En octubre de este año, los colombianos deberán acudir a las urnas para las elecciones regionales, en las que se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.
A pesar de que aún falta tiempo para estos comicios, la organización electoral abrió desde el 29 de octubre del año pasado la inscripción de cédulas para quienes deseen cambiar su sitio de votación, lo cual podrá realizarse en las registradurías municipales o locales y en los lugares que habilite la entidad electoral para ello.
Sin embargo, en el Consejo Nacional Electoral las alertas están encendidas por la alarmante cifra de inscripción de cédulas en algunos municipios del país.
Lejos de mostrar un gran interés por la democracia, la desproporción que se presenta en varios territorios podría mostrar que algunos avivatos están aprovechando este período para engañar a algunos ciudadanos para que inscriban su cédula en una ciudad distinta de la que residen o trabajan, a cambio de algún incentivo.
Esto es lo que se conoce como trashumancia o trasteo de votos y es un delito castigado con penas de cárcel.
Mediante la Ley 599 de 2000, por medio de la cual se expidió el Código Penal Colombiano vigente, se tipifica como delito esta conducta en el artículo 389, el cual dispone: “El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses”.
La trashumancia electoral es conocida como “trasteo de votos” y es calificada por las altas cortes como una práctica maligna y antigua que es preciso combatir y eliminar.
Ante las denuncias, el CNE abrió en las últimas horas investigación de oficio por la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, con el propósito de frenar un posible trasteo para la jornada del próximo 29 de octubre.
Según el reporte revelado por el organismo electoral, el caso más dramático es el de Morichal, un pequeño municipio del Vaupés que hasta octubre del año pasado tenía un potencial electoral (personas habilitadas para votar) de 180 sufragantes, pero donde solo en los últimos seis meses se han inscrito 336 personas, es decir un crecimiento del 186 % en el potencial electoral. ¿A qué se debe el inusitado interés por ir a votar a este territorio?
Otro de los casos atípicos es el de Puerto Santander, en el Amazonas, donde el potencial electoral creció un 61 % entre octubre de 2022 y abril de este año.
Para hacerse una idea, generalmente la inscripción de cédulas en un municipio crece el potencial de votantes en máximo 10 %, lo que indica que en el caso de Puerto Santander está seis veces por encima de la media nacional.
No se puede olvidar que el ciudadano que ha incurrido en el delito de trashumancia también estará incurriendo en el delito de falso testimonio, ya que al momento de realizar la inscripción de la cédula, la persona está declarando bajo juramento que efectivamente habita en la ciudad, corregimiento o inspección de Policía correspondiente.
Por ello, es importante aclarar que quien no haya cambiado su domicilio desde las últimas elecciones, no tiene por qué volver a inscribir la cédula y podrá votar donde lo hizo la última vez.
El caso de Pueblo Bello
Justamente para evitar estos casos, el CNE le metió dientes hace algunos días a la posible trashumancia electoral en Pueblo Bello, en César, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
SEMANA conoció detalles de la tarea que empezaron a adelantar los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y César Augusto Lorduy, quienes investigarán de fondo el tema.
Ellos, junto a los demás magistrados del CNE, viajaron hasta las profundidades del municipio y evidenciaron cómo los arhuacos pedían, casi a gritos, que las autoridades electorales examinaran históricamente el movimiento y la inscripción de cédulas de ciudadanía en su caserío. Según afirmaron algunos pobladores, políticos de la zona habrían inscrito en el sector a varios ciudadanos para resultar victoriosos en las urnas en las elecciones regionales.
Los magistrados llegaron hasta la Sierra Nevada, escucharon las preocupaciones que son históricas y decidieron firmar un auto donde quedó especificada su preocupación porque se acercan las elecciones regionales de octubre de 2023.
Lo primero que hizo el CNE fue decretar algunas pruebas, entre las cuales solicitó a la Registraduría, a través de la Dirección Nacional del Censo Electoral, que remita en 5 días hábiles el cruce de todas las cédulas que se encontraban inscritas en el censo electoral de Pueblo Bello, César, aptas para votar en las elecciones presidenciales del 19 de junio de 2022.
Además, las bases de datos de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones (OIT), el Archivo Nacional de Investigación, el potencial de inscritos en el departamento y municipios, las bases de datos de clientes de los operadores de telefonía celular, del sistema de seguridad social Adres, la información de la Oficina de Instrumentos Públicos, la de Migración Colombia, entre otras.
La idea, según los magistrados, es cruzar la información y determinar si los electores que participaron en las elecciones pasadas viven en la zona o inscribieron su cédula a última hora. O, más aún, identificar quiénes son los verdaderos pobladores del pueblo arhuaco y quienes inscribirán sus cédulas en medio del conocido trasteo de votos en las próximas semanas.