En su intervención en la jornada de Gobierno con el Pueblo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hizo pública una decisión que prepara la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo y que beneficiará a la polémica primera línea.
Según el alto funcionario, la jefe del ente acusador alista una directriz que, según él, permitirá que los integrantes de ese controversial grupo social salgan de las cárceles del país por protagonizar hechos vandálicos.
“Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar”, sostuvo el ministro.
Pero aseguró que “ahora con la nueva fiscal estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir. Y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”.
Hace varias semanas la Corte Suprema de Justicia dejó sin efectos la libertad otorgada a dos miembros de la primera línea, Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Súa, quienes fueron designados como ‘voceros de paz’ por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión se tomó al acoger los argumentos de la Procuraduría General de la Nación en una acción de tutela.
El alto tribunal ordenó convocar, de manera inmediata, una audiencia pública celebrada en diciembre de 2022 para que las partes pudieran pronunciarse sobre la solicitud del alto comisionado para la Paz de suspender las órdenes de captura que pesan sobre estas dos personas.
En ese momento, la Corte Suprema determinó que en la decisión de la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá de otorgarles la libertad “se configuró un defecto procedimental, pues se emitió con desconocimiento del principio de oralidad y de doble instancia”.
La libertad de la primera línea es una de las primeras promesas del presidente Petro una vez llegó al poder. El día que ganó las elecciones en segunda vuelta, lo anunció en su discurso de victoria.
“Somos las resistencias de la rebeldía de Colombia, de las rebeldías contra la injusticia, contra un mundo que no debía ser... cuántos jóvenes esposados, cuántos jóvenes tratados como bandoleros solamente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor”, dijo.
Ahí, montado en la tarima y en medio de los aplausos, el primer mandatario dijo: “Yo le pido al fiscal general que libere a la juventud, liberen a los jóvenes”.
El pedido de Gustavo Petro se entendió como una afrenta al poder judicial, que debe ser independiente en tomar ese tipo de decisiones. De hecho, en el sistema penal acusatorio que rige en Colombia, el fiscal pide la privación de la libertad, pero esta solo puede consumarse con la autorización de un juez.
El anuncio que hizo el ministro Osuna seguramente levantará una enorme polémica. La primera será jurídica por cuenta de la falta de competencia de la Fiscalía, para lograr lo que el alto funcionario asegura es el objetivo: que salgan libres todos los que están en la cárcel.
La mayoría de estas personas cometieron actos que van más allá de la protesta y son investigados por delitos muy graves como torturas. En su sentencia sobre la paz total, la Corte Constitucional advirtió que esa normatividad no era un cheque en blanco y, por ejemplo, le prohibió al Gobierno darles excarcelaciones a los miembros de la primera línea solo con el argumento de participar en los diálogos.
Los detalles de la decisión y el mecanismo con el cual saldrían libres los miembros de la primera línea aún no se conocen, pero el presidente ha mostrado cuál puede ser el camino. En su declaración en Cali, este viernes, dijo que quería darles un “estatus de víctima” para que así se pueda agilizar su retorno a la libertad. Esa posibilidad será un espinoso camino jurídico que aún no está claro.