Mediante una misiva con fecha del 24 de marzo, la ONG Temblores le envió una solicitud al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, frente a los presuntos crímenes cometidos por la fuerza pública durante un periodo de cinco años.
El documento inicia haciendo referencia a un informe realizado por la ONG, en el cual evidenciaron que se habrían presentado múltiples prácticas al interior de la Fiscalía General de la Nación, que estarían presuntamente ligadas al favorecimiento de mantener los altos índices de impunidad asociados a crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
El informe de Temblores, titulado ‘El Estado de la Impunidad’, expone que los actos a los cuales le pusieron la lupa fueron hechos de violencia física, homicidios y sexual denunciados en el lapso correspondiente entre 2015 a 2020, expuestas ante el ente acusador. Entre la información encontrada, aparte de la relacionada con el panorama “poco prometedor” para las víctimas que denunciaron estas situaciones, hallaron una serie de elementos en los cuales presuntamente la Fiscalía no habría investigado y acusado a los responsables correspondientemente denunciados.
“Los datos que nos proporcionó su entidad demuestran que la impunidad reina cuando se trata de investigar y acusar a los agentes de la Fuerza Pública responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que denunciamos en este informe”, indicó la ONG al mencionar que la información encontrada hace referencia a 974 homicidios, más de siete mil hechos de violencia física y 948 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública en el lapso de cinco años. De todas estas, solo existen 90, 93 y 47 sentencias condenatorias correspondientes, según la información de Temblores.
Por otro lado, la organización señaló que durante el proceso de construcción del informe, evidenciaron que existe un repertorio de prácticas posiblemente institucionalizadas por la Fiscalía, las cuales impedirían que las víctimas de violencia policial y militar acceden a la justicia con antelación. Además, indicó que lograron demostrar la dilación en los procesos judiciales por barreras administrativas, cambios injustificados, errores en la calificación jurídica de los hechos y traslados irregulares de expedientes a la Justicia Penal Militar, los cuales habrían sido considerados como ‘actos del servicio’. “Son prácticas sistematizadas al interior de la Fiscalía”, se lee en el documento.
La carta entonces enviada a Barbosa tiene como objetivo la solicitud urgente de cumplir a cabalidad con sus responsabilidades constitucionales de investigar y acusar a quienes comentan delitos contra la vida y la integridad. Además, solicitan que se le extienda la orden a todas las fiscalías del país de aplicar los lineamientos establecidos en la circular interna #00041 de 2014, la cual establece los requisitos para el traslado de expedientes a la Justicia Penal Militar.
“Desde Temblores ONG le solicitamos una reunión presencial para presentarle los resultados de El Estado de la Impunidad y para conocer acerca de los esfuerzos empleados por la Fiscalía para eliminar las barreras que impiden el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia de la Fuerza Pública en el país”, concluye el documento, el cual está firmado por Sebastián Lanz, codirector ejecutivo de la ONG.