El Senado llevó a cabo este martes (26 de marzo) una sesión informal sobre la reforma pensional, convocada como un intento de llegar a acuerdos sobre ese articulado que está en trámite en el Congreso de la República.
Durante la plenaria intervinieron voceros de la academia, los sindicatos, los empresarios y otros actores de la sociedad civil que pidieron resolver las inequidades que tiene el sistema, pero a la vez hacerle mejoras al texto. Estos fueron invitados tanto por congresistas opositores como por legisladores afines al Gobierno.
“En las propuestas de las reformas queremos resaltar que no se cumplen los estándares ni las recomendaciones de la OCDE, ni se cumplen los convenios internacionales de la OIT que dicen cumplir”, sostuvo desde el sindicato de la CGT Luz Myriam Triana, en el marco de su intervención ante el Senado.
Desde las bases sindicales señalaron que en “esta reforma es muy grave que no se haya tenido en cuenta que la reforma pensional y laboral deberían estar muy entrelazadas, porque una repercute con la otra”.
A su vez, detalló que en el documento “no fueron considerados en los textos de la reforma pensional varios sectores sociales que le podrían aportar más y mejores recursos al sistema pensional (…) Se ha disfrazado que la edad de pensión se pasará a 65 años para los que están en los fondos”.
Desde la CGT también reclamaron que se llame a debate de control político a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, porque señalan que dentro de la reforma laboral se estaría violando la libertad sindical, al no aplicar los convenios de la OIT y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La plenaria de este martes fue atípica porque los senadores se encontraron en medio del receso de Semana Santa para escuchar las voces sobre la reforma pensional. Si bien la iniciativa de concertar un espacio con la sociedad civil había sido reclamada desde la oposición, fue iniciativa del Pacto Histórico llevarla a cabo en pleno periodo vacacional. Aún así, la plenaria logró un quorum de 81 congresistas durante la sesión.
Las lecturas sobre la reforma pensional fueron divergentes. Desde las organizaciones sociales, uno de sus líderes Mateo Amaya sostuvo que “no estamos diciendo que el sistema pensional actual sea perfecto, lo que estamos diciendo es que la reforma pensional que nos están vendiendo no nos parece justa”.
En contraste, desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia su vocero Juan David Cifuentes reclamó que se apruebe con prontitud un articulado que dé oportunidades para quienes “no han tenido la oportunidad de vivir de una forma diferente”.
Un mensaje similar suscribió el indígena Wayuu Alexander Tiles, haciendo un llamado “a darle trámite y aplicación a esa reforma, porque no es la reforma del gobierno Petro, es la de un pueblo que hoy se ve legitimado y representado en el gobierno y en el cambio de la vida”.
Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana el profesor Oliver Pardo sostuvo que es “urgente” realizar una reforma pensional para que se dé solución a las “injusticias” que hay en el sistema, como la brecha entre quienes tienen pensiones más bajas y más altas.
Sin embargo, durante la sesión informal del Senado también se recalcó que es necesario darle una solución a la diferencia de ingresos que ven algunos usuarios cuando pasan de percibir los salarios que tenían en su tiempo como trabajadores activos a tener en sus cuentas bancarias el monto por el que logran pensionarse.
Incluso, también se advirtió que las personas que tienen mesadas por montos cercanos al mínimo terminan notando afectaciones en sus bolsillos de cuenta de los porcentajes de inflación anual y el incremento anual que se aplica al salario mínimo: su capacidad adquisitiva está en riesgo de retroceder.
Esos y otros puntos fueron puestos en consideración durante la sesión informal del Senado para analizar la reforma pensional. La plenaria para retomar la agenda congresional fue citada para el próximo 1 de abril, el lunes de Pascua.