contra el crimen organizado, la diferenciación adoptada por el Legislador y por la jurisprudencia de las Altas Cortes (como se verá a continuación) y, en últimas, pondría en tela de juicio el principio de legalidad”.