Ya empezaron a llegar las denuncias sobre las presuntas irregularidades en la convocatoria de las marchas del 27 de septiembre para las que el gobierno de Gustavo Petro encabezó el llamado a las calles.
Uno de los primeros expedientes que se abrirá sobre el tema llega con una denuncia ante la Contraloría del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, contra cinco funcionarios cercanos al jefe de Estado.
Uribe Turbay anunció que presentará una denuncia formal contra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González; y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega.
En el expediente también están la secretaria general del Ministerio del Interior, Yamel Ruiz Orjuela, y el secretario general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Daniel María Medina González.
Con ese proceso, el senador Uribe le pide a la Contraloría determinar y establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos a cargo de estas entidades en la destinación irregular de recursos para financiar las marchas desarrolladas ayer en el país.
Y es que las marchas del 27 de septiembre fueron convocadas directamente por el presidente Petro y desde el Dapre salieron los recursos para pagar la tarima, el sonido y las pantallas del escenario que se dispuso en la Plaza de Bolívar.
Recursos públicos del Dapre en las marchas
Desde el despacho que dirige Carlos Ramón González se invirtieron $263.109.000 para pagar esa escenografía, fondos que se utilizaron a través de un contrato con Plaza Mayor como operador logístico del evento.
El contrato tuvo como objeto la “prestación de servicios de operación logística para el evento ‘Diálogo social, nos movemos por la vida’ en el marco del contrato 230-23 suscrito con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)”.
Es más, no se trata de la primera marcha para la que se utilizan recursos públicos. Son cuatro las movilizaciones sociales para las que se han contratado ese tipo de escenarios. La primera fue el discurso en el balcón, el primer “balconazo” del presidente, para el que se necesitaron $197.323.360.
Luego, para las marchas de la radicación del Plan Nacional de Desarrollo se utilizaron $52.560.415. Posteriormente, para la radicación de la reforma a la salud, los recursos necesarios para esa escenografía ascendieron a los $79.962.971. En esas dos ocasiones el jefe de Estado convocó a sus simpatizantes para presentar los articulados con ellos.
“Más que como senador, como ciudadano, decidí instaurar estas denuncias con el fin de determinar la responsabilidad de estos funcionarios en el despilfarro de los recursos públicos, en las marchas que beneficiaron a los candidatos del presidente Gustavo Petro”, aseveró Miguel Uribe.
El senador agregó que “los colombianos no podemos permitir que este Gobierno malgaste los dineros de los impuestos que con tanto esfuerzo aportan los ciudadanos, en hacer politiquería para consolidar el proyecto político del presidente Petro”.
Polémica por dineros del MinInterior y la ANT
El Ministerio del Interior celebró un convenio con la Organización Nacional Indígena (Onic) por un valor de veinticinco mil millones de pesos, además de otro acuerdo con la Asociación de Autoridades Indígenas de los Pastos, que tuvo un valor cercano a los quinientos millones de pesos.
Ambos documentos tenían como objeto cubrir y promover movilizaciones, facilitándoles alimentos, transporte, alquiler de espacios, materiales de las actividades, entre otras cuestiones que fueron necesarias para las marchas del 27 de septiembre.
Entre tanto, la denuncia contra los funcionarios de la ANT se sustenta en el convenio suscrito por esa entidad con Radio Televisión Nacional de Colombia. El contrato asciende a los quince mil millones de pesos y tiene como objeto realizar actividades logísticas que requiera la ANT.