El 24 de junio se instaló en Caracas (Venezuela) la mesa de diálogo entre el Gobierno Petro y la Segunda Marquetalia, grupo criminal compuesto por quienes abandonaron el Acuerdo de Paz de 2016. Aunque ese evento se hizo con bombos y platillos en la capital venezolana, la continuación del diálogo está en veremos por una insólita petición que están haciendo los criminales para continuar.
Los integrantes de ese grupo criminal están pidiendo que se suspenda la orden de captura en contra de su líder, Iván Márquez, lo que tomó por sorpresa al Gobierno Petro, ya que ese asunto había quedado claro.
El comisionado de Paz, Otty Patiño, hizo la revelación en el Congreso de la República donde se adelantó un debate sobre la paz total y allí mismo respondió a esa petición del grupo criminal.
“La Segunda Marquetalia, después de una declaración que nos llenó de optimismo, está pidiendo algo que ya se planteaba como superado, y es que si no hay la suspensión de la orden de captura contra Iván Márquez, no es posible que siga adelante este proceso de paz”, dijo Patiño.
El comisionado dijo que esa postura de la Segunda Marquetalia deja la negociación agonizando porque el Gobierno Petro no puede acceder a dicha petición y que entonces todos los esfuerzos se perdieron.
“Es una echada para atrás y genera una crisis porque la suspensión de orden de captura contra Iván Márquez no es posible porque él está pedido en extradición”.
En ese orden de ideas, la negociación que estaba prevista para continuar en este mes de agosto está congelada por cuenta de la petición de los criminales y, por ahora, se desconoce cómo solucionarán estas diferencias.
El segundo ciclo estaba previsto para la primera semana de agosto en La Habana (Cuba) y con la revelación de Patiño se entiende por qué no ha iniciado dicha negociación de paz.
Además de la petición de los guerrilleros, este diálogo tiene otro problema jurídico y es que no está claro el camino que tomaría el Gobierno Petro con esta negociación, ya que en la Constitución está claro que no existe otro camino para quienes hayan abandonado el Acuerdo de Paz de 2016, que el del sometimiento a la justicia.
Sin embargo, el Ejecutivo tomó la decisión de iniciar a negociar para posteriormente explorar los caminos jurídicos que pudieran resolver dichas dudas sobre la legalidad de una negociación política.
El pasado 28 de junio, el Consejo de Estado notificó la admisión de una demanda en contra de la Resolución 064 del 28 de febrero de 2024, proferida por la Presidencia de la República y que abrió la puerta a esta negociación.
El demandante, la Fundación para el Estado del Derecho, advierte que en más de una oportunidad Iván Márquez ha incumplido los acuerdos de paz que ha firmado. Para esto reseñó que el excomandante de las Farc, quien lideró las negociaciones en La Habana (Cuba), volvió a las armas en 2018 y junto a otros exjefes de ese grupo subversivo conformó esta disidencia.
En la acción judicial se pide declarar la nulidad de toda la resolución firmada por el presidente de la República con la cual autorizó la instalación de la mesa de negociación, puesto que “adolece de vicios como la infracción a los artículos 122 y 66 transitorio de la Constitución”, así como del “artículo 2 de la Ley 2272 de 2022 por falta de competencia y falta de motivación”.
En la actualidad, el alto tribunal evalúa la demanda presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, que considera que se deben suspender tres resoluciones presidenciales que le dieron vía libre a estas negociaciones.
“No se puede negociar con el derecho de la reparación de las víctimas, la Nueva Marquetalia nunca ha demostrado ánimos de negociar, no ha reparado y las víctimas y, peor aún, siguen delinquiendo”, advirtió el exministro.
En la acción judicial se señala que se debe cumplir primero con la reparación de las víctimas y después sí empezar una negociación con esta disidencia que fue conformada en Venezuela por varios de los máximos excomandantes de las Farc como Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich; Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, y Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa.
El exministro de Justicia recalcó, además, que se están abriendo negociaciones con grupos armados ilegales sin fijar exigencias como el cese al fuego, la entrega de patrimonio o ponerle punto final a cualquier ataque contra la población civil y la fuerza pública.