SEMANA: ¿Cómo ve el escenario legislativo hoy para la reforma a la salud?
CARLOS JULIO GONZÁLEZ: Caldeado, inundado de líneas rojas y azules, en todo caso incierto. Es la reforma más importante que tiene el congreso hoy, es un tema de inmensa sensibilidad social y humana, creo que nadie se quiere equivocar, el costo político hacia el futuro puede ser muy alto. Lo que sí creo es que se va a modular la reforma presentada por el gobierno, ojalá después de todo este tira y jale se logre la reforma que Colombia se merece.
SEMANA: ¿Cómo así modular?
C.G.: Efectivamente, la reforma a la salud puede salir, pero ‘trasquilada’.
SEMANA: ¿Sin el respaldo de La U, el Partido Conservador y el Liberal qué cree que pase?
C.G.: No tendría los votos para ser aprobada, obviamente el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para no perder el apoyo partidista que tiene. Dirigentes significativos de cada partido han hecho presencia legislativa a lo largo de estos años en la construcción del modelo que hoy tenemos con sus aciertos y debilidades, compartimos la necesidad de reformarlo; el alcance, el cómo y el cuánto también es un asunto de congruencia, de historia y de responsabilidad con el país.
SEMANA: ¿Cómo cree que Carolina Corcho ha manejado el tema?
C.G.: Una histórica oportunidad que debió manejarse diferente, con un capital político que se ha venido difuminando en esta materia, la reforma debió socializarse antes de presentarse al Congreso para que llegara con el consenso requerido. Hasta ligas de pacientes y asociaciones médicas se han sentido excluidas y al ser un tema que toca a los más de 51 millones de colombianos, exigía lograr un sentido de pertenencia y apropiación por parte de los ciudadanos, muchos de los aspectos contenidos los comparto, se hubiese podido buscar un justo medio.
SEMANA: ¿El Gobierno debería escuchar más a los partidos políticos?
CG.: Primero, a los pacientes, que deberían ser el centro de atención, por supuesto, a las asociaciones y sociedades médicas, a los diferentes gremios que compone la salud, y claramente, al país político y los partidos que finalmente son los que toman las decisiones. Discusiones de esta naturaleza deberían estar centradas en el interés nacional y desbordar el cálculo político. Finalmente, si la reforma a la salud sale mal, el costo es para los ciudadanos y la factura para los partidos políticos.
SEMANA: ¿Dónde ve el cuello de botella para que la reforma a la salud esté en cuidados intensivos en este momento?
C.G.: La discusión se ha centrado lamentablemente en la supervivencia de las EPS, las cuales según mi criterio, por supuesto, necesitan ser reguladas, controladas y debidamente supervisadas, en la ADRES y sus hiperfunciones, en la construcción de 2500 CAPS, pero se ha dejado por fuera la gran discusión sobre ¿qué significa la salud pública?, ¿el modelo de atención y prestación del servicio?, ¿el verdadero reconocimiento al talento humano en salud?, ¿el modelo de financiación y control del riesgo?, ¿el modelo eficaz de inspección y vigilancia? De manera significativa, la sostenibilidad financiera del nuevo modelo; todos estos aspectos se han invisibilizado, sin desconocer la necesidad de una reforma que esté a la altura de la dignidad humana de los colombianos
SEMANA: ¿Cuáles son sus principales reparos a la reforma a la salud del Gobierno?
C.G.: Compartiendo totalmente la necesidad de priorizar la atención primaria en salud, no veo claridad en el modelo de creación y funcionamiento de los centros de atención primaria en salud (CAPS), su verdadera capacidad resolutiva y su integración con la mediana y la alta complejidad. Así mismo observo una atomización en la arquitectura del sistema; muchas entidades, instancias, instituciones, equipos, atenciones que generan una gran dispersión. Además, una ADRES macrocefálica, fácilmente colapsable, hoy no ha podido cabalmente con la labor de garantizar el adecuado flujo de los recursos y los respectivos controles, la auditoría que le corresponde, mucho menos afiliar, agendar, recaudar, contratar, pagar, etc. Surgen preguntas como: ¿Quiénes van a financiar las demandas de tecnología y recursos de mediana y alta complejidad?, ¿quedarán sometidos a la voluntad de los entes territoriales? No hay un análisis claro del impacto en el marco fiscal de mediano plazo, ni una cuantificación de su implementación y funcionamiento. No hay un fortalecimiento de la salud mental, como toda la evidencia reciente y realidad nos indica. No hay claridad en cómo se van a articular las redes integrales e integradas. Me parece grave que desaparezca en Colombia la libre elección. Me preocupa que la nueva EPS asuma cargas para las que no está preparada, el pronóstico es su colapso, seguramente será una versión de seguro social 2.0.
SEMANA: ¿Qué cree que pase con la reforma a la salud que presentó Cambio Radical, su partido político?
C.G.: Entendemos que estamos solos en este momento, ojalá el interés superior por el bienestar de los colombianos, logre los consensos que el país necesita, nuestra propuesta es seria y no improvisada, tomamos el camino correcto, solicitando sea estudiada como ley estatutaria. Es un proyecto en el que el centro son el paciente y sus derechos, creemos que sí es posible dar mejor salud, y por eso le respondemos al país con un proyecto humano, equilibrado, sostenible financieramente, proyectado en el tiempo, que recoge los aprendizajes, identifica debilidades y propone soluciones viables. Proponemos la creación de un consejo nacional de seguridad social, la implementación de un sistema preventivo estructurado, acceso efectivo al sistema de salud a través de los territorios sanitarios, también en las zonas dispersas del país, el registro único nacional de talento humano, prohibir la tercerización laboral, crear el fondo de garantías del sector salud, entre otras. En lo personal, creo que debemos empoderar una mejor salud mental para los colombianos, dirigirnos a una integración vertical cero, que cada quien cumpla su papel, promover las compras públicas de medicamentos, fortalecer de verdad la superintendencia de salud, de manera que cumpla el papel para el que fue creada, y una política farmacéutica que privilegie la industria nacional, entre otros.