El Gobierno de Gustavo Petro logró sacar el tercer debate del proyecto de ley de reforma política en la Comisión Primera del Senado, en medio de una sesión nocturna en la que los legisladores dejaron ese articulado a un debate de ser aprobado.
Sin embargo, hubo un golpe para las pretensiones del Ejecutivo en medio de la discusión del texto, porque se cayó el artículo que permitía que el Estado otorgase financiamiento a las agrupaciones políticas que no alcanzaran el umbral.
Ese punto se hundió gracias a una proposición del senador Jota Pe Hernández y su eliminación del compendio del texto significaría una afectación para los intereses de asociaciones políticas de menor tamaño, como el Partido Comunes, integrado por los exguerrilleros de las Farc.
Y es que esa colectividad tendrá que medirse en la próxima elección nacional para jugarse su continuidad en la esfera política del país con personería jurídica y no está claro qué tantos votos podría alcanzar en los comicios.
Hasta ahora sus legisladores habían estado en el Congreso gracias a los escaños que se les otorgaron con la firma del Acuerdo de Paz, pero a partir de 2026 estos tendrán que medirse con las mismas reglas de juego del resto de movimientos y partidos políticos.
“Se cae artículo de la reforma política que permitía la entrega de personerías y financiamiento del Estado sin necesidad de alcanzar el umbral, como actualmente está reglamentado. Se perjudica el partido de las antiguas Farc (Comunes)”, comentó el senador Hernández.
La proposición de eliminación del artículo 2º de la reforma política argumentó que la falta de un requisito de umbral para acceder a la financiación estatal a las asociaciones políticas llevaría a una proliferación de movimientos políticos.
“Este artículo exacerbaría el problema al permitir que movimientos pequeños con poca representatividad evolucionen hacia partidos formales, aumentando el costo operativo del sistema político e incrementando los gastos para el Estado sin garantías de mayor calidad en la representación política”, detalló la ponencia de archivo.
En esa proposición se argumentó la hipótesis de que el aumento de partidos y movimientos políticos puede confundir a los votantes y dificultar el discernimiento que estos hacen al acudir a las urnas.
Además, se sustentó que la eliminación de la participación de los grupos significativos de ciudadanos para articularlos como movimientos políticos “podría restringir el pluralismo político, un pilar fundamental de la democracia participativa”.
La reforma política contempla la financiación estatal a campañas, la implementación de listas cerradas con equidad de género y lo que el gobierno ha presentado como una autoridad electoral independiente.
Sin embargo, sobre este último punto se mantiene el rol de los congresistas para elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral y el ajuste que se hace en relación con ese punto es el análisis de las hojas de vida previo a la votación en el Congreso.
Ahora la reforma política del Gobierno Petro quedó a un debate de ser aprobada por el Congreso.