Una de las premisas del actual gobierno colombiano es poder entregarles tierras a campesinos para que estas puedan ser trabajadas por ellos. Por eso mismo, el Gobierno y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) firmaron el acuerdo de compra de tres millones de hectáreas dentro de la política de reforma agraria que adoptará esta administración para permitir el acceso a tierra en varias regiones del país.

Para este proceso de la entrega de tierras a campesinos, que ahora serán propiedad del gobierno, Rudolf Hommes propuso que las universidades estén presentes en este proceso y que jugarían un papel fundamental.

“Es arriesgado entregar tierra a campesinos sin contar con un servicio local confiable y profesional de extensión agropecuaria no clientelista. Su organización y ejecución se le podría confiar a la Universidad Nacional en asociación con universidades regionales”, opinó Holmes por medio de su cuenta oficial de Twitter.

El Gobierno destacó: “El objetivo de la compra directa tiene como propósito alimentar el Fondo Nacional de Tierras, creado en la Reforma Rural Integral, para avanzar en la asignación de derechos en el marco del cumplimiento del Acuerdo Final, y del compromiso del Gobierno nacional con la democratización de la tierra y el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades campesinas, pueblos afrocolombianos e indígenas”.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con sus instrumentos y herramientas de política pública, determinará la destinación específica de cada una de las tierras.

Para la ejecución de este acuerdo se creará una mesa de trabajo que, por parte del Estado, será liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con participación de la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y las diferentes entidades públicas que tengan competencia para lograr su materialización, y en la cual tendrán participación también las personas que designe Fedegán.

Hay más dudas

Este acuerdo, no obstante, contrario a las otras herramientas para conseguir tierra, implica que el Estado se tendrá que meter la mano al bolsillo. Petro reconoce que su principal reto es conseguir al menos 60 billones de pesos, casi tres veces lo que busca recaudar con la reforma tributaria, para comprar tierra. Y, hasta el momento, según indagó SEMANA con el Ministerio de Agricultura, no está clara la fuente de financiación.

Como la filosofía del acuerdo plantea que serán procesos de compraventa voluntarios, el Gobierno depende del ofrecimiento que le hagan los ganaderos para determinar el precio al cual comprará la tierra. No es lo mismo un predio con pocas rutas de acceso, que un terreno con conexión a vías principales.

Inicialmente, el documento del acuerdo firmado detallaba que el pago se efectuará con bonos de deuda pública “u otra forma que determine el Gobierno”. Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo públicamente que no está autorizado a comprar tierras con títulos de deuda pública (TES), un aspecto en el que difiere la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien manifestó en SEMANA una opinión contraria.

“No descarto lo de deuda, sé que meter al país en más endeudamiento ahora con estas tasas de interés que se están manejando no es tan fácil, pero estamos ante una oportunidad histórica, pero iremos viendo qué otros recursos tenemos”.

Por ahora, en lo que se ha avanzado es en solicitar un préstamo de 100 millones de dólares, que será entregado por el Fondo Verde para el Cambio Climático de la ONU, que servirá para poner en marcha proyectos productivos, lo que liberará recursos del presupuesto para la adquisición de predios.

Uno de los planteamientos que ha hecho la Ministra es la creación de un fondo especial en el que se incluyan los recursos para poderlos ejecutar en los próximos años, sin tener la presión que genera el presupuesto general de la nación, que obliga a ejecutar en un año.