Toda una ola de indignación se ha generado en varios sectores del país por cuenta del decreto que firmó en las últimas horas el presidente Gustavo Petro con el que aumenta 7,26 % el salario de los congresistas.

Actualmente, el sueldo neto de los congresistas es de 35.316.133 pesos, por lo que el incremento será de 2.563.973 pesos. Lo que significa que el sueldo neto de los senadores y representantes pasará a ser de 37.800.000 pesos.

A pesar de que esto le ha generado críticas al presidente Petro, la realidad es que el aumento anual para los senadores y representantes es una obligación que establece el artículo 187 de la Carta Política. Es decir, el jefe de Estado no se puede negar a hacerlo.

“La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el contralor general de la República”, dice el artículo 187 de la Constitución.

A pesar de los múltiples intentos que se han hecho, no se ha podido cambiar esta fórmula, pues para esto se requiere tramitar una reforma constitucional en el propio Congreso de la República. Y esta vez, a pesar de que el Legislativo actual tiene una importante presencia de los llamados sectores alternativos, al parecer tampoco será la vencida

Iniciando el periodo de los actuales parlamentarios se radicaron tres proyectos con el propósito de reducir el salario de los congresistas, la única iniciativa que aún sobrevive en el Congreso es la presentada por el Centro Democrático, con la que se busca inicialmente poner un impuesto del 20 % al salario de los congresistas hasta 2026 y a partir de ese año bajar la remuneración a máximo 25 salarios mínimos.

La reforma ya superó sus dos primeros debates y debe superar otros dos para continuar con vida en el Legislativo. Sin embargo, el proyecto está prácticamente hundido en el Congreso por la falta de tiempos para su discusión y las dudas jurídicas.

Por tratarse de una reforma constitucional, este proyecto debe superar debates más antes del 16 de diciembre para poder continuar su trámite.

Es decir, para continuar con vida debe ser aprobado en tercer debate por la Comisión Primera de la Cámara a más tardar este viernes, algo que resulta muy complicado si se tiene en cuenta que ya la mayoría de los congresistas están en sus regiones, pues la mesa directiva de la comisión no tiene previsto sesionar más durante esta semana.

La única salvación sería que la mesa directiva de la Comisión Primera reversara su decisión y citara, para este jueves o para el viernes, algo muy difícil.

Adicionalmente, se ha generado toda una discusión jurídica por cuenta de una modificación en el segundo debate en el Senado, que fue considerada como una ‘jugadita’ para evitar que los parlamentarios se bajen el sueldo.

La modificación, propuesta por la senadora de Angélica Lozano, señala que ya no habrá que esperar hasta 2026 para que la remuneración de los congresistas baje a 25 salarios mínimos, sino que esto se aplique de manera inmediata, es decir, desde julio de 2023 que es cuando se tiene previsto que este proyecto culmine su trámite.

Este cambio, que finalmente fue aprobado, si bien resulta llamativo para la galería, podría resultar problemático, pues abre la puerta a que pueda caerse en la revisión que debe hacer la Corte Constitucional por afectar los derechos adquiridos de los actuales congresistas.

Es decir, cualquier senador o representante que se sienta perjudicado podría ir al alto tribunal a demandar la norma y la Corte le podría dar la razón, debido a que cuando se hizo elegir su salario era superior, por lo que le estarían cambiando las reglas de juego en medio del partido.

Adicionalmente, con la aplicación inmediata, se abre la puerta también para que los congresistas en los próximos debates se declaren impedidos para no incurrir en conflicto de interés.

En pocas palabras, los colombianos estamos a punto de asistir a una nueva promesa incumplida de los congresistas.