Una nueva polémica se sumó al propósito de paz total en el que está empeñado el gobierno del presidente Gustavo Petro y que ha tenido críticas desde diferentes sectores. En esta ocasión, por cuenta de dos disposiciones propuestas en la prórroga y modificación de la Ley 418 o de orden público y que comenzará a debatirse y votarse este miércoles, en la plenaria del Senado.

La iniciativa, en principio, busca darle algunas herramientas al Gobierno nacional para que avance en procesos de paz con grupos armados ilegales que tengan un origen político y dejar sentado que la búsqueda de la paz en el país será una política de Estado que trascendería a los gobiernos de turno.

Esta ley de orden público es prorrogada cada cuatro años por los gobiernos, pero, en este caso, está siendo aprovechada también para dejar las bases de la búsqueda de la paz total que propone la administración de Petro.

Este proyecto ya superó su primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara, las cuales lo debatieron y votaron de manera conjunta, y este miércoles tiene una nueva prueba en la plenaria del Senado. Si lo supera, solamente le restaría el debate final en el pleno de la Cámara de Representantes.

En la ponencia o texto que se debatirá en el Senado este miércoles aparecen dos propuestas que desde ya están generando controversia entre diferentes sectores políticos por los alcances que le podrían dar al Ejecutivo.

Una de ellas tiene que ver con el artículo 17 de la iniciativa, el cual plantea: “Facúltese al Presidente de la República para que, en el marco de la política de Paz Total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta”.

Esto quiere decir que, en caso de aprobarse este artículo, el mandatario de turno, en este caso el presidente Gustavo Petro, podría indultar a los ciudadanos condenados por delitos que hayan sido cometidos en medio de una protesta o de una marcha, así estas conductas no estén relacionadas directamente con las manifestaciones.

En este momento hay varios detenidos en diferentes cárceles del país señalados por presuntos delitos que habrían sido cometidos en las protestas que se han dado en los últimos años en el país, pero que no tendrían nada que ver con el ejercicio de la protesta. Entre los delitos por los cuales están investigados estos ciudadanos están lesiones personales y daños en bien público como, por ejemplo, sistemas de transporte masivo como TransMilenio.

En estos procesos hay varios jóvenes de la llamada ‘primera línea’, la cual, según los promotores de esas manifestaciones, fueron los encargados de estar al frente de las protestas y enfrentar los supuestos abusos de algunos integrantes de la fuerza pública.

Estas personas -de acuerdo con la propuesta en la prórroga y modificación de la ley de orden público- si son condenadas por cualquier delito “en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta”, podrían ser indultadas por el presidente de la República. Este artículo, seguramente, será uno de los más debatidos en el Senado, este miércoles.

La otra disposición propuesta es un artículo transitorio revelado por Noticias Caracol y que plantea: “El Presidente de la República podrá designar como promotores de convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentren privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta, para lo cual podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la orden de captura o la medida de aseguramiento. Lo anterior no implica la suspensión o terminación del proceso penal”.

Esta propuesta también estaría orientada a la protección de los derechos de los ciudadanos que estén siendo procesados por presuntos delitos cometidos en medio de las manifestaciones sociales, pero que no hayan sido condenados todavía.

Lo llamativo del tema es que, para diferentes sectores, las marchas realizadas por la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado 26 de septiembre se llevaron a cabo sin ninguna alteración del orden público, lo que, para muchos, demostró que sí es posible la protesta social sin violencia ni detenidos por las autoridades.