Hasta hace pocos meses, cuando aún era oposición, el presidente Gustavo Petro y los seguidores de su movimiento político, eran muy rigurosos a la hora de contabilizar cada uno de los asesinatos de líderes sociales y casos de masacres que se presentaban en el país.
Cada vez que se presentaba algún caso, las fuerzas que hoy ponen el Pacto Histórico salían a reclamarle al Gobierno por la desprotección de los líderes y defensores de derechos humanos en zonas de conflicto.
No obstante, ahora que el petrismo llegó al poder, y a pesar de que este flagelo sigue en Colombia, las palabras de rechazo y reclamo al Gobierno de parte de este sector político no se han hecho sentir con la misma fuerza que se hacía hasta antes del 7 de agosto, cuando Petro se instaló en la Casa de Nariño.
No obstante, la realidad es que este fenómeno de violencia sigue sin detenerse. Según el más reciente reporte de la organización Indepaz, que se ha dedicado a hacer este tipo de reportes, en lo que va de 2023 se han presentado 14 casos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Una situación similar ocurre con las masacres: van 14 casos en lo corrido de este año y 43 desde que se instaló el Gobierno Petro, de acuerdo con las cifras de esta misma organización. El más reciente se dio en Soledad (Atlántico), donde fueron asesinadas tres personas.
A esto se suma el hostigamiento y el terror al que siguen siendo sometidos los habitantes de zonas de conflicto.
“Continúa la grave situación para las comunidades de Argelia por los enfrentamientos iniciados el 5 de febrero. Al día de hoy según datos de la Defensoría, van 391 familias (713 personas) desplazadas, dos personas civiles heridas y un número sin determinar de confinados”, indicó Indepaz este viernes.
Las fallas de la paz total
El riesgo que siguen corriendo los líderes sociales se ha visto aumentado en los últimos días por cuenta de las fallas en la llamada paz toral.
Desde la campaña presidencial, Petro propuso silenciar todas las armas en Colombia y presentó un ambicioso proyecto que se convirtió en política de Estado, tras la modificación de la Ley de Orden Público: la paz total.
No obstante, con el paso de los meses, el camino de la paz total ha estado lleno de obstáculos. Lo más complicado ha venido ocurriendo desde el pasado 31 de diciembre, cuando el Gobierno decretó un cese bilateral al fuego. Lo sucedido esta semana con Jorge Luis Alfonso López, más conocido como el Gatico, por ser el hijo de Enilce López, mostró la fragilidad y el espinoso camino de la paz total. Su designación como facilitador de paz desató un escándalo. El Gatico fue condenado a 29 años de prisión por asesinar al periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, en un crimen ejecutado por los paramilitares.
El comisionado de paz, Danilo Rueda, le encargó la misión de facilitador para que López ayudara con los grupos organizados que operan en la costa caribe. Aprovechando esa situación, el Gatico pidió su libertad, aduciendo que necesitaba tiempo completo para adelantar las tareas. Y un juez se la concedió. De inmediato, estalló la tormenta en el país.
Por eso, Rueda tuvo que pedirle al juez que revocara la decisión porque no se ajustaba a las leyes vigentes. “Dicha designación está vigente por un periodo de dos meses y la labor como facilitador del señor López se ejercerá principalmente desde su lugar de reclusión, sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la justicia”, informó el comisionado en un comunicado.
Mientras tanto, en Tarazá (Antioquia), tres fiscales fueron secuestrados por el Clan del Golfo, al mando de alias Gonzalito, como lo denunció la Fiscalía. Este hecho obligó al cierre de la sede de la entidad en esa región y generó un nuevo choque entre el Gobierno y el ente acusador.
Los problemas con la paz total iniciaron al filo de la medianoche del 31 de diciembre, cuando se anunció un cese bilateral al fuego. El ELN desmintió al Gobierno Petro y lo señaló de haber tomado una decisión unilateral, pues sostuvieron que no fueron consultados.
Hoy, ese grupo armado continúa por fuera del cese al fuego. Todo esto sin contar con los grandes problemas que han tenido las Fuerzas Armadas. Las cifras de la Fiscalía demuestran una baja sensible en sus operaciones, a tal punto que en enero ha habido menos incautación de droga y destrucción de laboratorios. Por si fuera poco, hay centenares de órdenes de captura represadas, muchas de ellas contra los asesinos de líderes sociales. Aunque la cúpula militar se reunió con el fiscal general y trató de dar explicaciones con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, los ciudadanos exigen, especialmente en los territorios más apartados del país, que no los dejen solos y que los protejan. Allí se sienten a merced de los delincuentes.