SEMANA: Usted ha manifestado su preocupación con que se confunde el Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión con la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es la diferencia?
Marina Gallego (M. G.): La comisión fue la instancia creada por el Acuerdo de Paz en el 2016 y se creó a través de un decreto ley, que es el 588, que le daba la tarea de crear un comité de seguimiento y monitoreo a las recomendaciones para ir monitoreando lo que ellos recomiendan al Gobierno, al Estado en general, a la sociedad civil, universidades e iglesia.
SEMANA: ¿Qué hallazgos ha tenido el Comité en este año y medio de trabajo?
M. G.: Hay unos avances en el acuerdo con lo que tiene que ver con la reforma agraria, legislaciones que no habían estado en el orden del día durante el anterior Gobierno, como sucede con la Jurisdicción Agraria y el campesinado como sujeto de derechos. Los tres millones de hectáreas que está comprando el Estado, los créditos ampliados, todo esto que se está implementando con el Banco Agrario, los PDET, están transformando las regiones; la política de seguridad humana que implementó el Ministerio de Defensa también hace parte de las recomendaciones.
La política sobre las drogas que plantea el presidente tiene ese contenido, más toda una visión de oxígeno a las comunidades, a los campesinos, que tiene que ver con toda la intervención del Estado. Esto tiene mucho que ver con el punto uno.
SEMANA: ¿Cómo va el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión dentro del poder Legislativo?
M. G.: El Congreso aprobó el Plan Nacional de Desarrollo que tiene más o menos 104 disposiciones frente a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Está también el Ministerio de la Igualdad, que está en parte en las recomendaciones, no solamente en lo relativo al conflicto armado, sino con toda una política frente a las distintas poblaciones y la diversidad: mujeres, LGTBI, las comunidades étnicas y discapacitadas. Ese ministerio nos lleva a hablar de los compromisos del Gobierno que ha cumplido con la Comisión.
SEMANA: Usted habla del Gobierno nacional. ¿Qué puntos le destaca y qué puntos le faltan por cumplir de esas recomendaciones?
M. G.: Estamos apenas iniciando, pero ya que esté en el Plan de Desarrollo y que haya instituciones que las están aplicando, pues todo el Gobierno, es un avance. En el primer informe que vamos a sacar ya como sistema de seguimiento y monitoreo en marzo podremos decir que hay dispositivos institucionales a nivel del Gobierno.
SEMANA: También tiene la tarea de ver el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en la Rama Judicial. ¿Cómo va ese punto?
M. G.: Entre las recomendaciones, se requiere una reforma a la justicia que no ha podido hacer ningún gobierno. Hemos hablado con el Ministerio de Justicia, pero hay que hablar con las Cortes y mirar cómo se puede aplicar. Esa es una de las recomendaciones un poco más difícil que las del Legislativo y el Ejecutivo, porque la Rama Judicial es bastante amplia. Una de las recomendaciones por cumplir es que se modifiquen los mecanismos para elegir al fiscal general de la nación para que no esté amarrado al Ejecutivo, y para esto se requiere una reforma constitucional.
SEMANA: De todos los temas que abordan esas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ¿cuáles le preocupan o son las más retrasadas en su aplicación?
M. G.: Las culturales son unas de las más difíciles porque van ligadas a la transformación de la cultura y en eso los medios de comunicación tendrían un papel muy importante. Entonces, están casi que sin ningún tipo de iniciación, aunque llevamos un año y tres meses de haberse publicado el informe de la Comisión.
SEMANA: Uno de los puntos culturales es la construcción del Museo de la Memoria. ¿Cómo va esa implementación?
M. G.: Este gobierno prometió inaugurarlo en 2025, esperemos que así sea, porque es algo muy importante para los cierres y la memoria. La construcción está a cargo del Centro de Memoria y esta semana la directora nos dijo en un evento que la construcción reiniciará. Ahora, al museo hay que ponerle contenido y eso es lo que sigue. Nosotros como sistema de seguimiento estaremos ahí mirando que el contenido del museo vaya hacia las víctimas.
Ahí estará depositada esa narrativa y esa verdad. Entonces, ese es un asunto no de menor importancia: ¿cuál es la narrativa que el museo va a tener y cómo lo va a hacer? Las recomendaciones de la Comisión son recomendaciones y son las entidades las que han decidido abrazarlas y ejecutarlas.
SEMANA: Estos cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, quien es afín a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ¿van a ser suficientes para que las recomendaciones se tomen en cuenta? ¿Teme que el próximo gobierno no las siga?
M. G.: Estos cuatro años son centrales. Si se embolatan, pues es grave porque no sabemos qué tipo de gobierno llegue en 2026. Pero si este Gobierno avanza, es difícil que un nuevo gobierno pueda ralentizarlas, como pasó con el acuerdo de paz. Hay presión de las víctimas y de muchos sujetos que estamos ahí pidiendo avances.
La paz es grande, aquello de poder hacer una negociación global con los actores armados que hay en Colombia... Si el presidente lograra siquiera el 60 % de esas negociaciones, pues ya sería importante para las recomendaciones y para avanzar en una posición de paz en Colombia para el próximo gobierno, que también debe interesarle.