Thomas Greg & Sons, la empresa que licitó fallidamente para quedarse con el millonario contrato de pasaportes, nuevamente le mostró los dientes al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Horas antes de que el canciller (e) Luis Gilberto Murillo le anunciara al país que no firmará el contrato con la empresa de pasaportes, pese a que el exsecretario general José Antonio Salazar le adjudicó el controvertido contrato a la firma privada el 22 de febrero pasado, la empresa contratista le envió una carta al hoy jefe de la diplomacia en Colombia que, sin duda, tendrá repercusiones legales.
“Respetado señor canciller, Ana María Gómez, obrando como representante legal de la UT Pasaportes 2023, en ejercicio del derecho de petición, teniendo en cuenta que se encuentra en firme y gozan de presunción de legalidad los actos administrativos referenciados en el asunto, y vencido el plazo señalado en el pliego de condiciones para la suscripción del contrato, sin que a la fecha el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores hubiere hecho manifestación alguna, solicito al ministro lo siguiente”, planteó.
“Uno, efectuar de manera inmediata los movimientos presupuestales que viabilicen la celebración y ejecución del contrato, los cuales son perfectamente válidos y posibles a la luz de la normatividad vigente y de los recursos disponibles y proceder a adoptar las medidas necesarias para la formalización del contrato derivado de los actos, esto es, proceder con la suscripción del contrato en la plataforma Secop II”.
En ese sentido, dice el derecho de petición: “Se reitera la disposición de la Unión Temporal Pasaportes 2023 de proceder con la suscripción del contrato, la cual es tan incierta que ya ejecutamos las tareas que se derivan del acto de adjudicación”.
Y sigue: “Ahora bien, es sabido en declaraciones públicas del señor canciller que ha expresado algunas reservas sobre la legalidad de los actos administrativos de revocación del acto que declaró desierta la licitación y de adjudicación de la licitación pública, pero hasta la fecha no se conoce actuación administrativa alguna derivada de esa consideración”.
Al respecto, la Unión Temporal considera: “No es cierto que los mencionados actos administrativos se encuentren viciados y, por el contrario, ellos se apegan estrictamente al ordenamiento jurídico, fueron expedidos por el funcionario competente siguiendo los procedimientos legales pertinentes, están debidamente motivados y persiguen garantizar el interés general y los derechos fundamentales de los colombianos”.
No obstante, Thomas Greg dejó claro que dada la consideración expuesta por el canciller, “en caso de que se considere que no es procedente la celebración del contrato, como parte del derecho de petición, respetuosamente, le solicito que se indique con precisión las razones de la ilegalidad a efectos de que la unión temporal evalúe la pertinencia de eventualmente dar autorización previa a una revocación, sin que ello implica renuncia alguna a la reclamación de los perjuicios derivados de las actuaciones que ha realizado el fondo en el marco de la licitación pública LP-2023″.
Hasta la mañana de este miércoles 6 de marzo, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo no se ha referido al tema.