En días anteriores, el Gobierno del presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa un tema que ha generado controversia y preocupación en muchos sectores: una reforma pensional que deberá surtir su trámite en el Congreso de la República el próximo año.

La idea es trasladar parte de las cotizaciones de los fondos privados de pensión a Colpensiones para establecer un bono de 500.000 pesos para los adultos mayores no pensionados, con el propósito de que puedan superar la línea de pobreza, según ha explicado el mandatario. Hoy, ese bono es de 80.000 pesos.

Ante esta propuesta, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez afirmó en el foro regional del Centro Democrático, realizado en Pereira, que comparte la idea del mandatario, pero advirtió que se debe realizar sin deteriorar los fondos de pensiones.

“¿Cómo no vamos a comprender nosotros la propuesta del presidente Petro? Eso está en nuestras banderas, no en vano, eso lo creamos en la Ley 100; pero ha ido más lento que rápido. Nuestra preocupación, y hay que hablarla con el presidente y el Gobierno, es que se deteriore a los fondos de pensiones, tenemos que buscar un camino diferente al deterioro de los fondos de pensiones”, aseveró Uribe.

Por otra parte, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa tuvo una posición mucho más crítica a la reforma pensional. A través de su cuenta de Twitter advirtió que esta propuesta podría derivar en una desfinanciación del sistema.

“Algunos ilusos y mal informados creen posible quitar $ 18 billones anuales a los ahorros-inversiones para el pago de pensiones futuras sin que pase nada”, señaló.

Y fue más allá, al analizar el impacto que tendría una medida de esta naturaleza: “No es economía avanzada. Es aritmética y sentido común. Se genera una desfinanciación monumental para pago de pensiones futuras”.

Asimismo, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) también hizo observaciones a la propuesta al considerar que los más de 18 billones de pesos (1,5 % del PIB) anuales que costaría, se financiarían con los ahorros de los trabajadores que cotizan en fondos privados como Colfondos, Porvenir, Protección, y Skandia.

“Si bien es claro que brindar una mesada a los adultos mayores en vulnerabilidad es loable y apoyamos la idea, tanto que lo hemos venido proponiendo desde hace un tiempo en Anif, la manera de implementar la propuesta de la pensión universal del presidente Petro y la forma de financiarla no es la correcta y sería un error severo”, dijo el presidente de la agremiación, Mauricio Santamaría.

Estimó que destinar los 18 billones de pesos que se cotizan anualmente en los fondos privados para financiar la propuesta, se traduce en la eliminación del ahorro corriente actual y en la adquisición de una deuda adicional muy elevada con los cotizantes de esos recursos.

Esto llevaría a que se aumente la ya existente deuda pensional del país, que tendría que ser financiada en un futuro por los colombianos a través de más impuestos. Según los cálculos de Anif, esto generaría un impacto fiscal sin precedentes para Colombia de más de $ 580 billones de pesos en valor presente neto en 35 años.

Pese a las críticas, el Gobierno del presidente Petro advirtió que pondrá el acelerador para que esta iniciativa inicie su trámite. Por ejemplo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señaló que ya hay “unas propuestas de gobiernos anteriores que han quedado listas y servirán de base”, con lo cual se ahorrará tiempo a la hora de estructurar la reforma.

Finalmente, tal y como ha venido sucediendo con otras propuestas, la idea es, para el Gobierno, recurrir al diálogo social, a los foros y las audiencias públicas, con el fin de “escuchar a la comunidad”.