Este viernes, la tensión entre el Gobierno Petro y la coalición en el Congreso llegó a su punto más alto y hoy muchos se atreven a decir que por primera vez en ocho meses su alianza política está tambaleando. La razón es clara: la intransigencia de la ministra Carolina Corcho con su polémica reforma a la salud. Ella se ha negado a establecer consensos con los liberales, los conservadores y el Partido de la U. De hecho, esta semana les hizo saber a sus líderes que no va a incluir ninguna de sus peticiones en el proyecto radicado. Lo grave es que, si se rompe la coalición definitivamente, todas las reformas del Gobierno Petro se podrían hundir y el presidente quedaría sin margen de maniobra. Incluso, desde ya, este caos político amenaza seriamente su gobernabilidad.
La crisis se agravó el jueves en la noche cuando SEMANA dio a conocer que el expresidente César Gaviria y el Partido Liberal decidieron radicar su propia iniciativa de reforma a la salud como ley estatutaria en la Comisión Primera del Senado. Cuando el alto Gobierno se enteró, citó a una reunión urgente a sus funcionarios esa misma noche.
Una fuente aseguró: “Hubo pedidos de renuncias a gritos”. Horas después, el ministro del Interior, Alfonso Prada, convocó a la Casa de Nariño a la bancada liberal para que explicaran cuáles eran las intenciones del expresidente Gaviria. A la cita sólo acudieron 11 congresistas.
La sorpresa del Gobierno fue mayúscula al ver que ellos se mantuvieron firmes en la autonomía del expresidente para decidir qué hará la colectividad de cara al trámite de la reforma a la salud.
Luego se rumoró sobre una supuesta reunión entre el presidente y el expresidente, pero no hubo tal. Lo que sí pasó en las últimas horas fue que el primer mandatario dio la orden de pedir la renuncia protocolaria de seis viceministros, algunos de los cuales llegaron al Gobierno respaldados por los partidos rebeldes.
Se trata de los viceministros de Transporte Carlos Eduardo Enríquez –hijo del fallecido exsenador Carlos Eduardo Enríquez Maya y de la representante conservadora Ruth Amelia Caicedo– y María Constanza García (ambos apoyados por los conservadores); de los viceministros TIC Sergio Octavio Valdés y Nohora Mercado (respaldados por La U); y de los viceministros de Vivienda Felipe Arbouin y Aníbal José Pérez (ambos atribuidos a los liberales).
Las renuncias protocolarias cayeron como un baldado de agua fría en los tres partidos, que entendieron el mensaje del Gobierno como una mostrada de dientes de Petro a sus críticas a la reforma a la salud.
Los viceministros ya presentaron sus renuncias protocolarias, pero no están por fuera de sus cargos. Al contrario, es una carta que se está jugando la Casa de Nariño y que los partidos han tomado como una presión para que voten la reforma de Corcho sin ninguna modificación en la Comisión Séptima de la Cámara. Un congresista aseguró que la posición del presidente es: “O me hacen caso, o se van todos… Y eso es inaceptable”.
Tras conocerse la decisión del presidente sobre los viceministros, la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, y el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, prefirieron guardar prudente silencio y anunciaron que no se pronunciarán hasta que se reúnan el próximo martes con sus bancadas.
Por su parte, el expresidente Gaviria le dijo a SEMANA: “Nosotros queremos construir sobre lo construido en el sistema de salud de los colombianos. No cuenten conmigo ni con el Partido Liberal para arrasar con todo”.
A propósito, el expresidente se ha convertido en un muro de contención que ha evitado que la ministra Corcho se lleve por delante la salud de los colombianos con una reforma calificada por los expertos como “peligrosa”. La postura de Gaviria ha sido tan firme que decidió no volver a hablar con la funcionaria ante su negativa de incluir las líneas rojas liberales en el proyecto. Una fuente cercana al jefe del Partido Liberal dijo: “El expresidente y los liberales no se van a dejar chantajear del Gobierno”.
Otro mensaje que cayó bastante mal fue el que publicó en sus redes sociales Jorge Ovalle, un asesor del director del Dapre, Mauricio Lizcano. “O copean o copean (sic)”, escribió, refiriéndose a la petición de renuncias protocolarias de los viceministros.
Todos los congresistas consultados por este medio coincidieron en que, tal como van las cosas, la coalición estallará en mil pedazos tarde que temprano. SEMANA conoció que, en los chats de WhatsApp de las bancadas de La U, el grueso de los congresistas manifestaron su inconformidad con el Gobierno y hablan de un “chantaje”. Lo curioso es que en la Casa de Nariño también se sienten chantajeados por parte de los partidos de la coalición.
En cualquier caso, la molestia es evidente, pues, en el último mes, los expertos en salud que contrataron las colectividades y el equipo asesor de Corcho intentaron ponerse de acuerdo, pero no lo lograron. Lo acordado en las mesas no quedó reflejado en el texto.
Antes de que estallara la polémica por los viceministros, los presidentes de los partidos anunciaron que, si no se hacen los cambios, votarán negativamente la propuesta. “Si esas condiciones persisten el martes, el Partido Conservador votará el proyecto de forma negativa”, advirtió, molesto, Cepeda.
La ministra Corcho se ha mantenido en su radicalismo, ha evitado la concertación y pasó por encima de los partidos radicando una ponencia que terminó siendo peor que el proyecto inicial, aseguró el exministro Alejandro Gaviria.
En las últimas horas, en los pasillos de la Casa de Nariño se ha visto el desespero por el futuro de esa iniciativa. Por eso, el ministro Prada ha buscado consensos con los partidos, pero Corcho cerró de un portazo esa posibilidad del diálogo porque notificó a La U y a los conservadores que no habrá cambios.
Las diferencias frente a cómo manejar el Congreso, además, produjeron una crisis interna en el gabinete. Prada no está de acuerdo con que Corcho pretenda pasar por encima de los directores de los partidos y prometa entregar “mermelada”, de forma graneada, a cambio de los votos. La llamada “lentejización” ha causado controversia.
“No deben sorprender las diferencias de método y orientación entre Prada y Corcho. Son normales. Prada, que hace un esfuerzo enorme por concertar, es un liberal socialdemócrata y representa a quienes creemos en la democracia representativa liberal. Corcho (legítimamente) representa a unos sectores de izquierda dura que creen en la democracia directa no liberal”, dijo el presidente del Congreso, Roy Barreras.
La molestia entre Prada y Corcho es evidente. El constante tire y afloje ha generado un desgaste en la relación de los ministros, pues mientras que el del Interior les dice a los directores de los partidos que se harán los ajustes y habrá concertación, Corcho no cede en sus pretensiones.
Prada, públicamente, ya se quejó de su colega de Salud. “Yo no sé quién se inventó que en el Gobierno ahora íbamos a hablar individualmente con los congresistas y despreciar a los partidos”, le dijo a Yamid Amat en El Tiempo. ¿Será que Prada caerá en desgracia con el presidente Petro, al igual que Alejandro Gaviria cuando decidió enfrentar a Corcho?
En medio de esta tormenta, otros ministros como José Antonio Ocampo y Cecilia López, críticos de Corcho, guardan silencio. El exministro Gaviria cada vez lanza más pullas. “Una coalición de gobierno sin flexibilidad programática es imposible. O mejor, tarde o temprano se rompe”, advirtió.
En la Comisión Séptima de la Cámara, hay rumores de cómo Corcho ha buscado convencer a más de un representante. Especulan que el encuentro con Germán Rozo, del Partido Liberal, en Arauca hace dos semanas fue para hablar de los avales del Pacto Histórico a los candidatos locales. Él desmintió esa versión.
De todas maneras, el congresista se alineará con la posición de la bancada el próximo martes. SEMANA conoció que fue el encargado de presentar una nueva ponencia a nombre del Partido Liberal con 65 artículos para aportar a la discusión.
El Partido Liberal actúa en tres frentes. Por un lado, se mantiene en las 133 proposiciones que piden que sean tenidas en cuenta en el proyecto del Gobierno e impulsará la ponencia alternativa de Rozo en la Comisión Séptima. Y, además, como reveló SEMANA el jueves, presentará un nuevo proyecto de ley estatutaria de reforma a la salud que incluye sus líneas rojas y que comenzará su discusión en la Comisión Primera del Senado. El gran temor del Gobierno, precisamente, es que esa iniciativa liberal eclipse la reforma de Corcho.
Las cuentas de la Casa de Nariño no son favorables y eso tiene con los pelos de punta al presidente Petro. Tal y como está redactada la ponencia de la reforma a la salud, no pasaría en la Comisión Séptima de la Cámara. De 21 congresistas, 12 votarían en contra y nueve, a favor.
Aunque hay dudas sobre los representantes Gerardo Yepes (Partido Conservador) y Camilo Ávila (La U), que firmaron la ponencia antes de la Semana Santa pasando por encima de las directivas de sus partidos, sus decisiones serán ahora a otro precio. Si se oponen a la bancada, podrían verse expuestos a sanciones con la pérdida temporal del voto y la expulsión del partido o la pérdida de la curul, según la Ley de Bancadas.
Cepeda fue claro en decir que habló con sus congresistas y votarán según los lineamientos del partido. “Se tomó una decisión de bancada y es obligatoria, no hay manera de hablar de sanciones”, afirmó. El representante Víctor Manuel Salcedo, de La U, miembro de la Comisión Séptima, aseguró que votarán según decida la colectividad: “La participación de nosotros en la Comisión Séptima será bajo la orientación de la bancada”.
El próximo martes, cada uno de los partidos sostendrá una reunión independiente para tomar decisiones de fondo sobre la reforma a la salud y su relación con el Gobierno. Algunos se refirieron a la crisis de forma anónima. “Esperemos. Él (Petro) toma las decisiones de él y nosotros, las nuestras”, señaló un congresista.
Por su parte, en el liberalismo dicen que la decisión de Petro sobre los viceministros no moverá el talante del expresidente Gaviria. “Conociendo al presidente (Gaviria) le puedo advertir que ese es un camino inapropiado. Él no funciona de esa manera”, contó un congresista del Partido Liberal. Otro dijo: “De persecuciones a liberales está llena la historia”.
Ante ese escenario, el plan B de los partidos es extender el estudio de la reforma a la salud. Radicarán las 133 proposiciones, que no han sido tenidas en cuenta por Corcho, para dar el debate, con lo que modificarían más del 60 % del contenido del texto. La ministra sale perdiendo por punta y punta. Por un lado, si cede ante los partidos, su propuesta se habrá visto sustancialmente cambiada; por otro lado, si se mantiene firme en su posición, se caerá su reforma.
La estrategia de los partidos de extender el debate puso en aprietos al ministro Prada, quien les reclamó a La U y al Partido Conservador por esa jugada y desató la furia de Corcho.
De hecho, la oposición vio como una pequeña victoria el hecho de que se haya logrado aplazar el debate programado para el pasado jueves. El presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Agmeth Escaf (Pacto Histórico), dijo que tomó la decisión de cambiar la fecha para dar un espacio a los partidos y estudiar las proposiciones, pero la oposición lo vio de una manera distinta. “Se le notificó que si insistía en citar no íbamos a hacerle quórum”, aseguró el congresista Andrés Forero, del Centro Democrático.
La ministra, que en las últimas horas se volvió viral bailando merengue con el senador Fabián Díaz, de la Comisión Séptima del Senado, sabe que, dos meses después, su reforma no ha tenido el primer debate en la Cámara y el tiempo juega en su contra.
Roy Barreras le dijo a SEMANA que el controvertido proyecto deberá ser aprobado en comisión el 25 de abril. De lo contrario, puede naufragar porque en la próxima legislatura los congresistas estarán en campaña política en las regiones y será difícil conformar el quórum. Además, tal y como están las cosas, lo más probable es que la crisis entre el Gobierno y el Congreso estalle en cuestión de días.
La lentitud en el estudio de la reforma a la salud afectará el trámite de la laboral, promovida por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Ese proyecto también está en estudio en la Comisión Séptima de la Cámara, porque le quitaría tiempo para el debate. Y la fractura de la coalición podría terminar pasándole una costosa cuenta de cobro a las demás reformas del Gobierno que vienen detrás. Además de la laboral, se discuten el Código Electoral, la ley de sometimiento, la reforma pensional y el Plan Nacional de Desarrollo.
Hasta el momento, el Congreso solo ha aprobado la reforma tributaria, pese a que Barreras anunció el año pasado que el 30 de noviembre estarían listas la mayoría de las iniciativas de Petro.
Algunos congresistas consultados por SEMANA insisten en la molestia por el “chantaje” y dicen que están dispuestos a sacrificar la “mermelada” con tal de no firmar la ponencia, que ellos llaman un “Frankenstein”.
Si se rompe definitivamente la coalición, una crisis de gobernabilidad podría llevar a otros escenarios más delicados. Sectores radicales del petrismo ya han hablado de impulsar una constituyente o cerrar el Congreso, como sugirió el líder cristiano de izquierda Alfredo Saade.
El tema no es tan sencillo, pues necesitan al Congreso para que apruebe con amplias mayorías un eventual referendo que impulse una modificación de la Constitución de 1991. Por otro lado, el presidente Petro ha intensificado en los últimos días un mensaje a sus seguidores para que salgan a las calles a presionar al Congreso y así exigir que se aprueben las reformas.
Otro aspecto fundamental son las elecciones regionales de octubre. Los partidos pretenden fortalecerse para acaparar la mayor cantidad de votos y tienen claro que respaldar cualquier iniciativa polémica podría tener un enorme costo político.
Pero las colectividades podrían perder también el empujón burocrático para moverse en las elecciones, aunque algunos congresistas dicen que el desgaste de Petro es evidente. Según Invamer, el mandatario registró en marzo una aprobación del 40 % y una desaprobación a su gestión del 51 %.
¿Qué pasará en adelante? El presidente tiene razones para estar preocupado. El Pacto Histórico no es una mayoría, por lo que se requiere de un consenso con los demás partidos para lograr que las reformas sean aprobadas. “El presidente verá si quiere pelear para que se le hunda todo”, le dijo un congresista a SEMANA. Lo cierto es que Petro tendrá que ser muy audaz y entender que sin consensos no habrá cambios, pero sí muchas turbulencias.