Avanza en la Casa de Nariño la reunión de alto nivel entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal General Francisco Barbosa, en medio de una tensa relación que se ha venido agudizando con posturas fuertes por parte del jefe del ente acusador relacionadas con la política de la ‘paz total’ del Gobierno nacional. Barbosa ha lanzado varias advertencias sobre supuestos beneficios de los cuales podrían gozar poderosos narcos por medio de leyes o iniciativas de la actual administración. Se espera que las diferencias se puedan superar.
Inclusive, las radicales posturas del fiscal Barbosa no han sido ajenas al mandatario colombiano, quien también ha respondido con dureza al jefe del ente acusador, que señaló recientemente que se estaría lanzando una calumnia en contra de su administración, por la alerta que lanzó el fiscal general señalando que se pretendería “legalizar” toda la cadena del narcotráfico.
En esa ocasión, el jefe de Estado indicó que el fiscal Barbosa estaba confundiendo los verdaderos narcotraficantes con campesinos.
“Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros”, señaló el presidente Petro categóricamente desde su cuenta de Twitter el pasado 29 de marzo.
La molestia de Petro fue por una declaración que dio el fiscal General en el marco de una conferencia sobre las finanzas criminales y el papel de las instituciones contra el lavado de activos que se realizó hace varios días en Santo Domingo, República Dominicana.
“El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto. Como fiscal general, no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee, pero esa es una situación que estamos viviendo”, fueron las palabras del fiscal Barbosa en el evento internacional.
Más roces
Hace varios días, el mandatario colombiano arremetió con dureza contra el jefe del ente acusador por las investigaciones sobre los hechos de corrupción con los bienes incautados a la mafia.
El jefe de Estado fue directo en asegurar que el fiscal Barbosa, en vez de callar delincuentes que tendrían la verdad, como testigos sobre las irregularidades en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Unidad Nacional de Protección, el Inpec y otras entidades más, debería investigar y llegar al fondo de las mafias enquistadas.
“La Fiscalía tiene testigos importantes y los fiscales deberían investigar a esos testigos causantes, incluso, delincuentes mismos, de ese saqueo. En vez de callarlos, deberían pedirles la verdad, como es la función de la Fiscalía”, sostuvo Petro.
Y añadió en medio de un evento en Barrancabermeja sobre indemnización a las víctimas del paramilitarismo: “Hay una historia que se va a narrar y espero que este fiscal general de la nación sea capaz de investigarla, lo mismo que debería investigar lo que pasó con los bienes de los narcotraficantes en la Sociedad de Activos Especiales, igual que lo que pasó con la mafia en la UNP, del Inpec y de la Fiscalía misma”.
Relación con varios altibajos
El fiscal general, Francisco Barbosa, ha puesto la lupa sobre las reformas que ha presentado el Gobierno del presidente Gustavo Petro para trámite en el Congreso. En la práctica, parece, según sus denuncias, cazando “micos” en los articulados de iniciativas como la Ley de Sometimiento y ahora en el Plan Nacional de Desarrollo, sobre el cual advirtió que “cada vez que hay un proyecto de ley le meten un artículo que tiene que ver con narcotráfico”.
El fiscal Barbosa detalló su denuncia señalando que el artículo 10, que hace referencia al Programa de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) tiene una combinación que abre un boquete que es necesario que los congresistas entiendan y no lo dejen pasar por alto.
“Dice el artículo 10 (del Plan de Desarrollo) que la contratación de las actividades que se adelanten para la implementación de los modelos de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola, se fundamentará en los instrumentos jurídicos que permiten la contratación entre las entidades estatales y comunidades”, leyó el fiscal para advertir que detrás de la palabra comunidades se establece un régimen de contratación directa, que no tiene justificación.
“El PNIS no habla de comunidades, habla de familias. ¿Qué significa comunidades? Significa que se les van a entregar recursos de forma directa a quienes se dedican a la actividad industrial del narcotráfico”, advirtió el fiscal y señaló que “podemos estar haciendo una moñona, un banquete de recursos frente al tema de recursos contra el narcotráfico”.
Luego de presentar esta denuncia frente al articulado del Plan de Desarrollo, el fiscal Barbosa advirtió que no ha cerrado la puerta del diálogo con el presidente Petro. “Sigo abierto a discutir como demócrata, sigo abierto a hablar con claridad, con firmeza, el país me conoce, sabe que yo no ando dando tumbos ni acomodándome, pero con mucha decencia democrática”.
Sobre este tema señala que abre la posibilidad de contratación directa a todo nivel hasta 116 millones de pesos, pero “si no existen reglas adecuadas para esa contratación, estaremos poniendo en riesgo el patrimonio público y al mismo tiempo perjudicando a los mismos pueblos porque seguramente aparecerán aquellos que se aprovecharán de esas figuras y los van a dejar sin ejecución. Estos son los sifones donde meten recursos y desaparecen; si esto es de forma reiterativa, serían miles millones de pesos que se podrían en riesgo”.
Finalmente, las alarmas siguen prendidas, pues advirtió que según el articulado, “la Agencia Nacional de Contratación Pública ―Colombia Compra Eficiente― podrá realizar procesos de contratación cuyos oferentes sean actores de la economía popular. En dichos casos no se requerirá la presentación del RUP para participar en el proceso de selección”.
Por último, sobre los cambios y flexibilización en los modelos de contratación que contempla el articulado del Plan de Desarrollo, el fiscal lanzó otra advertencia y leyó esta vez el artículo 82: “Las entidades públicas podrán contratar de manera directa mediante esquema o modalidad de Asociaciones Público-Populares con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas. De igual forma, las entidades públicas podrán reservar la contratación de programas o políticas sociales con los actores mencionados organizados bajo esquemas asociativos”.