Casi dos años después de anunciar la recolección de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el proceso volvió a agitarse por cuenta de algunas decisiones judiciales sobre la certificación de los apoyos para avanzar con este mecanismo de participación ciudadana.
La revocatoria del alcalde de Medellín se convirtió en toda una novela, en la que han tenido participación la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, ahora, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado.
El pasado 26 de abril, el Consejo Electoral se abstuvo de certificar las cuentas que presentó el comité ‘Pacto por Medellín te salvará, porque te amamos te vamos a recuperar’, el cual recogió las firmas necesarias para solicitar una votación que definiera la salida de Quintero de la alcaldía de la capital antioqueña.
Esto debido a que, a juicio del tribunal electoral, se habrían presentado supuestas irregularidades contables que deben ser explicadas por los responsables del mecanismo. De hecho, el CNE abrió investigación y formuló cargos contra los integrantes de esta instancia, proceso que sigue avanzando.
Tras esto, la Registraduría Nacional se abstuvo de certificar esta parte del proceso y la votación para definir si Quintero sale o no del cargo quedó a la espera de que concluya la investigación del Consejo Electoral. En ese momento, diferentes sectores interpretaron que el mecanismo había llegado a su fin debido a la ausencia de la certificación por parte de las autoridades electorales.
En medio de esta polémica jurídica, algunos ciudadanos interpusieron recursos de nulidad y acciones de cumplimiento contra las decisiones de las autoridades electorales argumentando que una cosa era la investigación que realiza el CNE por las presuntas irregularidades en el financiamiento de la recolección de firmas, y otro el procedimiento que tenía que cumplir la Registraduría, la cual debía citar a la revocatoria independientemente de la suerte jurídica de los promotores del mecanismo.
El pasado 9 de noviembre se conoció una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en la que les dio la razón a estos ciudadanos y ordenó que la Registraduría Nacional que convocara la revocatoria de Quintero.
Entre los argumentos están que la obligación legal de esta entidad electoral se debe ejercer “con total independencia de las decisiones que adopte el Consejo Nacional Electoral en función de las investigaciones que adelante en ejercicio de la función de inspección vigilancia y control” sobre las cuentas de la recolección de firmas para solicitar la revocatoria.
Sin embargo, el Consejo de Estado, en una decisión fechada el 3 de noviembre y que responde a otros recursos que tenían el mismo propósito, indicó que esto no era aplicable y que se debía resolver primero la investigación en el CNE y, posteriormente, determinar cuál será la suerte del mecanismo contra el mandatario local.
Para el alto tribunal, “si bien el trámite de la revocatoria a cargos de elección popular y el procedimiento administrativo sancionatorio por la violación de los topes autorizados para dicha iniciativa son distintos; lo cierto es que, en este caso, como el CNE formuló cargos al enunciado comité con el fin de determinar definitivamente aquella circunstancia, las resultas de la certificación que deberá expedir o no la RNEC (Registraduría) en cuanto al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de la iniciativa ciudadana, está sujeto a la resolución final del procedimiento administrativo relacionado en la resolución” que impidió el avance del proceso.
Esto se traduce en que la certificación de la Registraduría para realizar la convocatoria, en opinión del Consejo de Estado, sí está sujeta al resultado de la investigación que el Consejo Electoral desarrolla sobre el comité que recogió los apoyos y que habría incurrido en supuestas faltas y que, mientras este tema no se resuelva, la revocatoria no se puede hacer.
En este terreno, el Consejo de Estado es el superior jerárquico del Tribunal Administrativo de Antioquia lo que significaría que su decisión estaría por encima, lo que hace que la revocatoria de Quintero siga en el congelador y a la espera de las decisiones que adopte el tribunal electoral sobre los promotores de que el alcalde se vaya.