Sin que se haya radicado formalmente el proyecto de ley de reforma de la salud, la mayoría de las bancadas ya comenzó a tomar posiciones sobre el primer reto que tendrá el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso: la reforma de la salud, la cual, por lo dicho hasta el momento, no tiene para nada convencidas a las mayorías partidistas en el Capitolio.
Aunque el arranque de la agenda legislativa oficial será el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, esta iniciativa, generalmente, la aprovechan varios congresistas para incorporar temas que favorecen a sus regiones, y su aprobación no genera mayores traumatismos entre los partidos, siempre y cuando el Gobierno sepa maniobrar a las bancadas para conseguir su voto favorable.
Superado este trámite, hacia mediados de marzo, se vendría el primer pulso político fuerte del Gobierno Petro este año en el Capitolio, el cual girará alrededor de la aprobación de la reforma de la salud, una iniciativa que, por lo dicho hasta el momento, significaría un revolcón profundo en el manejo del sistema de salud.
Según lo que se ha conocido, ya que el proyecto de ley todavía no se ha dado a conocer, el modelo de salud en Colombia cambiaría radicalmente: se eliminarían las Entidades Promotoras de Salud (EPS), gran parte del manejo de los recursos de la salud recaería en entes oficiales y el presidente Petro tendría facultades extraordinarias para modificar ―como lo considere― el régimen laboral de los trabajadores de este sector.
Por supuesto, no han faltado las polémicas con organizaciones médicas y gremios y la propuesta oficial ha llevado, incluso, a que muchos ciudadanos defiendan el actual sistema de salud, tomando en cuenta el panorama desolador que pronostican varios expertos en este tema.
La cuestión en este caso es que para que el Gobierno nacional pueda hacer el revolcón que pretende necesita el voto favorable del Congreso, donde las fuerzas políticas ―incluidas las de la coalición oficial― ya comenzaron a manifestar su rechazo a la mayorías de las propuestas de las que ha hablado la ministra de Salud, Carolina Corcho.
Uno de los primeros en manifestarse fue el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, uno de los líderes políticos más influyentes del país. Este martes se supo que el exmandatario les pedirá a sus congresistas que “no permitan que Petro arrase con el sistema de salud”.
Gaviria, cuya colectividad hace parte de la coalición de gobierno, prepara un documento en el que planteará que se ajusten las EPS, se incentive a médicos y enfermeras, se acabe con el paseo de la muerte y se fortalezca el servicio para los colombianos, pero no arrasando el sistema ni devolviéndole las gestiones en salud a los entes gubernamentales, “pues han demostrado que no son capaces de administrar un auxilio de transporte pues lo desaparecen”.
Este martes en la noche también se conoció una columna de opinión de la presidenta del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, una de líderes políticas que más conoce el sistema de salud en Colombia. La excongresista insistió en que el Gobierno presente prontamente el proyecto de ley de reforma de la salud y permita un “amplio y profundo debate” para lograr avances en esta materia.
Toro no dudó en enfatizar los “avances” del modelo de salud actual, el que incorporó a las EPS, y habló de un aumento del 95 % en la cobertura desde que se aprobó este esquema, hace 30 años. Aunque admitió que hay problemas “que deben ser subsanados”, la dirigente advirtió que “determinar que permanezcan o no las EPS es una decisión que se debe tomar a través del consenso”.
“El Gobierno deberá explicar en su propuesta quién va asumir el papel y las funciones de estas entidades para así poder establecer su conveniencia”, pidió Toro.
SEMANA pudo establecer entre varios congresistas de la bancada del Partido de La U que son más las críticas a lo que se conoce de la reforma de la salud que las voces de apoyo, lo que significaría que, por el momento, el Gobierno tampoco tendría el respaldo decidido de esta colectividad.
Por los lados del Partido Conservador, la otra colectividad grande de la coalición de gobierno, el apoyo tampoco está certificado. Las peleas internas en el conservatismo y las incomodidades que sienten varios congresistas con el tratamiento que han recibido del Gobierno Petro, forzaron a que su bancada haya anunciado que revisará con lupas las reformas que se vienen, la primera de las cuales será de la de la salud.
Los ‘azules’ ya anunciaron que escucharán “de manera especial” a asociaciones y gremios de la salud y que su posición ―en este proyecto de ley y en las reformas pensional y laboral― “surgirá del acompañamiento y diálogos con los gremios, la academia, la ciudadanía y demás actores, definiendo la relación del Partido Conservador con el Gobierno nacional en la nueva legislatura”.
Esto se traduce en que los conservadores parecen adoptar una posición diferente con el Gobierno Petro este año y que para el trámite de las reformas planteadas escucharán primero a gremios y asociaciones antes de adoptar una posición en cada una de ellas.
En Alianza Verde, uno de los principales socios de Petro en la coalición de gobierno, el apoyo tampoco parece asegurado. Varios congresistas de los verdes le dijeron a esta revista que uno de los puntos que más les preocupan de la reforma de la salud es la posibilidad de que el manejo de los hospitales quede en manos de gobernadores y alcaldes, tomando en cuenta los altos riegos de corrupción que se abrirían en este escenario.
Y en los partidos independientes y de oposición también se han escuchado críticas. Según lo pudo conocer SEMANA, la mayoría de Cambio Radical, partido que está en la independencia, no tiene intención de acompañar la reforma de la salud, al menos por lo que se ha conocido hasta ahora. Y en el Centro Democrático, opositor, no hay posición definida, pero sí muchas críticas por parte de varios de sus congresistas.
Así las cosas, la expectativa por conocer el texto de la reforma de la salud es máxima en el Capitolio, donde la fecha de radicación del proyecto, nuevamente, es un misterio que sigue sin revelar el Gobierno nacional.