El Gobierno Petro puso en marcha una estrategia para defender a capa y espada al comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, en el ojo del huracán por la polémica investigación que ordenó contra Leonardo Colmenares, el profesor de inglés de su esposa, que derivó en seguimientos ilegales, tal como lo reveló SEMANA. Al ‘Teacher’, incluso, le montaron un expediente falso, en el que se le señaló de pertenecer a las Farc de Mordisco. De esa manera pudieron rastrear sus pasos a partir de la ubicación de su celular.
El plan de la Casa de Nariño quedó en evidencia el pasado miércoles durante una sesión secreta de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso, citada luego de la denuncia de este medio. El ministro de Defensa, Iván Velásquez; el comandante de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, y el comandante del Ejército, Luis Ospina, fueron llamados a rendir cuentas de lo ocurrido.
La sesión fue convocada por el representante a la Cámara Vladimir Olaya, del Centro Democrático, quien, por medio de un cuestionario, indagó sobre el controvertido procedimiento de inteligencia y contrainteligencia al humilde profesor de inglés, un asiduo visitante del Cantón Norte desde hace años. Allí es conocido por dictarles clase a generales y diversos oficiales.
Olaya, extrañamente, no asistió porque le agendaron de forma simultánea, según sus asesores, una comisión de ordenamiento territorial y él es coordinador de la comisión de la Amazonia y Orinoquia.
La sesión reservada de la Comisión duró dos horas. Los asistentes tuvieron que dejar sus teléfonos celulares afuera del recinto. A todos les hicieron firmar un escrito de confidencialidad. Ya en el desarrollo del encuentro, en una primera parte, el Ministerio de Defensa reveló el Plan Nacional de Inteligencia, un documento secreto que se socializa en dicho escenario cada año y que incluye los riesgos y amenazas de los grupos armados y narcotraficantes en el país. Luego, en la segunda parte, se trató el tema espinoso: el escándalo revelado por SEMANA.
El ministro Iván Velásquez no asistió pese a que en una oportunidad había pedido aplazamiento de la cita por razones de agenda. Y, en esta ocasión, designó al viceministro para las políticas de defensa y seguridad, Alberto Lara Lozada, quien llegó acompañado del director nacional de inteligencia, Manuel Casanova, quien fue guerrillero del M-19, y de los comandantes de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía.
SEMANA estableció que, frente al escándalo del ‘Teacher’, el debate duró 30 minutos. Durante ese tiempo, el viceministro Lara, por ejemplo, se dedicó a defender al alto oficial a nombre del Gobierno Petro. Según le contó una fuente militar a SEMANA, el viceministro dio una versión de lo que, a su juicio, ocurrió.
De acuerdo con su relato, el comandante del Ejército fue informado por su esposa, Lorena Ospina, que el ‘Teacher’ la abordó y le habló de un supuesto problema de drogas, al parecer, relacionado con la hija. A ella, según expresó el viceministro, le pareció sospechoso. Por eso, el general Ospina, sin dudarlo, ordenó investigar al profesor de inglés a raíz del supuesto comentario sobre su hija.
El viceministro confirmó que el comandante del Ejército les ordenó a los hombres del Batallón de Contrainteligencia investigar al profesor Colmenares, aun cuando durante varios meses le dictó clases de inglés a su esposa y entablaron una relación de amistad.
Esa investigación desencadenó atropellos, pues una fuente de contrainteligencia ha señalado que al profesor de inglés lo incluyeron en un expediente como si se tratara de un integrante del frente Carolina Ramírez de las Farc de Mordisco para poderlo seguir ilegalmente. Un objetivo fue vigilar los encuentros del ‘Teacher’ con la esposa del comandante del Ejército.
Pero el viceministro fue insistente en que la orden del general Ospina fue “legal”. Y argumentó que, si se encuentra que hay un peligro o riesgo en las instalaciones militares para algún miembro de la fuerza pública o su familia, es legal actuar porque hay que prevenir. El funcionario, en todo caso, dijo que se está investigando el uso de un poderoso aparato de inteligencia y contrainteligencia del Ejército contra el ‘Teacher’. Esta estrategia, según reveló SEMANA, les permitió usar la más avanzada tecnología de las Fuerzas Militares para ubicarlo rastreando su teléfono celular.
El ministro Velásquez también sostuvo la tesis de legalidad de las actuaciones del general Ospina el 15 de noviembre de 2023. “No creo que haya una orden ilegal del comandante del Ejército”, manifestó. En la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, el viceministro Lara desvió la atención del debate y manifestó que el tema de fondo es investigar y determinar quién filtró la información confidencial a SEMANA.
En su intervención se detuvo varios minutos para manifestar la necesidad de hallar responsables porque el Viceministerio de Defensa, a nombre del Gobierno nacional, dijo que no entiende cómo este medio de comunicación accedió a reveladores audios e imágenes sobre los seguimientos ilegales al profesor de inglés.
No obstante, quienes hicieron esta denuncia fueron los mismos agentes de inteligencia y contrainteligencia que, indignados por lo que está ocurriendo, se niegan a que unos pocos abusen de su poder e intenten dañar uno de los organismos más importantes del Estado en la lucha contra la criminalidad.
La senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico, quien preside la Comisión, y la congresista Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, respaldaron las palabras del viceministro. La primera es una de las dirigentes más cercanas a Gustavo Petro; la segunda tiene buena relación con la Casa de Nariño, pero está insistiendo en que el partido salte a la independencia.
La senadora Jahel Quiroga, del Pacto Histórico, quien además es vicepresidenta de la Unión Patriótica, habló con más dureza contra el Gobierno. Ella consideró el escándalo como “delicado” y recordó que la izquierda ha padecido persecuciones y montajes. Eso no puede estar pasando en el gobierno del cambio, pronunció.
El debate contra las Fuerzas Militares no quedará ahí. Y menos cuando el ministro Velásquez no asistió.
La senadora Quiroga radicó una nueva proposición de debate de control político al ministro y a la cúpula militar para hablar del supuesto debilitamiento de la inteligencia y contrainteligencia.
Se espera que a ese encuentro sí asista el alto funcionario. Además del caso del ‘Teacher’, Velásquez deberá explicar el montaje que le hicieron al general (r) Jhon Rojas, revelado por este medio, para sacarlo de la institución. Rojas sostuvo que el comandante del Ejército estuvo detrás de esas falsas acusaciones, y el teniente de contrainteligencia Fredy David Acuña Picón confesó a este medio que formó parte del montaje. A Rojas lo señalaron falsamente de ser aliado de narcos en el Cauca. El oficial tiene pruebas sólidas que desmienten lo dicho en su contra.
En la Comisión, en la que el Gobierno Petro tiene mayorías, la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, no se quedó callada y dijo que le preocupaba que los seguimientos militares se estaban convirtiendo en un modus operandi y hasta relacionó el escándalo del comandante del Ejército con el de Laura Sarabia, la exjefa de gabinete de la Casa de Nariño, y su exniñera Marelbys Meza.
A esa mujer la señalaron de quedarse con un dinero que perdió en su apartamento, en Bogotá, la actual directora del Departamento de Prosperidad Social. Por eso, chuzaron ilegalmente sus comunicaciones y le practicaron un polémico polígrafo frente a Palacio.
La senadora Holguín ―según contó la fuente militar a SEMANA― habló en la sesión de fallas en los protocolos en el Ejército, pues el general Ospina entregó la orden directa de seguir al ‘Teacher’ al Batallón de Contrainteligencia y afirmó que la investigación fue muy invasiva (seguimientos, perfilamientos), cuando pudo hacerse de forma más simple, es decir, sin necesidad de relacionar su nombre con la guerrilla para chuzarlo.
En la reunión quedó expuesta sobre la mesa la preocupación que existe en el país por el honor y la confianza en las filas del Ejército y el ruido que produce la permanencia del general Ospina al frente de la institución. Además, se reveló la cacería de brujas que emprendería el Ministerio de Defensa, con la que buscan determinar quién filtró la información de inteligencia a SEMANA.
Aunque la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia tiene un nombre que aparentemente pesa, sobre el terreno no cuenta con los dientes jurídicos para investigar ni sancionar y su papel exclusivo es el de recibir informes. Por eso, la fuerza pública no le da la importancia que se merece. Tampoco los congresistas.
La componen cuatro representantes e igual número de senadores, y a la sesión de este jueves solo asistieron las senadoras Gloria Flórez, Jahel Quiroga y Paola Holguín, además de la representante Carolina Giraldo. El presidente de la Cámara, Andrés Calle, y el del Senado, Iván Name, brillaron por su ausencia.