El exsecretario general de la Cancillería de Colombia, José Antonio Salazar, reflexionó sobre el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) que ya tocó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, uno de los funcionarios más importantes del gobierno Petro.
El economista está contra las cuerdas porque su exasesora María Alejandra Benavides encendió el ventilador en la Fiscalía y denunció que él sabía de las coimas a congresistas a cambio de que pasaran las reformas en el Legislativo.
Salazar recordó lo que está ocurriendo con lo que le sucedió a él en la Cancillería, cuando el Presidente lo declaró insubsistente porque, contra viento y marea, lo desautorizó y firmó el contrato que le entregaba la elaboración de los pasaportes a Thomas Greg & Sons.
“El Presidente Gustavo Petro me declaró traidor e insubsistente por desobedecer sus instrucciones, contrarias a la ley. Si le hubiera obedecido, estaría atornillado en el puesto como el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pero en la puerta de la Fiscalía y con el Presidente como defensor de oficio”, dijo.
En diálogo con SEMANA, el abogado, cercano al excanciller Álvaro Leyva, reiteró que no se arrepiente de ninguna de sus decisiones, entre ellas, adjudicar el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons que, finalmente, no se dio porque se atravesó el nuevo canciller, Luis Gilberto Murillo.
En ese entonces, pese a que Murillo le entregó las facultades para contratar a Salazar, tan pronto llegó a trabajar al Palacio de San Carlos, posteriormente se las quitó y habló de una posible extralimitación de funciones por parte de Salazar.
“Sí, salí por contrariar al Presidente. Eso fue lo que él les dijo a los colombianos el 26 de febrero de 2024. Ese día manifestó que había sido traicionado por mis actuaciones como Secretario General de la Cancillería y dispuso declararme insubsistente. De inmediato firmó el acto administrativo”, le recordó a SEMANA.
Y siguió: “No estoy arrepentido de nada, cuando se actúa de acuerdo con la conciencia, en defensa de los intereses nacionales, con amparo en la Constitución y la Ley, no hay por qué arrepentirse”.
A juzgar por su mensaje, Salazar estima que si él le hubiera obedecido a Gustavo Petro —como sugiere que lo hace el ministro Ricardo Bonilla—, seguiría en el Gobierno. Sin embargo, en su caso, enfatizó en que primó el derecho por encima de las decisiones del Jefe de Estado.
La tesis jurídica de José Antonio Salazar de entregar el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons, porque la empresa se había ganado la licitación, fue controvertida en su momento.
Incluso, llevó al excanciller Álvaro Leyva a recibir un fallo de sanción y destitución para ejercer cargos públicos durante diez años por parte de la Procuraduría porque obedeció al Presidente y se atravesó a la licitación.
Según la Procuraduría, en la investigación disciplinaria contra Leyva “se encontró probado que desconoció los principios de la contratación estatal, al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes”.
Hoy, Álvaro Leyva está fuera del cargo y enredado con la Procuraduría. Entre tanto, el ministro Ricardo Bonilla está en serios líos con la Justicia por el escándalo de la UNGRD.