La política de paz total del presidente Gustavo Petro está pasando por su peor momento desde que se empezó a aplicar en el país y abrió caminos para dialogar con diferentes grupos criminales en el país.
A la medianoche del sábado 3 de agosto, el Decreto 1117 del 5 de julio de 2023, que pactó el cese al fuego bilateral, quedó sin efecto alguno y el mecanismo es historia. Aunque el Gobierno Petro intentó por todos los medios hacer una prórroga, los integrantes del ELN cortaron toda comunicación y dejaron que el tiempo se agotara.
Sin embargo, la guerrilla había continuado toda su actividad delictiva, por lo que en la práctica los efectos de dicho cese al fuego no habían sido benéficos en el territorio nacional, excepto para que ese grupo criminal se fortaleciera mientras que las Fuerzas Militares estuvieron maniatadas.
Al margen de esa discusión, lo cierto es que el diálogo con este grupo criminal se había enfriado desde hace algunos meses por cuenta de la mesa regional que decidió abrir Otty Patiño, comisionado de Paz, con el frente Comuneros que opera en Nariño y es una disidencia del ELN. El Comando Central interpretó esta acción de Patiño como un incumplimiento y desde ese momento se congelaron las negociaciones.
En varias ocasiones los negociadores del Gobierno Petro enviaron mensajes a los delegados del ELN para reunirse y analizar el panorama de los diálogos, pero nunca hubo una respuesta concreta. Los días pasaron y solo se conocían escritos de Antonio García, comandante del ELN, en los que lanzaba duras críticas contra el Ejecutivo y hablaba de incumplimientos.
Vera Grabe e Iván Cepeda, jefes negociadores y quienes siempre han tenido una gran paciencia con el ELN, se cansaron y acudieron a la misma vía para pedirles que públicamente dijeran si estaban interesados o no en seguir dialogando. Nunca hubo respuesta y, por el contrario, ese grupo criminal siguió delinquiendo.
A pesar de que la ONU y la Iglesia católica hicieron llamados a las partes para que se reunieran y se buscara la manera de prorrogar el cese por unas semanas, nada se logró concretar. El Comando Central reapareció el 3 de agosto en la mañana con una petición absurda y que demostró que ya no había nada por hacer: el cese se vencería sin acuerdo alguno.
A través de un comunicado, el ELN le comunicó al Gobierno nacional su postura frente a la continuación de los diálogos de paz. De acuerdo con la guerrilla, si se quiere continuar con el cese al fuego bilateral, deben sacar al ELN de la lista de Grupos Armados Organizados.
En primer lugar, la guerrilla aseguró que no tenía el propósito de seguir una “guerra de comunicados” con el Gobierno. De esa forma, dijo haber cumplido todos los acuerdos hasta ahora, mientras que el Estado muestra un “reiterativo incumplimiento”.
“Hasta el momento el ELN ha cumplido todos y cada uno de los acuerdos firmados. Por parte del Gobierno hemos asistido a su reiterativo incumplimiento que ha sometido a cíclicas crisis el proceso de paz, ha hecho caso omiso a nuestras solicitudes y pretende con un manejo mediático modificar o tergiversar lo pactado”, señaló en el comunicado.
Sin embargo, manifiestan que “existe un camino” para retomar las conversaciones y es “cumplir los acuerdos que hemos señalado como incumplimientos de parte del Gobierno”.
“Aprovechando que su delegación de diálogos ha manifestado que ‘existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde’, entonces la haga efectivo decreto presidencial retirando al ELN de la lista de los GAOr”, se lee en el documento.
Lo escrito en ese comunicado evidenciaba que no habría prórroga y que sencillamente el ELN estaba enviando un mensaje al Gobierno Petro. Sobre esa petición del grupo criminal, José Félix Lafaurie dijo que era una postura extorsiva y que el Ejecutivo no podía complacer a ese grupo.
“Absolutamente inadmisible pretender a última hora que el Gobierno le dé un estatus de legitimidad a un grupo calificado como terrorista. No solamente es violar la Ley 1908 del 2018, sino incumplir otra ley del año 94 que aprueba el protocolo adicional a los convenios de Ginebra”, dijo el negociador.
Sobre este tema, la senadora María Fernanda Cabal dijo que el ELN quiere obtener un estatus a través de presiones por lo que pidió al Gobierno Petro mantenerse firme para proteger a los ciudadanos y rechazar las pretensiones de los elenos.
“El ELN ha demostrado reiteradamente su desprecio por los acuerdos de paz y por la seguridad del país, siendo responsables de innumerables actos de violencia, secuestro y narcotráfico. Sus acciones no solo han puesto en peligro la integridad territorial y la seguridad nacional, sino que también han afectado gravemente la vida de miles de colombianos inocentes. Ceder a sus demandas sería traicionar la memoria de las víctimas y poner en riesgo la estabilidad y el orden público de nuestra nación”, dijo.
Juan Camilo Restrepo, quien estuvo al frente de la delegación de paz en el Gobierno Santos para los diálogos con el ELN, resumió esa petición del grupo criminal en una idea de buscar un estado de beligerancia que les permitiría un reconocimiento del derecho internacional humanitario al considerar que están alzados en armas en contra de una dictadura o un estado ilegítimo, caso que no es el de Colombia.
“El reconocimiento del estado de beligerancia le otorga al grupo que lo reciba la facultad, entre otras cosas, para administrar e impartir justicia dentro del territorio que acrediten controlar, y una serie de otras prerrogativas que los facultan para actuar como un “estado dentro de otro estado””, dijo.
Aunque ese escenario ya se descartó y el Gobierno Petro no respondió a la petición del ELN, está claro que el grupo criminal buscará ese reconocimiento y si continúa la mesa de diálogo, será algo que pida nuevamente.
En la teoría, porque falta conocer la orden del Gobierno Petro, las Fuerzas Militares tendrán que copar de inmediato todas las zonas donde opera el ELN y combatirlas para proteger a los colombianos de sus actividades delincuenciales. No obstante, ese trabajo no será fácil porque el mecanismo duró más de un año y la guerrilla debe estar más fortalecida que de costumbre.
En la historia del ELN hay evidencia de que al terminar estos procesos de cese al fuego, buscan mostrar un “fortalecimiento” a través de acciones terroristas por lo que no está descartado que en esta ocasión quieran hacer lo mismo.
Sobre este particular, Lafaurie aseguró que los colombianos deben estar tranquilos porque “si viene una escalada de violencia por parte de ellos, pues la fuerza pública, en defensa del ciudadano, tendrá que confrontarlos de manera debida y en consecuencia no hay que asustarse porque se termine el cese de fuego”.
Por ahora, se desconoce el futuro de la negociación que el Gobierno Petro presentaba como la más avanzada de su política de paz total y diferentes voces piden reorientar el rumbo de la misma por considerar que sencillamente se están entregando beneficios a los elenos.
Sumado a todo este panorama, la crisis en Venezuela por el fraude electoral de Maduro también complica el tema de los diálogos porque ese país es garante de los diálogos y en este momento no sería bien visto que delegados del Gobierno colombiano viajaran a reunirse con guerrilleros. Para nadie es un secreto que algunos de los elenos están protegidos por el régimen y esa situación política también tiene tambaleando las negociaciones de paz en Colombia.