El gobierno del presidente Gustavo Petro le mostró nuevamente los dientes a la firma Thomas Greg & Sons, con quien mantiene fuertes diferencias por el escándalo de los pasaportes de la Cancillería de Colombia.
En una comunicación dirigida al registrador Hernán Penagos, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idarraga, puso en consideración suspender la audiencia de este martes 8 de octubre por parte de la Registraduría Nacional donde se pretende adjudicar el proceso que busca contratar una solución integral logística, tecnológica e informática y de servicios para la organización y realización de procesos electorales por más de 41.000 millones de pesos.
El alto funcionario dijo que identificó posibles acciones que podrían limitar el acceso plural de oferentes en el proceso de selección, “facilitando que al mismo contratista (por ejemplo, Thomas Greg & Sons) le sea adjudicado”.
Idárraga, en su informe, dijo que “se identifican plazos de menos de dos meses, previo a la fecha estimada para el desarrollo del proceso electoral y para la ejecución del objeto del contrato (parametrización de software, pruebas y alistamientos previos al escrutinio), que no permiten garantizar de forma adecuada la ejecución de las actividades para un contratista que no haya ejecutado antes un contrato igual o similar en la entidad”.
“Se identificó que, en virtud de lo anterior, la Registraduría está especificando fechas de entregables que, incluso, deben ser presentados para la fecha de cierre del proceso de selección, situación que debe realizarse por un contratista seleccionado y dentro de la ejecución del plazo contractual y no con ofrecimientos propios de una propuesta presentada durante el proceso de selección”, dijo.
Esta situación, según Andrés Idarraga, “implicaría la remuneración establecida en el contrato, se plantea contra ofrecimientos dentro de la etapa de cierre del proceso, donde no ha procedido la designación de una supervisión ni mucho menos la suscripción de un contrato”.
Asimismo, “que los oferentes dispongan de información suficiente y previa para generar un ofrecimiento que satisfaga los requerimientos del contrato al cierre del proceso de selección y que serán aprobados, y reconocidos para pago, cuando se suscriba el mismo, por lo que resulta no ajustado a la naturaleza de la ejecución de un contrato estatal”.
El Secretario de Transparencia dijo que en el proceso se identifica que la experiencia específica requerida “podría cerrar las condiciones de acceso, ya que al exigirse experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos 10 años, en el caso de Colombia, estaría limitado a los contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría”.
Y aunque se abre a oferentes extranjeros, “verían limitado su acceso, por la exigencia de alistamiento (empaque, certificación, logística, transporte, custodia y distribución en Colombia a todos los municipios del país en que se llevarán a cabo los eventos electorales objeto del contrato a celebrar). Adicionalmente, que deberán acreditar contratación directa y no en calidad de subcontratistas. Estas exigencias, de acuerdo con la revisión de antecedentes en la Registraduría, limitaría la participación a contratistas que hayan ejecutado contratos con las entidades en los últimos 10 años, que en su mayoría, ha resultado adjudicatarios para este tipo de procesos uniones temporales con integrantes como: Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. y Prosegur de Colombia S.A. entre otros”.
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S se comunicó con SEMANA y aclaró que “esta empresa no participa en procesos electorales y que desde hace más de 3 años no interviene en los procesos citados”.