Han pasado 17 meses desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño y puso en marcha la denominada paz total, una de sus principales políticas de gobierno. Sin embargo, con el paso del tiempo, no está claro el rumbo de esta apuesta y nadie sabe cómo se logrará una salida negociada al conflicto.
Aunque los colombianos están de acuerdo con vivir en un país en paz, las críticas han llegado por la manera en que los encargados del tema han manejado los acercamientos con grupos criminales. No hay exigencias claras o líneas rojas para que estas personas dejen las actividades delictivas a cambio de beneficios jurídicos.
Los alcaldes y gobernadores que terminaron su periodo el 31 de diciembre de 2023 pidieron hasta el cansancio una explicación clara sobre la paz total, pero nunca tuvieron respuestas concisas. Dejaron sus cargos y no supieron en qué consistía esa política; quedó la sensación de que los ceses al fuego bilaterales con el ELN y las disidencias de Iván Mordisco eran beneficios para los criminales que seguían delinquiendo.
Con la transición que hubo en los departamentos y municipios del país desde el 1 de enero de 2024, se empezaron a escuchar voces en el mismo sentido. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quiere saber cómo operará la paz total, y Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, busca información clara para saber cómo articular el trabajo con el Gobierno.
La Federación Nacional de Departamentos tendrá su primera reunión en los próximos días y elegirá a su presidente para enviarle un comunicado a Petro. Pedirán una reunión donde esté el comisionado para la paz, Otty Patiño, la cúpula militar y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a fin de saber cuál es el futuro de las negociaciones de paz.
Aunque los representantes del Gobierno Petro han querido mostrar avances significativos en las negociaciones, eso no ha ocurrido y todo ha quedado en documentos firmados por las partes; en la práctica, no han traído beneficio alguno para el país. Las regiones están azotadas por la violencia, los grupos criminales siguen secuestrando, extorsionando y delinquiendo sin problema.
El anuncio más reciente fue en México. Allí se dijo que había un acuerdo para que el ELN dejara de secuestrar desde el 30 de enero de 2024. Antonio García, máximo jefe de ese grupo criminal, salió a desmentir lo declarado y señaló que abandonar ese delito dependerá de que el Gobierno financie a dicha organización criminal.
Después del 20 de enero, las delegaciones se reunirán en La Habana, Cuba, para dirimir esta diferencia, sobre la cual Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno, no ha dicho nada. El año empieza con una turbulencia. El presidente Petro propuso un “pacto” con grupos armados para financiarlos y que dejen las armas. El mandatario señaló que los colombianos serán los que decidan.
Esas declaraciones han provocado múltiples reacciones, pero la mayoría orientadas a que es inviable, como lo dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Él señaló que no es lógico que con el dinero de los colombianos se les pague a los criminales.
Al margen de esa discusión política, lo cierto es que la negociación con el ELN tendrá su prueba de fuego en 2024. Si no se logran avances concretos, se repetirá la historia en la que esa guerrilla usa a todos los Gobiernos para sostener diálogos extensos con la finalidad de conservar una vigencia política y seguir delinquiendo.
Con las disidencias de Iván Mordisco tampoco hay avances y con la Segunda Marquetalia no se ha resuelto el tema jurídico para saber si tendrán reconocimiento político o el camino es el sometimiento a la justicia. Petro cambió a Danilo Rueda por los múltiples errores que cometió y por abrir más de diez frentes de diálogo simultáneamente, que no arrojaron frutos.
El mandatario colombiano le apuesta a un cambio en el rumbo de la paz total, pero el tiempo se le agota y los criminales saben muy bien cómo sacar provecho de las necesidades políticas de los gobernantes de turno.