El pasado jueves 10 de noviembre, el presidente Gustavo Petro lanzó una frase que tuvo diferentes interpretaciones políticas: “Con (Daniel) Ortega (presidente de Nicaragua) tenemos un litigio. Nos está quitando el mar”, afirmó el mandatario, refiriéndose al pleito pendiente con ese país en la Corte de La Haya y que comenzará a tener decisiones en los próximos meses.
El proceso con los nicaragüenses es el tercero en el que interviene la Corte Internacional de Justicia de La Haya y podría -en caso de tener un resultado adverso para Colombia- restar territorio en la frontera marítima del país.
El 24 de octubre, el Gobierno aceptó la renuncia del equipo que había venido liderando la defensa de Colombia en el tribunal internacional en los últimos años y nombró nuevos agente y coagentes, una de las cuales tiene origen raizal, al igual que varios habitantes y pescadores de San Andrés, isla que está en el centro de la polémica con Nicaragua.
La primera cita que tendrá el nuevo equipo será en diciembre en las audiencias que la Corte de La Haya citó y en las que se conocerá si existe una nueva estrategia de defensa de Colombia o si solamente habrá ajustes a lo que se ha venido haciendo. Por el momento, este punto ha sido guardado con especial hermetismo.
La pretensión de Nicaragua, básicamente, es que el tribunal le reconozca el derecho a tener una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas de su propiedad, algo con lo que se reduciría el territorio marítimo de Colombia y que representaría una derrota para el país.
Según le dijeron a SEMANA varias personas cercanas al proceso, Colombia está centrando su defensa en tres argumentos principales, los cuales quedaron consignados en un documento denominado ‘contramemoria’ y que deben presentar los estados en medio de estos litigios en la Corte de La Haya.
El primero es que para que un país pueda alegar que tiene plataforma continental extendida más allá de sus 200 millas náuticas tiene que probar que esa porción de suelo y subsuelo marino, que es lo que compone básicamente esta figura, se prolonga naturalmente en el suelo del mar.
Colombia aportó pruebas en el tribunal para demostrar que Nicaragua no cuenta con esto. Los estudios, según lo confirmó esta revista, fueron hechos por expertos contratados para ello y presentaron conceptos técnicos sobre la materia.
Un segundo argumento de Colombia es que ningún país puede, con su plataforma continental extendida, invadir la de otra nación. Esto, tomando en cuenta que el derecho internacional no admite que la plataforma continental de un país invada las 200 millas náuticas de otro.
El tercer argumento de defensa de Colombia en este pleito con Nicaragua es que al país no se le puede aplicar la Convención del Mar, que es la que ampara y regula todo lo relacionado con la plataforma continental extendida, la cual es pretendida por el país centroamericano. El país no hace parte de dicha convención.
¿Qué opciones tiene Colombia?
Aunque no se ha revelado si Colombia modificará su estrategia con el cambio en el equipo de defensa, lo cierto es que el país tiene varias opciones de cara a las audiencias programas para diciembre.
En este sentido cabe aclarar que dichas audiencias, según la misma Corte de La Haya, versarán exclusivamente sobre dos puntos específicos, según le explicaron a SEMANA fuentes cercanas al proceso.
El primer tema que se abordará en esta etapa será si una plataforma continental extendida de un país puede invadir las 200 millas náuticas de otro, que es uno de los argumentos de Colombia en su defensa en el pleito con Nicaragua. El segundo es cuál es el derecho aplicable a este proceso, tomando en cuenta que Colombia no hace parte de la Convención del Mar, que regula el tema de las plataformas continentales extendidas.
Para expertos en derecho internacional, la Corte no acostumbra convocar audiencias excluyendo temas y argumentos probatorios de las partes y es posible que por ello haya habido algunos salvamentos de voto en la decisión de los magistrados que convocó estas audiencias. En otras palabras, parece haber sido una decisión dividida en el tribunal internacional.
En esas audiencias, el nuevo equipo de la defensa de Colombia frente a Nicaragua tendría varios caminos. El primero es anunciar que no asiste y argumentar su desacuerdo con la exclusión de varios temas que hizo la Corte de La Haya en medio de este litigio. Una segunda posibilidad es solicitar un aplazamiento de esta etapa aduciendo que existe un nuevo equipo de defensa y que es necesario replantear algunos argumentos. Otra opción es tratar de llegar a un acuerdo directamente con el gobierno de Daniel Ortega sobre los temas contenidos en el pleito y, con ello, suspender o dar por terminado el proceso en la corte.
Este camino se utilizó, por ejemplo, en un recurso que Ecuador presentó contra Colombia, en marzo de 2008, por las afectaciones que estaban sucediendo en su territorio por las fumigaciones con glifosato y que, en algunos casos, estaban pasando la frontera e impactado siembras en el vecino país.
En septiembre de 2013, Colombia y Ecuador llegaron a un acuerdo y el proceso que se había planteado en la Corte de La Haya se dio por terminado.
Otra opción que tiene la defensa colombiana en el proceso con Nicaragua es insistir en los argumentos que ya se presentaron en la ‘contramemoria’ escrita y realizar, si acaso, algunos ajustes o enfatizar en ciertos puntos.
Todo esto dependerá de la estrategia que en este momento se encuentra trazando el nuevo equipo de defensa de Colombia, el cual está conformado por el agente Eduardo Valencia Opina y las dos coagentes Carolina Olarte Bácares y Elizabeth Taylor Jay. Esta última, integrante de la comunidad raizal.
Según le confirmaron varias fuentes a esta revista, Valencia Ospina es uno viejo conocido en La Haya, ya que ha integrado el equipo de defensa de Colombia desde el 2013. El nuevo agente es el único colombiano que hizo parte de los abogados externos en los que se apoyó Colombia en los últimos años y con los que trazó la ruta de defensa que se ha mantenido hasta el momento.
Valencia Ospina, incluso, ha hablado en varias audiencias en la Corte de La Haya a nombre de Colombia y en una de las más recientes realizó una exposición sobre los derechos de pesca de los raizales de San Andrés en las aguas que están en litigio con los nicaragüenses.
Las otras dos coagentes no han estado tan de cerca en el proceso como Valencia Ospina, pero se trata de expertas en derecho internacional y que podrían aportar, seguramente, en este litigio con el país centroamericano.
En el caso de Taylor ha llamado la atención que sea parte de la comunidad raizal, un elemento con el que el nuevo gobierno parecería querer enviar un mensaje de apoyo a esta comunidad sanandresana. Sin embargo, desde el 2016 la defensa de Colombia se ha apoyado en un equipo conformado por raizales y el cual ha ayudado a tejer la defensa del país en La Haya.
De acuerdo con personas cercanas al proceso, este grupo de raizales asesoró y participó en la redacción de memoriales, viajó a reuniones con los abogados extranjeros cuando hubo alguna, participó en juntas en Colombia y ayudó a conseguir pruebas para demostrar que los raizales siguen pescando y que pueden llegar a bancos lejanos de pesca, un punto que sigue pendiente con el gobierno de Daniel Ortega.
Así las cosas, las audiencias de diciembre parecen ser clave no solo para el futuro del pleito con Nicaragua, el cual ya algunos sectores ven perdido, sino para ver hasta qué punto el gobierno de Gustavo Petro le dará un giro a la defensa de Colombia, que tantas veces ha sido cuestionada por fuerzas aliadas de la nueva administración.