Juan Manuel Santos propuso “despenalizar la droga, si el mundo lo acepta”. No es la primera vez que el mandatario de Colombia, uno de los países con mayor autoridad para hablar de lucha contra las drogas, se muestra partidario del cambio de la política prohibicionista. Por eso, Santos se ha mostrado dispuesto a participar de un debate, y sus palabras son recibidas en la región como las de un mandatario que admite que la política contra las drogas, sustentada en la represión y la prohibición, no ha entregado los resultados esperados. Pero de ahí a que en el mundo se cambie esa política, o por lo menos se discuta ese escenario, es otra cosa. A pesar de que muchos sectores académicos, sociales, y sobre todo de intelectuales, consideren que la despenalización pueda ser la fórmula para ponerle fin a la “maldición del narcotráfico”, como dijo uno de los tantos congresistas que respaldaron la propuesta de Santos, la comunidad internacional aún no está dispuesta a asumir el fracaso de la política de represión. ¿Por qué no se da el debate? Expertos colombianos se atreven a explorar algunas razones. La falta de liderazgo de Estados Unidos La principal razón para que no se cambie la política contra las drogas es que no hay acogida en Estados Unidos, dice Juan Manuel Galán, senador colombiano integrante de la Comisión latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Aunque haya algunos Estados con iniciativas propias para cambiar el modelo, el gobierno federal “no ha estado a la vanguardia. En Estados Unidos no hay una masa crítica que permita el cambio de la política”, sostiene Galán. Aunque parece crecer el consenso sobre el fracaso de la lucha contra las drogas, en Estados Unidos, dice Galán, no es fácil la interlocución con los legisladores, de ambos partidos, de ese país. “No les interesa el tema, no lo consideran prioritario”. Temor a Estados Unidos Y además de esa falta de liderazgo de Estados Unidos, la comunidad internacional tampoco lidera el debate o, por lo menos, lo maneja “con mucha cautela”, según el investigador Alfredo Rangel, director de la fundación Seguridad y Democracia. Sostiene Rangel que Estados Unidos asumió el liderazgo del prohibicionismo, y cualquier otro Estado teme al aislamiento o las “sanciones” de tipo comercial o diplomáticas si va en el sentido contrario a esa política. Una actitud más propia de los Estados latinoamericanos que no quieren ninguna enemistad con Estados Unidos y menos poner en riesgo sus intereses económicos. El papel de la ONU Naciones Unidas también se ha convertido en talanquera para que prospere el debate. Cada año, en Viena (Austria), se desarrollan tres convenciones que mantienen vigente la política prohibicionista, y esas convenciones “son una camisa de fuerza para hacer un debate”, dice Galán. Rangel también considera que en Naciones Unidas se ha promovido el consenso internacional en torno al prohibicionismo y se ha transformado en un “grupo de interés” por la “enrome burocracia alrededor de esa política. “Son muchos los documentos que han firmado todos los Estados adscritos, que los obliga a desarrollar una política de corte prohibicionista”. Despenalización, tema tabú Aunque las palabras de Santos parezcan de avanzada, la despenalización de la droga sigue siendo un tema tabú, incluso en América Latina, donde esa política prohibicionista ha tenido mayor impacto y ha generado inmensos costos en vidas humanas. México es uno de ellos. Juan Manuel Galán dice que el ambiente entre legisladores y el actual gobierno, de Felipe Calderón, es tan reacio como el de Estados Unidos. Y asegura que México está atravesando por los mismos embates violentos que vivió Colombia en los años 80, circunstancia que hace que el tema de la despenalización sea considerado todavía un tabú. En México nadie se atreve a poner el tema, ni a abrir el debate. Para Galán, el hecho de que México intente liderar el debate junto a Colombia le permitiría llegar a Washington con mayores argumentos para fomentar esa discusión. La responsabilidad compartida El año pasado, en una de las convenciones de lucha contra las drogas, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo un nuevo llamado a la responsabilidad compartida. “A menos que reduzcamos la demanda de drogas ilícitas, nunca podremos abordar plenamente el cultivo, la producción o el tráfico”. Pero en Colombia Alfredo Rangel asegura que eso es sólo retórica de parte de los países consumidores, pues a pesar de que suscriben compromisos para combatir el narcotráfico y reclaman a productores un mayor resultado, esos grandes consumidores se autoexcluyen de cualquier evaluación, monitoreo o rendición de cuentas, y varias de sus políticas van en contravía de ese compromisos. Menciona como ejemplo el hecho de que en Estados Unidos las políticas criminales contra la lucha contra el lavado de dinero sea muy precaria, mientras en Europa, los compromisos para el control de reactivos químicos es “marginal”. La agenda inmediata Rafael Nieto, exministro de Justicia, considera que el debate sobre la política contra las drogas no está en la agenda prioritaria ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de la comunidad internacional, como sí pasa en países productores. Considera que el debate se ha quedado en sectores académicos y de intelectuales, pero que no trasciende. “Ni siquiera está en la agenda latinoamericana”. ¿Es la mejor solución? Nieto también considera que no se ha zanjado aún el debate sobre si la despenalización de la droga sería la fórmula más efectiva. Comparte la tesis de que podría acabar con el negocio ilícito, pero asegura que la despenalización traería otros inconvenientes. Dice que por más que el tema sea abordado como un problema de salud pública, el consumo de droga tiene los niveles mayores de adicción y trae consecuencias en la salud de quienes lo consumen. “Esos argumentos son muy poderosos a la hora de la discusión”. Sin políticas alternativas Juan Manuel Galán defiende la tesis contraria y está a favor de la despenalización, y sobre todo de la “descriminalización”, es decir, que el consumo se deje de calificar como un crimen. Pero asegura que eso requiere de un mayor esfuerzo de prevención, y en el mundo no existen ese tipo de iniciativas, pues la prevención se ha reducido a colgar un afiche o adelantar seminarios. Pero la prevención, señala Galán, es buscar la forma que la comunidad educativa, los padres, los estudiantes, maestros, rectores, la empresa privada y la academia diseñen estrategias que, por ejemplo, desarrollen técnicas para resistir la presión de grupo. “En eso no se invierten dineros”. En el mundo, según recientes informes, 40.000 millones de dólares se gastan en persecución y castigo, y sólo 2.000 en prevención. “Colombia podría tomar la delantera, no generaría resistencia y propondría a Naciones Unidas una gran convención internacional sobre prevención, sería la forma de liderar el debate”. En Estados Unidos, recuerda Galán, también fracasó la política de prevención, especialmente la diseñada en California, donde los policías uniformados fueron los que se encargaron de concientizar a los menores sobre los riesgos de las drogas. ¿El resultado? Despertar la curiosidad. Galán dice que para hablar de despenalización y descriminalización, primero hay que fortalecer las políticas de prevención. En consecuencia, el debate internacional sobre la conveniencia de la despenalización parece muy lejano. Y aunque haya sectores sociales y políticos en favor de la discusión, ese debate sigue teniendo obstáculos y talanqueras. De momento, las palabras de Juan Manuel Santos parecen no tener eco.