SEMANA: ¿Cómo califica el 2024 en materia de seguridad en Bogotá?
César Restrepo (C.R.): Bogotá tuvo un año supremamente comprometido con la transformación de la gestión de la seguridad. Yo no le pondría una calificación numérica, le pondría como un adjetivo para poderlo describir y es trabajo arduo y transformador. Los sistemas de seguridad urbana en Colombia no existen de manera estructurada, están en evolución. Y lo que hemos hecho durante este año es arreglar la casa, tratar de estructurar un sistema y a partir de eso atender en paralelo los diferentes factores que atentan contra la seguridad en la ciudad. Y en eso hay que decir que lo que se nos viene a la cabeza siempre son los indicadores de criminalidad. Y esa obviamente es la prueba más ágil de una gestión y es lo que está en el imaginario de todos los ciudadanos. Pero detrás de eso hay una cantidad de factores que son subyacentes sobre los cuales las ciudades tienen que trabajar y que normalmente se descuidan.
La Secretaría de Seguridad ha impulsado durante este año que toda la Administración se involucre en la transformación de esos factores. Yo diría que ese elemento en particular no solo describe lo que hicimos durante este año, sino que es una noticia alentadora para el trabajo en seguridad en los próximos años.
SEMANA: En los indicadores hay unos delitos de alto impacto que bajan, pero hay otros que van en aumento, ¿qué balance puede entregar al respecto?
C.R.: En el indicador de extorsión el aumento en las denuncias es el resultado del trabajo fuerte de la Administración Distrital por visibilizar un problema que la ciudad tenía escondido. Y en esa visibilización del problema lo que hemos hecho es quebrarle el espinazo al crecimiento del problema y asumir una ruta para su debilitamiento y superación. Podría señalarse que la ciudad de Bogotá va un año adelantado a todas las ciudades del país en la lucha contra la extorsión.
Ahora, hemos visto una reducción significativa en el tema de hurtos. La reducción de hurtos es el problema que más le preocupa a los bogotanos. Por eso en el Plan de Desarrollo uno de los tres factores más importantes como resultado a obtener al final del gobierno es que la variable hurtos disminuya permanentemente durante los cuatro años. Si ustedes miran la última década el hurto común siempre ha aumentado. No solo en Bogotá, en todo el país. Hay una cultura bastante arraigada en la Nación de los mercados criminales en la que incluso los mismos ciudadanos compran objetos que ya fueron hurtados. La receptación no se la hacen los criminales, sino que los ciudadanos aprovechan esos mercados de receptación y somos toda la sociedad un conjunto que dinamiza el mercado del hurto.
En Bogotá nuestro objetivo es romper con esa dinámica que podría llevar una década y ponerlo siempre a la baja. Y este año tengo la primera buena noticia. El hurto común va a bajar después del final del año y es apenas el punto de partida de hacia dónde queremos llegar. El próximo año nuestro objetivo es golpear de manera más significativa los centros de receptación. Pero adicionalmente lograr consolidar una acción dinámica y permanente contra esta planta de delincuentes que se distingue en lugares particulares de la ciudad.
SEMANA: Frente al tema de la receptación, un tema que preocupa es el hurto de celulares. Es muy común que se hurte un celular y que después sea vendido en zonas específicas de Bogotá, ¿qué se ha analizado y qué se va a hacer al respecto?
C.R.: Hay un trabajo muy interesante que hemos llevado y que no se ha anunciado a la ciudadanía porque no termina de cerrarse. Es un trabajo entre el sector privado y la institucionalidad para generar una ruta novedosa en la lucha contra los celulares. Porque en esto, como decía, la receptación y el consumo de los ciudadanos de terminales de segunda que fueron robados son un desafío muy grande. Y en ese sentido, hemos articulado una ruta, instituciones, privados, y que debe involucrar a los ciudadanos, que podamos terminarlo lo más rápido posible, porque va a ser una forma novedosa de apreciar cómo debe enfrentarse este fenómeno criminal.
Un fenómeno criminal que adicionalmente no es de Bogotá, es del mundo entero. Los mercados internacionales de estos terminales robados son muy dinámicos. Ahora, aquí nos toca crear una nueva cultura alrededor de ese delito. Una cultura que signifique rechazar la comercialización de esos terminales o, en su defecto, hacer responsables a quienes los consumen. Y en esa ruta vamos. Eso es lo que tiene que ver con una transformación de cómo se ve el problema. Ya en lo que es directo y más incidente, seguir con nuestras estrategias de golpear centros de receptación, que este año han significado grandes operaciones contra centros, donde el contrabando termina escondiendo centros donde se hace receptación.
SEMANA: Esos golpes a la receptación también se ha visto en el hurto a autorpartes de vehículos...
C.R.: Sí. De hecho, tal vez el golpe más grande que se le ha hecho al tema de autopartes se hizo este año, hacia el mes de abril, Cuando más de un millón de autopartes fueron incautadas en el sector del 7 de agosto. Una vez más, ahí es donde aprendimos que contrabando y receptación juegan un papel concurrente en los mercados criminales.
De hecho, hemos trabajado de manera muy fuerte con instituciones como la Dian en la observación de ese problema. Hacia adelante seguimos en esa línea. Y aquí también es muy importante, una vez más hacer el llamado que el consumo de autopartes robadas, lo único que asegura es que usted de pronto, más adelante, mañana, pasado mañana, sea al que le roben una autoparte para comercializarla.
SEMANA: ¿Por qué están aumentando los homicidios en Bogotá?
C.R.: En mi caso personal, es un asunto desafiante para el próximo año. ¿Por qué lo digo desafiante? Porque durante este año, la acción que toda la Fuerza Pública, la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Brigada 13, la Secretaría de Seguridad, el esfuerzo que hicimos por frenar el crecimiento del crimen organizado en Bogotá y por golpear sus estructuras para debilitarlo, para la ruta que hemos emprendido de recuperar la iniciativa de la institucionalidad en el control de la ciudad, pues ha significado un desajuste muy grande que ha causado un aumento en las cifras de homicidios, los cuales se concentran mayoritariamente en personas que estaban involucradas en actos delictivos. Entonces, como lo hemos dicho siempre, una muerte, la de cualquier persona que sea, es una pérdida para la sociedad y es un desafío para esta ciudad. Pero, al haber tenido esta situación este año, nuestro desafío para el próximo es que, como vamos a continuar debilitando las estructuras criminales, el impacto del debilitamiento de las estructuras criminales sea menor en términos de lo que nos representa el homicidio.
Eso en primer lugar. Y en segundo, yo vengo insistiendo desde hace ya meses en mi conversación pública, a través de la prensa, cuando siempre comunicamos a los ciudadanos sobre el ambiente de violencia social en la ciudad. La violencia social no se soluciona con policías y con jueces. Los policías y los jueces castigan a sus violentos, pero no lo van a resolver. Siempre van a tener que llegar a un punto donde hay la captura y hay la judicialización para ir a la cárcel. Y aquí lo importante es que no ocurra esa violencia social.
Y en ese sentido, un desafío para medir el próximo año es lograr, no solo la verdadera seguridad, sino que todo el gobierno logremos poner en la cabeza de los bogotanos la conversación de cuánto daño nos hace la violencia y cuánto daño nos hace la falta de conciencia sobre el consumo abusivo de sustancias y drogas. El consumo abusivo de alcohol, es un factor generador de violencia importante en la ciudad y es un factor generador no solo de esa violencia homicida, sino de la violencia social, violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia sexual y riñas.
Cuatro elementos que muchas veces derivan en homicidios y que por lo tanto son un desafío para la sociedad. Esa violencia social que se cruza con problemas de integración en la sociedad, problemas de sustancias psicoactivas, fallas en el modelo de resolución de los conflictos, empieza a incubar en los hogares la violencia que puede ocurrir en diez años en esta ciudad.
Es decir, crear esa ruta hacia la Bogotá que camina segura, que debe quedar ya bien estructurada durante este gobierno, en el futuro dará más resultados si la sociedad el próximo año se pone como meta entender claramente que la violencia, el crimen, empieza por las fallas estructurales dentro de las comunidades y las familias.
SEMANA: ¿Cuáles fueron esos principales golpes en contra de las bandas criminales en este 2024?
C.R.: A la fecha en Bogotá se han capturado más de 30 mil personas por diferentes delitos, e impactado a 454 organizaciones criminales, especialmente contra el ‘Tren de Aragua’ y ‘Satanás’; pues 32 de sus cabecillas y 24 de sus integrantes, respectivamente, fueron capturados y están en prisión.
También fueron enviados a la cárcel 12 miembros del grupo delincuencial ‘Los Maracuchos’, quienes estarían involucrados en actos de tortura, homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes, entre otras conductas delictivas en el suroccidente y centro de Bogotá.
Así mismo hemos dado importantes golpes contra estructuras dedicadas a delitos contra el patrimonio. Algunas de estas son: “Los de la Tercera”, por tráfico de estupefacientes; ‘Los del Sendero’, por hurto en los cerros orientales; “Los Taquilleros”, por hurto en entidades financieras; “Los Marcadores”, por atracos a restaurantes; “Frontera”, por tráfico de estupefacientes en entornos escolares; “Los Roncos”, por comercialización ilegal de armas de fuego, municiones y estupefacientes, entre otras.
Este año, en tan solo dos semanas cayeron 37 homicidas, entre estos ‘Eduardito’ del cártel de los más buscados, tres responsables del homicidio de una niña de un año y ‘El Guajiro’ responsable de 4 homicidios, entre otros.
SEMANA: ¿Cómo recibió de manos de la administración anterior la Secretaría en cuanto al uso de la tecnología?
C.R.: Yo diría que cómo recibimos en general el tema de la seguridad, la recibimos desfinanciada. Eso es muy importante señalarlo. En el año 2023 la inversión fue menos de 52.000 millones de pesos y en el año 2024, el año que recibimos, la inversión apenas ascendía a 8.000 millones de pesos. Piensen en una ciudad con los desafíos de seguridad que tenemos, hemos hablado de extorsión, de violencia social, de homicidio.
Una ciudad que tiene 8 millones de habitantes permanentemente y 10 millones cuando incluimos la población periférica, que de norte a sur mide 47 kilómetros y tiene tan solo 8.000 millones de pesos de inversión en seguridad. Eso es un poco el reflejo de cómo recibimos la visión estratégica, porque no lo quiero poner en cabeza de la Secretaría de Seguridad, la cual es apenas el actor que tenía que lidiar con esos problemas, con esos poquitos recursos.
Es por eso que el alcalde Galán llegó a hacer un esfuerzo grande en el Plan de Desarrollo y solicita un aumento de casi el 60 % de los recursos destinados al sector. Y adicionalmente, gracias al Concejo de la Ciudad y al Gobierno, en el primer año en el que vamos a manejar los propuestos asignados, es decir, el próximo 2025, la Secretaría pasará de haber tenido 8.000 millones de pesos en 2024 a 150.000 millones de pesos. Algunos concejales de la ciudad han dicho que esa es una cifra irrisoria frente a los desafíos que tiene la ciudad. Y sí, esta ciudad debería tener la posibilidad de invertir mucho más recursos. Pero como lo he explicado, la seguridad no solo es un asunto de la Secretaría de Seguridad, es una construcción colectiva del Gobierno. Y hay unas obligaciones y adicionalmente hay unas necesidades en muchos otros sectores y lo que ha hecho la Secretaría de Hacienda es hacer una repartición equilibrada, eficiente, de los recursos que siempre son limitados para poder avanzar.
Pasar de 8.000 millones a 150.000 millones es un gran esfuerzo.
SEMANA ¿Y a dónde irán esos recursos?
C.R.: Hablamos de tecnología. Tendremos que dejar atrás el tiempo, casi cuatro años, sin que se hubieran comprado cámaras nuevas para la ciudad. Es decir, vamos a empezar una etapa en la que vamos a ampliar la cobertura con cámaras nuevas. Fuera de eso, estamos apuntando a modelos de sostenibilidad de la tecnología mucho más robustos. Por eso, con la ETB y con otros de nuestros proveedores, hemos empezado a poner unas reglas y unos modelos de negocio diferentes que estén pensados en la necesidad de mantener nuestros sistemas funcionales y efectivos.
Y como lo manda nuestro Plan de Desarrollo, de una nueva configuración del sistema de seguridad, en el que las localidades y el centro, es decir, el C4, estén mucho más articulados y con una conectividad que permita reacciones más rápidas para optimizar recursos que son limitados.
SEMANA: Desde el Concejo se ha alertado en varias ocasiones que un gran porcentaje de las cámaras está fuera de servicio. ¿Cuál es la realidad?
C.R.: La realidad de eso es que las cámaras siempre han estado fuera de servicio entre un 20 a 30%. Eso es oscilante, eso no es permanente. Hay unas temporadas donde hay unos lugares de la ciudad que tienen unas caídas temporales y otras que las caídas son estructurales y en eso ha trabajado la Secretaría por mejorarlas. Pero en eso tiene mucho que ver el modelo de mantenimiento. Los sistemas logísticos son inefectivos o efectivos, depende de cómo se piensa el problema, cómo se instruye la respuesta. Este año nosotros lo que hemos estado haciendo en la Secretaría de Seguridad es transformando el sistema logístico.
El sistema logístico durante este año hizo crisis dentro de la ciudad. La Secretaría logró manejar la crisis, pero no puede vivir en crisis, por eso lo hemos transformado. ¿En cosas como qué? Por ejemplo, en el modelo de mantenimiento de vehículos. Cuando lo estuvimos analizando, descubrimos que la ciudad dejó volver antiguos el parque automotor de tal manera que durante el gobierno del alcalde Galán el 60 % del parque automotor puede quedarnos en obsolescencia. Eso nos va a representar para este gobierno una inversión importante en renovación de ese parque automotor. Ahora, esa renovación del parque automotor tiene que hacerse en un modelo logístico eficiente, no sólo que haga que la duración de ese material sea lo suficientemente extenso, sino que adicionalmente esté nuestra movilidad permanente en la ciudad.
Este año, en los servicios de mantenimiento de carros y motos, encontramos que se ha hecho mantenimiento sobre más del 100 % de automóviles y vehículos. Sin embargo, siempre ha estado en crisis, lo cuál nos dice que el sistema logístico estaba mal diseñado.
SEMANA: ¿Qué ha pasado con las cámaras LPR que dejó la alcaldía de Claudia López?
C.R.: El 30 de diciembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad contrató la adquisición de 310 cámaras multi sensor y 200 cámaras LPR, que debían ser instaladas a lo largo del año. Las 310 cámaras multi sensor ya están instaladas y funcionando en toda la ciudad.
Las cámaras LPR enfrentaron una contingencia. Al estar la ciudad en obra, ustedes saben que tenemos cientos de frentes de obra abiertos y, adicionalmente, los lugares de obra más significativos están sobre corredores viales que es donde se ponen las LPR, ha significado que en el plan original en el que se contrató haya habido unas transformaciones del espacio físico y, por lo tanto, la necesidad de generar servicios de obra civil adicionales para garantizar la energización y la conectividad de las cámaras. Pero cuando entramos a revisar el contrato, ¿qué encontramos? Que los estructuradores de ese contrato, el año anterior, no tuvieron en cuenta que esa contingencia pudiera ocurrir. Y el contratista solicitó que la Secretaría creara una bolsa de recursos para el pago de esas obras civiles. Como eso no estaba firmado en el contrato, la Secretaría no podía disponer de recursos para eso y entramos en un proceso de revisión del contrato y negociación con el proveedor para que cumpliera su contrato. Ese proceso nos llevó a que tuviéramos que hacer dos suspensiones del contrato mientras resolvíamos ese conflicto, porque algo importante es tener las cámaras y, por lo tanto, llegamos a un acuerdo y las cámaras deberán instalarse este mes de diciembre. Nuestro objetivo es, si no hay una contingencia adicional, que en el mes de febrero estén instaladas.
Y ahí no termina la historia con las LPR. El alcalde Galán nos ha dado la orden que hagamos una inversión adicional en cámaras LPR, una inversión adicional que esté enfocada en generar unas minicercas electrónicas dentro de la ciudad.
SEMANA: ¿El proceso de adjudicación para la georreferenciación de la línea 123 ya se adjudicó?
C.R.: Se adjudica este lunes. Esa adjudicación es el resultado de un proceso juicioso, transparente y legal. ¿Y por qué insisto en esas tres palabras?, porque la geolocalización en esa capa, esa que se contrató en el año 2023, se contrató en el marco de una prueba de cómo esa herramienta funcionaría en nuestro C4, proyectada a instalarla cuando ya el C4 desarrollara procesos y protocolos alrededor de eso. Y en esa oportunidad se contrató como un servicio que tenía un solo proveedor.
Este año tuvimos que enfrentar un proceso licitatorio, un proceso de adjudicación que debería garantizar pluralidad de oferentes, transparencia, pero sobre todo buscar el mejor servicio para la ciudad. Y lo que hemos logrado es la cobertura total del C4, del 123. El año pasado, tan solo se cubría el 35 %, ahora es la cobertura total, y la cobertura total con ahorros que pueden alcanzar más del 50 %. Es decir, la geolocalización nunca ha estado en duda como una necesidad, pero también es muy importante señalar esto, y hay que explicárselo a la ciudadanía, nunca la ciudad ha estado sin geolocalización. El principio de arquitectura de sistema básico, de un sistema de emergencias, es la geolocalización. Y el C4 de Bogotá tiene geolocalización desde su propia arquitectura.
SEMANA: Uno de los retos que también ha enfrentado Bogotá es el hacinamiento en las estaciones de policía, en las URIs y en las cárceles. ¿Qué se ha pensado, en qué se ha trabajado para solucionar esta problemática?
C.R.: En esto la mayoría de la gente, cuando plantean ese problema, si ustedes hacen un panorama de la discusión pública, la respuesta siguiente es vamos a construir tantos grupos de cárceles. La alcaldía del alcalde Galán, su administración ha decidido invertir recursos importantes, más de los 150.000 millones de pesos en infraestructura. Nuestro objetivo es dejar hacia el final del gobierno al menos 4.000 grupos habilitados para la ciudad.
Pero realmente ese es un pedazo de la solución. La otra solución está en la optimización de los procesos judiciales de las personas que son privadas de la libertad y que son sindicados. Porque en la medida en que usted no le dé movilidad a los procesos penales de esos sindicados, se le va generando una aglomeración de ciudadanos que están pendientes de que la justicia atienda sus casos. Y en eso la Secretaría de Seguridad ha hecho una innovación este año. Inicia un diálogo directo, un diálogo coordinado, no solo con el Ministerio de Justicia, sino con el Consejo Superior de la Judicatura. Y ahí lo que hemos generado es un equipo el cual ha estado identificando puntos de trabajo para hacer que esa fluidez de los procesos penales se construya.
Queda una tercer frente en la que trabajamos. Es el de la transformación del sistema penitenciario y carcelario de Colombia. Todos los esfuerzos que hagamos, tanto en infraestructura como en la recuperación de los flujos de aplicación de los procesos, será inútil si el sistema penitenciario y carcelario de Colombia no se transforma. Porque es el sistema el que genera los dos caos anteriores. Y en ese sentido, Asocapitales diseñó un proyecto de ley que transforme el sistema penitenciario y carcelario para hacerlo sostenible.
Entonces desde la alcaldía de Bogotá, con la Secretaría de Seguridad, nos hemos convertido en unos voceros que no solo defendemos ese proyecto de ley de Asocapitales sino que lo promovemos. Y adicionalmente estamos permanentemente buscando socios para que el Congreso de la República contribuya no solo a resolver el problema penitenciario y carcelario, sino, muy importante, hacer que los esfuerzos en seguridad sean sostenibles. Un sistema penitenciario y carcelario caótico es una apuesta central para que todo esfuerzo en seguridad sea fértil.
SEMANA: ¿El Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, ha buscado articular la política de seguridad del Gobierno con la del Distrito?
C.R.: El Gobierno Nacional definitivamente tiene unas políticas macro, pero el trabajo con la ciudad y con ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali, pues su presencia en las ciudades está a través de los comandantes policiales.
Hay que decir que en Bogotá la Policía Metropolitana es una fuerza leal, comprometida y adicionalmente decidida a ayudar a la seguridad de la ciudad. Y tengo también que agradecer al General Salamanca, un oficial que siempre ha respondido a las necesidades de la ciudad. Diría que hacia adelante es muy importante que el Gobierno Nacional comprenda que fuerzas policiales y fuerzas militares sin suficiente pie de fuerza, sin recursos de inteligencia, sin recursos operacionales, sin horas de vuelo, son el punto de partida de nuevas violencias. Solo unas fuerzas militares y policiales robustas, financiadas y con alta moral son la garantía de que la Constitución y la ley son vigentes y están al servicio de los ciudadanos.