En las últimas horas, cuatro senadores miembros de la Comisión Accidental para rehacer la lista de elegibles para el cargo de contralor general, renunciaron a dicha tarea por la posibilidad de líos jurídicos y prevaricato si se sigue con el proceso.
Humberto de la Calle, Miguel Ángel Pinto, Lidio García Turbay y Juan Felipe Lemos argumentaron que no se podía desconocer la lista de candidatos creada y modificada por el Congreso anterior, la cual se ajusta a los pedidos de los tribunales en materia de equidad de género y méritos.
Frente a estas renuncias, Roy Barreras, presidente del Senado y principal impulsor de rehacer la lista, agradeció a los congresistas que decidieron cumplir con sus funciones en la Comisión Accidental. Al mismo tiempo, recalcó que no es posible renunciar a la misma.
“Agradezco a TODOS los congresistas que han confirmado esta mañana que cumplirán con su deber constitucional y legal NO RENUNCIABLE de ejercer sus funciones mañana en la Comisión que adelantará el proceso de selección de los 10 elegibles al cargo de contralor”, agradeció el senador en sus redes sociales.
Incluso, aseguró que estos senadores podrían incurrir en prevaricato por omisión de sus deberes como funcionarios públicos.
“A todos reitero tranquilidad absoluta del correcto proceder jurídico a pesar de que los amenazan con prevaricatos INEXISTENTES. El único prevaricato real es la OMISIÓN en el ejercicio de sus funciones. El miedo NO es causal para dejar de cumplir con el deber. Aquí las normas”, publicó Barreras adjuntando la ley.
En una foto, el senador mostró el artículo 414 del Código Penal, en el cual se explican las causales de la falta grave.
“El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses”, dice el artículo citado por el líder del Pacto Histórico en el Congreso.
Junto a ese aparte, el senador también mostró el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, la cual describe la constitución de una falta disciplinaria.
En ella, se cita el “incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad”.
También cita el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en el cual se exponen las repercusiones de desacato a una orden de un juez. “Incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales”, dice.
Para tomar esta decisión, Barreras y Racero argumentaron que se debe recomponer debido a que la candidata Karol González renunció a su aspiración, lo que obligaría a llenar esa vacante para completar de nuevo los 10 finalistas. Además, ambos congresistas señalan que se debe revisar plenamente el cumplimiento de “los criterios de transparencia, mérito y género en este proceso”.
Con este propósito, los presidentes del Senado y la Cámara dieron a conocer este lunes los nombres de los congresistas que conforman la nueva comisión accidental que se encargará de hacer la nueva selección. Y anunciaron que este mismo jueves se conocerá la nueva lista de elegibles, el 11 de agosto se harán las audiencias públicas en las plenarias de ambas corporaciones y el 18 de este mismo mes se hará la elección final.